Secciones
Hoy por Hoy

Sobrevivientes de una tragedia

Sábado 28 de Septiembre de 2019

“Me había enterado en 1995, leyendo una historia clínica vieja, que había sido contagiado con Hepatitis C. Allí figuraba que desde 1986 tenía la enfermedad”. Así comenzó el testimonio del concordiense Adrián Cardozo, en el juicio oral que tiene en el banquillo de los acusados a las autoridades de la Fundación Argentina de la Hemofilia por el supuesto contagio masivo de pacientes hemofílicos con VIH y Hepatitis C. Adrián es un sobreviviente de una de las tragedias sanitarias de mayor magnitud que hayan ocurrido en la República Argentina, y que según estadísticas surgidas de la propia investigación se cobró al menos 1.000 vidas, sumado a los contagios colaterales de familiares y amigos. Adrián y su hermano Eduardo –también víctima de la misma situación– hablaron de su drama, de las presiones ejercidas para que dieran marcha atrás con la denuncia y de la incansable lucha diaria que encabezan para que se haga justicia.

Embed

Si bien transcurrieron más de 30 años de los hechos, todavía cargan con esa historia de dolor a cuestas y que se parece a un novela de terror que ni la mente más perversa se pudo imaginar. Siendo muy pequeños se acostumbraron a desfilar por consultorios y hospitales, siempre de la mano de su compañera fiel: su madre, que hoy sufre por el deterioro que sufren sus hijos. En los 80 la hemofilia era prácticamente una enfermedad desconocida, y la única posibilidad de acceder a un tratamiento era viajando a Buenos Aires.

Embed

“Primero fuimos al hospital de niños Gutiérrez, después nos derivaron a la Fundación de la Hemofilia, donde recién conocimos lo que era el factor 8. Se trata de un coagulante para tratar la hemofilia”. Adrián habla de los concentrados antihemofílicos (que normalizan los niveles de los factores de coagulación faltantes VIII o IX en la sangre) cuyas partidas fueron prescriptas a los pacientes pese a estar contaminadas.

Eduardo Marcelo Cardozo nació con una hemofilia A severa. En el juicio recordó su primer día en La Casita, un centro de internación para el tratamiento de hemofílicos, que funcionaba en la Academia Nacional de Medicina. Allí sus padres conocieron cómo iban a tratar a sus hijos, la medicación que iban a recibir y a los médicos que hoy están siendo juzgados.

“En 1995 mi madre se entera que tenía el virus de la Hepatitis C por medio de unas fotocopias de la historia clínica que solicitamos para poder hacer el primer certificado de discapacidad. Hasta ese momento no estábamos enterados del contagio masivo”, sostiene Eduardo al compartir su caso con UNO.

La estrategia de la querella apunta a demostrar que los directivos de la Fundación, los médicos Miguel Tezanos Pinto y Raúl Pérez Bianco, y el abogado, Eduardo Viedma, no notificaron a los pacientes ni a sus familiares del riesgo de contagio. Durante la lectura de la acusación se fundamentó que esta conducta encuadra en el delito de Contagio Doloso y les podría corresponder una pena de hasta 15 años.

La semana pasada un grupo de médicos, que fueron convocados como testigos, complicaron la aún más la situación de Tezanos Pinto, Pérez Bianco y Viedma.

En síntesis, explicaron que desde 1982 en la comunidad médica se sabía que los concentrados antihemofílicos podían estar contaminados, y ni siquiera con esa información se fortalecieron los controles.

Más allá de que en el expediente se busca determinar la responsabilidad del directorio de la institución, también se debería investigar la posible negligencia del sistema sanitario del Estado.

Las cifras que se están dilucidando en el Tribunal son escalofriantes: los casos de contagiados con VIH superan los 200 y de Hepatitis C alcanzan los 768. “Se ha bló de numerosas muertes, pero todavía no se ha profundizado sobre esa cuestión”, reconoció el querellante Gonzalo Giadone.

Los hermanos Cardozo dijeron su verdad sobre lo que ocurrió a mediados de los 80, cuando por primera vez recibieron sangre insegura, una experiencia que los condenó a reducir su expectativa de vida. Hoy solo claman por un resarcimiento judicial y terminar con un calvario que ya lleva más de tres décadas.

¿Te gustó la nota?

Dejanos tu comentario