Modificación del Régimen Penal Juvenil: así votaron los legisladores entrerrianos

El jueves la Cámara de Diputados logró la media sanción al proyecto del Régimen Penal Juvenil, propuesto por el Gobierno nacional, con 149 votos a favor contra 100 legisladores que votaron en contra. No hubo abstenciones.

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Con esta iniciativa el Gobierno plantea con su nuevo cambio es reducir la edad mínima de imputabilidad desde los 14 años. Esa es la esencia del proyecto, que va a contramano de los índices que la propia gestión ultraderechista celebró poco tiempo atrás cuando anunció una caída en la tasa de homicidios, la más baja de los últimos años según cifras oficiales.

El bloque de diputados oficialistas votó a favor de bajar la edad de imputabilidad. Es decir, Beltrán Benedit, Andrés Laumann y Francisco Morchio. También acompañaron la propuesta Alicia Fregonese (PRO), Darío Schneider (UCR). En contra lo hicieron los integrantes del Bloque de Unión por la Patria: Gustavo Bordet, Guillermo Michel, Blanca Osuna y Marianela Marclay.

El voto de los entrerrianos, en su mayoría no fue sorpresivo, hasta el caso de Michel no generó extrañeza. El oriundo de Gualeguaychú ya había anticipado su postura la semana pasada al compartir declaraciones en las que afirmaba que "para que alguien sea imputado según nuestra ley, debe tener la voluntad, el discernimiento, la intención y la libertad para cometer el delito. Nuestra legislación, como ocurre en otros lugares del mundo, establece un mínimo para esa imputabilidad. Por ejemplo, en el Reino Unido es de 10 años y en varios países de América es de 14. Creo que hoy hay chicos de 14 o 15 años que poseen el discernimiento, la intención y la voluntad, y saben lo que están haciendo", sostuvo. Además, el legislador subrayó que "si se reduce la edad de imputabilidad, se requerirían cárceles adecuadas para menores, porque si no, los estamos condenando a un futuro sin perspectivas".

Aunque Michel votó en contra del proyecto en su totalidad, apoyó la idea de bajar la edad de imputabilidad, una postura también adoptada por otros legisladores cercanos a Sergio Massa.

Bordet adhirió a la postura de UNICEF y la Defensoría

El exgobernador Gustavo Bordet manifestó su coincidencia con la postura de UNICEF y de la Defensoría General de la Justicia entrerriana respecto a la inconveniencia de reducir la edad de imputabilidad penal. Señaló que la iniciativa del gobierno nacional parte de un diagnóstico equivocado y propone respuestas punitivas simplificadas para problemáticas sociales complejas.

Sostuvo que no existe evidencia empírica que demuestre que bajar la edad de imputabilidad reduzca el delito o la violencia. Por el contrario, experiencias internacionales indican que medidas de este tipo no han logrado mejorar los niveles de seguridad.

El diputado nacional también advirtió que la participación de adolescentes en el delito suele ser sobredimensionada en la cobertura mediática, lo que genera percepciones distorsionadas que luego se utilizan para justificar reformas regresivas. “El adolescente suele ser el último eslabón de una cadena de violencia y exclusión cuyos responsables principales son adultos”, subrayó, retomando planteos de organismos especializados.

En relación con la situación local, Bordet mencionó datos de Entre Ríos que reflejan la baja incidencia del fenómeno: durante 2024, solo el 0,07 % de los jóvenes de entre 13 y 17 años cumplió medidas penales y ninguno estuvo privado de la libertad. Para el exmandatario, estas cifras evidencian que el problema de la inseguridad no se origina en la población juvenil.

Asimismo, alertó que el país no cuenta con la infraestructura ni con el personal especializado necesario para implementar un régimen de estas características. Recordó que existe una emergencia carcelaria a nivel nacional y que el proyecto contempla el alojamiento de adolescentes en unidades penitenciarias o módulos especiales sin especificaciones claras, lo que consideró riesgoso y regresivo en términos de derechos.

Finalmente, Bordet afirmó que imponer un esquema penal uniforme desde el Estado nacional desconoce las realidades provinciales y el carácter federal del sistema institucional argentino. “Bajar la edad de imputabilidad no resuelve la inseguridad: solo profundiza la exclusión y aleja la posibilidad de construir políticas públicas eficaces, serias y respetuosas de los derechos humanos”, concluyó.