La Iglesia católica en el centro de las críticas

En los últimos meses la Iglesia católica argentina se encuentra en el centro de las críticas por diversas razones y modos de actuar ante diferentes hechos que han ocurrido en diferentes puntos del país.

En la capital entrerriana se está realizando el juicio al cura Justo José Ilarraz, que está acusado de abusar de menores cuando ejercía como prefecto de disciplina en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo, entre 1985 y 1993.

En la jornada de ayer tuvo su segundo día de juicio y con la opinión pública atenta a nivel nacional qué pasa con este caso que tanto se ha hablado y que pone en jaque a la Iglesia en la república Argentina.

Pero otro acontecimiento que divide a la gente y que abre un debate es que se dieron a conocer los montos que la Iglesia Católica recibe por parte del Estado, que son financiamientos para los salarios de algunos de sus miembros activos.

Hay un monto previsto de acuerdo con el Presupuesto aprobado por el Congreso y cada que vez que salen a la luz hace que muchas personas se enojen con o sin razón porque prefieren que la plata, que tanto hace falta en muchos lados, sea invertida en necesidades que tiene la ciudadanía, y que si quieren asistir a una iglesia católica salga de sus bolsillos.

La fe católica es la única religión ayudada económicamente del país. El resto, sea judía, evangélica o musulmana, no cuenta con esos privilegios (quizás alguna quita de impuestos).

Los fondos para la Iglesia católica responden a la obligación del Gobierno Federal de sostener al culto católico apostólico romano, como está estipulado en el segundo artículo de la Constitución. Estas transferencias se regulan a través de diferentes leyes.

La Ley Nº 21.950, establece que el Estado debe hacerse cargo del salario de arzobispos y obispos, que corresponden al 80% del sueldo de un juez nacional de primera instancia.

La Ley Nº 22.162, deja en claro la obligación de subsidiar a los sacerdotes que se encuentren en zonas de frontera o muy desfavorecidas y la Ley Nº 22.950, a seminaristas. Esto alcanza a un total 132 obispos y arzobispos, 568 sacerdotes y 1.120 seminaristas.

La Iglesia católica también se beneficia con las refacciones a sus edificios, como fue el caso de la Basílica de Luján, restaurada entre 2003 y 2015 a partir de una licitación presentada por el gobierno nacional. También otras obras que se han realizado en todo el país.

Otra medida que irrita a los demás es que existen otras transferencias que el Estado hace a la Iglesia, aunque con fines específicos, como los subsidios a escuelas religiosas. Las demás escuelas privadas no cuentan con estos beneficios. Y la que más hace enojar es que la Iglesia cuenta además con ciertas exenciones impositivas, como es en el caso del impuesto a las Ganancias o en el IVA.

El viernes 6 algunos movimientos y agrupaciones políticas hicieron una convocatoria masiva para que los ciudadanos se desafilien de la religión católica.

Por los motivos de lo que está pasando con las apariciones de casos de abusos de menores, la despenalización del aborto y lo del apoyo con fondos del Estado para el pago de salarios.

Varios grupos de personas atendieron el llamado y se congregaron en distintos puntos del país para realizar la apostasía, es decir, renunciar formalmente a la fe católica.

Todo esto después de que el Estado Nacional diera a conocer en los últimos días los montos que reciben los obispos en concepto de salario: más de 40.000 pesos argentinos, lo que equivale a unos 2.000 dólares estadounidenses. Todo un presupuesto para solventar.

Es bueno creer en algo, los seres humanos vivimos de fe y de la esperanza. Pero cuando uno observa que hay necesidades básicas que no se satisfacen y que la Iglesia es favorecida con pagos millonarios no se comprende.

En ese punto una parte de la ciudadanía se irrita y adopta la postura: "Si quieren religión que se la paguen". Todo un debate para parte del pueblo y genera una grieta. De las tantas que hay en la actualidad.