Quién es Juan Luis Cipriani Thorne y de qué se lo acusa

Juan Luis Cipriani Thorne nació en Lima, Perú, el 28 de diciembre de 1943, en 2019 el Papa Francisco oyó las denuncias de sus víctimas de abuso y le prohibió utilizar las insignias cardenalicias y se le ordenó fijar una residencia fuera del Perú.

Es un ingeniero industrial, exjugador de baloncesto y eclesiástico católico peruano, miembro del Opus Dei. Fue obispo auxiliar de Ayacucho entre 1988 y 1995; arzobispo de Ayacucho entre 1995 y 1999; y arzobispo de Lima, entre 1999 y 2019. Se le considera uno de los máximos exponentes del sector más conservador de la Iglesia católica peruana.

Realizó su formación primaria en el Colegio Inmaculado Corazón (1948-1953), y la secundaria en el Colegio Santa María Marianistas; todos ellos centros educativos en Lima. Trabajó como ingeniero en Lima (1967-1968) y en Cañete, en el Instituto Rural de Valle Grande (1968-1974). En 1974, viajó a Europa, para estudiar en el Seminario Internacional del Opus Dei en Roma y en la Universidad de Navarra (España), donde obtuvo el doctorado en Teología.

Como arzobispo de Lima, fue gran canciller de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima y, hasta su reforma estatutaria de 2016, de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

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La acusación de abuso sexual

El 25 de enero de 2025, el diario español El País reveló que la salida de Cipriani de sus funciones episcopales en enero de 2019, casi de inmediato tras presentar su renuncia obligatoria al cumplir 75 años, estuvo relacionada con una denuncia recibida por la Santa Sede. Según esta denuncia, Cipriani habría cometido un presunto caso de abuso sexual en 1983, cuando ejercía como confesor del denunciante (la periodista Paola Ugaz lo apodó como la «Víctima de 1983»), quien en ese entonces era menor de edad. El denunciante asegura que Cipriani utilizaba la confesión para toquetearlo, meterle la mano debajo de la ropa y besarlo.

Autoridades del Opus Dei de ese momento habrían tenido conocimiento de estas denuncias y las habrían encubierto.

El escritor peruano Jaime Bayly, crítico acérrimo del cardenal, ya había dado cuenta de las acusaciones contra el prelado en 2021 mediante un relato con nombres en clave en que se refería a Cipriani bajo el seudónimo de «cardenal Cienfuegos» y a sus presuntas víctimas como los «hermanos Figueredo».

No existió un proceso canónico formal, sino que por decisión pontificia directa se le prohibió a Cipriani utilizar insignias cardenalicias y se le ordenó fijar una residencia fuera del Perú. Desde entonces, ha residido sucesivamente en Roma y Madrid.

En respuesta a la revelación, el cardenal se pronunció confirmando las sanciones reportadas por el diario español, pero negando la veracidad del testimonio del denunciante. Cipriani sostuvo que «No he cometido ningún delito ni he abusado sexualmente de nadie ni en 1983, ni antes, ni después».

Añadió que la decisión pontificia ocurrió sin escuchar sus descargos y sin informarle los detalles de la acusación, y que a partir de febrero del 2020 el Papa Francisco le permitió reanudar labores pastorales.

Manifestó su "rechazo y repulsa total a los abusos sexuales a menores y personas vulnerables, y reitero mi compromiso con la lucha de la Iglesia para erradicar esta lacra, siguiendo las indicaciones de Juan Pablo II, Benedicto XVI y el especial liderazgo del papa Francisco, poniendo en el centro a las víctimas."

Asimismo, el actual vicario regional del Opus Dei en el Perú, Ángel Gómez-Hortigüela, reconoció haber conocido de la denuncia en 2018 y pidió perdón públicamente por haberse negado a reunirse con el denunciante en ese momento.

Por su parte, el portavoz del Vaticano Matteo Bruni confirmó a Associated Press que varias sanciones "relacionadas con su actividad pública, lugar de residencia y uso de insignias" impuestas al cardenal se mantienen vigentes.

Días después de la publicación, los periodistas Rosa María Palacios y Pedro Salinas revelaron que conocieron del caso en 2018, consideraron verosímil el testimonio y actuaron como mediadores para hacer llegar la denuncia a la Santa Sede.