Después del caso de Manuel Adorni, el diputado nacional Eduardo Valdés presentó un proyecto para impedir que funcionarios públicos y personas políticamente expuestas puedan acogerse al régimen de la Ley de Inocencia Fiscal. Consideró que “permitirlo contradice principios básicos de transparencia y abre la puerta a posibles maniobras de ocultamiento patrimonial”.

La Ley que impulsa el gobierno crea un “Régimen simplificado de Ganancias” por el cual, de acuerdo al Gobierno, los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre. Este régimen, que tendrá un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan.

Valdés señaló que quienes administran recursos del Estado “deben estar sometidos a controles más estrictos y no beneficiarse con mecanismos de regularización” que reducen las exigencias de rendición de cuentas. En tal sentido, propone modificar la Ley 27.799 para excluir a funcionarios de los tres poderes, a las personas políticamente expuestas y a sus familiares directos.

El legislador de Unión por la Patria advirtió que la normativa vigente “choca” con las obligaciones establecidas por la Ley de Ética Pública y con compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de prevención de la corrupción y lavado de activos.

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Según Valdés, permitir personas públicas utilicen este régimen podría “blindar dinero de origen ilícito desde el punto de vista penal y tributario”, sin exigir explicaciones sobre el crecimiento patrimonial durante el ejercicio de la función pública.

El diputado calificó la situación como “éticamente inaceptable”, al considerar inadmisible que quienes administran recursos públicos —o incluso quienes redactaron y aprobaron la ley— puedan beneficiarse de un mecanismo que los exime de justificar la evolución de sus bienes.

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Luego, manifestó que las recomendaciones del GAFI establecen controles reforzados para las personas políticamente expuestas debido al “mayor riesgo de corrupción” asociado a sus funciones.

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Qué busca la normativa

La iniciativa busca armonizar la legislación tributaria con la Ley de Ética Pública y con las convenciones internacionales contra la corrupción, reforzando los mecanismos de control sobre quienes ocupan cargos en el Estado.

Finalmente, Valdés concluyó que, por razones de ética y resguardo del erario público, “todos los regímenes excepcionales de regularización de activos deben excluir de manera estricta a los funcionarios y a sus familiares directos”.