Nadia Gasparín, presidenta de Neurodiversidad San Benito, cuestionó la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional y sostuvo que las familias, prestadores e instituciones del área de Discapacidad atraviesan una situación crítica. También advirtió por atrasos en los pagos, bajos valores de las prestaciones y dificultades en la provincia.

Las familias, organizaciones, prestadores, instituciones y transportistas atraviesan un escenario de preocupación frente al debate sobre la continuidad de la emergencia en discapacidad. En ese marco, Nadia Gasparín, presidenta de Neurodiversidad San Benito, cuestionó en diálogo con UNO a la denominada “propuesta superadora” presentada por el Gobierno nacional y reclamó que se prorrogue por un año más la ley de emergencia.

LEER MÁS: Aumentan las pensiones: $120 mil para ancianidad e invalidez y $90 mil para madres con hijos

Según señaló, la propuesta oficial genera interrogantes respecto de su implementación. “No explica bien quién la aplicaría, no explica los mecanismos de control, no aduce fondos tampoco para sostenerla”, cuestionó. En ese sentido, consideró que el cambio de denominación no resuelve los problemas que atraviesa actualmente el sector.

“La emergencia existe”

Gasparín sostuvo que las dificultades económicas que afectan al sistema de discapacidad continúan vigentes y planteó que negar la emergencia implica desconocer la realidad de las familias y de quienes brindan las prestaciones. “Es un retroceso. Lo que buscan ellos es tapar la palabra emergencia, ellos niegan que la emergencia existe y nosotros sostenemos que la emergencia está ”, afirmó.

Entre los principales problemas mencionó los atrasos en los pagos y la actualización de los valores por debajo de la evolución del costo de vida. Como ejemplo, señaló que actualmente hay prestadores que cobran alrededor de $20.000, mientras que los transportistas reciben aproximadamente $915 por kilómetro, valores que, según indicó en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7), se encuentran alejados de los costos actuales.

La situación también impacta en la planificación de las familias para el próximo año. Gasparín explicó que ya comenzó el proceso de renovación de terapias para 2027, mientras que prestadores solicitan documentación y las obras sociales todavía no entregaron, en algunos casos, los instructivos correspondientes.

LEER MÁS: El nuevo secretario nacional de Discapacidad sufrió un grave accidente

El reclamo de Entre Ríos llegó al Congreso

Gasparín contó además que participó, junto a Amaru Méndez y representantes de organizaciones de todo el país, de una reunión de la Comisión de Discapacidad con diputados nacionales. En el encuentro estuvieron, entre otros, Juan Marino, Victoria Tolosa Paz, Karen Trop y Marianela Marclay, representante de Entre Ríos.

La dirigente destacó la importancia de llevar al ámbito nacional las particularidades de la realidad entrerriana. En ese sentido, recordó que junto a CEDAPER recorrieron distintas localidades del interior provincial para brindar charlas vinculadas al acceso al Certificado Único de Discapacidad (CUD), el cupo laboral y otros derechos. “Nos encontramos con muchas realidades: desde no actualizaciones de certificados de discapacidad, negativas de pensiones y el tema de las escuelas”, señaló. Para Gasparín, estos espacios permiten visibilizar situaciones que muchas veces no llegan a los ámbitos nacionales de discusión.

CUD

Gasparín también cuestionó lo que considera falta de actualización e información sobre determinadas cuestiones vinculadas a la discapacidad en Entre Ríos.

Como ejemplo, mencionó una reunión en la que se abordó el sistema de transporte para personas con discapacidad y las diferencias entre el área metropolitana y la ciudad de Paraná.

Según relató, mientras en el área metropolitana todavía se solicita la presentación del CUD, el DNI y el certificado de discapacidad para acceder al transporte, en Paraná se utiliza la tarjeta SUBE. La dirigente cuestionó que se mantengan mecanismos diferentes y consideró que esto puede contribuir a la estigmatización de las personas con discapacidad.

Gasparín relató además un intercambio durante una reunión en el que, ante una consulta sobre el funcionamiento del sistema de transporte en el área metropolitana, el director del Iprodi habría respondido que los pasajes “se sacan por ventanilla”.

“Necesitamos que las personas que ocupan cargos donde se tocan temas tan sensibles como son los de las personas con discapacidad sean un poco idóneas, informen y estén un poco actualizadas también de la realidad”, sostuvo.