No es novedad que el transporte urbano de pasajeros en Paraná a cargo de la UTE Buses de Paraná, integrada por las empresas ERSA–Fluviales y Transporte Mariano Moreno SRL, es deficiente y sus usuarios vienen padeciendo el deterioro del servicio desde hace años; padecimiento acentuado tras el cierre del grifo de los subsidios.

Las quejas son siempre las mismas: las frecuencias, los horarios, la cantidad de unidades en la calle, los recorridos poco prácticos, los lugares de la ciudad sin cobertura, unidades y las garitas en mal estado, limpieza deficiente, falta de puntos de recargas de la SUBE en los barrios y, además, el costo que los comerciantes le suman a la recarga de la tarjeta.

Otro de los puntos no menor resalta que, debido al deficiente servicio, aumentó el parque automotor paranaense con más autos y motos, lo que genera contaminación ambiental, por las emisiones de gases, y sonora, por la circulación de más vehículos. Ni hablar de los accidentes de tránsito y el calvario del estacionamiento.

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Han pasado ya varias gestiones y ninguna ha podido solucionar el problema ni hacer más eficiente el servicio. Ninguna ha tenido la voluntad, la inteligencia o la valentía de hacer cumplir el contrato de concesión -o rescindírselo- a esta empresa que depende de los subsidios del Estado para pagar los sueldos a sus empleados porque, según se ha argumentado “no le cierran los números”. Justamente ese debería ser el argumento de la rescisión: Buses Paraná es insolvente.

Así lo entiende la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná, que ha llevado la voz cantante de las críticas al servicio y los reclamos a la Municipalidad de Paraná por las reiteradas y numerosas faltas e irregularidades.

Otro actor en el eterno conflicto del transporte público en Paraná han sido los choferes nucleados en UTA con seguidillas de medidas de fuerza en reclamo del pago de los salarios, deudas y paritarias no concretadas o incumplidas.

La atadura al contrato de concesión es uno de los argumentos que utilizan los funcionarios municipales para no accionar contra la empresa, pero las herramientas tecnológicas a disposición (GPS en las unidades) pueden corroborar todas las faltas el servicio. Y qué mejor que los miles de usuarios abandonados a su suerte para testimoniar el no cumplimiento del contrato de la concesión que ya, en su pliego de condiciones, estipula la caución por irregularidades en la prestación del servicio.

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Ahora bien, si son los Estados (nacional y provincial) los que aporta el mayor porcentaje de fondos a través de los subsidios, por qué no se conforma una empresa mixta que preste el servicio. Nadie parece estar dispuesto a buscarle una vuelta ¿O será una idea demasiado comunista?

Sobre los subsidios que reciben las provincias del Estado nacional, por estos días, los gobernadores de 16 provincias reclamaron un “nuevo modelo de distribución de compensaciones tarifarias" en materia de transporte público de pasajeros y suscribieron un documento en el que adelantan que enviaran al Congreso un proyecto de “boleto federal” para que la distribución de subsidios sea igualitaria o, al menos, contemple las realidades en base datos objetivos del transporte en todo el país. AMBA hoy recibe $26.000 millones mensuales, mientras que en su conjunto, a todas las provincias, se les otorga $3.500 millones por mes.

Al respecto, y según datos de 2022 del Ministerio de Transporte de la Nación, el 84,94% del subsidio al transporte se lo lleva el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y solo el 15,06% va a las provincias. Esto es la ayuda económica que reciben las empresas que prestan servicio de transporte urbano de pasajeros en colectivos y en trenes. En 2021 AMBA concentró el 79% del total de subsidios contra el 21% del interior. La discriminación entre el interior y la capital nacional no solo están en el porcentaje de subsidios sino también en el costo de los pasajes y en los sueldos de los choferes, otro de los reclamos de UTA.

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Se entiende que, en esta economía inflacionaria, de bajo salarios y paritarias reticentes, el costo del boleto sin subsidios sería privativo. Pero es allí donde entra la política para decidir a quién se subsidia y a quién no, y con qué mecanismos.

El medio pelo argentino vive ofuscado por los “planeros” a los que “debe mantener” pero nada dice de los empresarios a los que hay que subsidiar para que obtengan sus ganancias. Ni hablar del distrito más rico de Argentina al que hay que pagarle los lujos y el beneficio a sus ciudadanos de viajar por $18. El medio pelo argentino vive ofuscado por los “planeros” a los que “debe mantener” pero nada dice de los empresarios a los que hay que subsidiar para que obtengan sus ganancias. Ni hablar del distrito más rico de Argentina al que hay que pagarle los lujos y el beneficio a sus ciudadanos de viajar por $18.

Algunos datos sobre los subsidios

Hay cuestiones técnicas -según los expertos- que marcan diferencias en los costos como los kilómetros recorridos, antigüedad de las unidades, salarios de los choferes, jornada laboral, gratuidades implementadas y la cantidad de pasajeros transportados, por ejemplo. Estas diferencias se achicarían si el reparto de subsidios fuese más equitativo y federal.

Según explican la brecha entre los subsidios de AMBA y las Provincias se agrandó cuando se eliminó el Régimen de Compensación Provincial y se creó el Fondo Compensador al Transporte Público. Entre 2002 y 2005 los subsidios se financiaban mediante un porcentaje de lo recaudado por el impuesto a los combustibles. En 2006 el Régimen de Compensaciones para AMBA comenzó a depender de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). En 2007 se creó un régimen específico para el interior del país, pero los fondos disponibles siempre fueron menores que los del AMBA. Al llegar Cambiemos al Gobierno se eliminó el Régimen de Compensación Provincial y creó el Fondo Compensador al Transporte Público y la situación de las empresas terminó de agravarse ya que un porcentaje debió ser asumido por los Gobiernos Provinciales. Y si bien, al asumir Alberto Fernández se incrementaron eso subsidios del Fondo Compensador nunca fue restituido el Régimen de Compensación Provincial.

Se entiende que, en esta economía inflacionaria, de bajo salarios y paritarias reticentes, el costo del boleto sin subsidios sería privativo. Pero es allí donde entra la política para decidir a quién se subsidia y a quién no, y con qué mecanismos.

El medio pelo argentino vive ofuscado por los “planeros” a los que “debe mantener” pero nada dice de los empresarios a los que hay que subsidiar para que obtengan sus ganancias. Ni hablar del distrito más rico de Argentina al que hay que pagarle los lujos y el beneficio a sus ciudadanos de viajar por $18.