Un país no es una empresa

Luciana Actis / De la Redacción de UNO
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La frase pertenece al economista y teórico estadounidense Paul Krugman, Premio Nobel de Economía en 2008, y viene a contrarrestar una teoría bastante instalada en la mayoría de los países capitalistas, incluida –por supuesto–la Argentina.

Solo por dar un ejemplo, desde que el empresario Mauricio Macri comenzó a candidatearse a diversos cargos políticos, a su alrededor han sobrevolado ideas tácitamente desgranadas del enunciado “está lo suficientemente preparado, ya que tiene experiencia empresarial”. Idéntico razonamiento se aplicó hace tiempo al expresidente chileno Sebastián Piñera, al italiano Silvio Berlusconi, al brasileño Collor de Melo, y a otros mandatarios que hicieron sus primeras armas ¿políticas? en una compañía. Pero sus respectivos desempeños como gobernantes demostraron que se trata de un razonamiento miope y berreta.

Lo que la mayoría de las facultades de Ciencias Económicas y Administración enseña es que el buen empresario es aquel que, ante todo –y a cuenta de todos–, lleva un perfecto balance. No importa si debe a los proveedores, negrea empleados, evade impuestos, o no prevé las más mínimas medidas de seguridad ambiental. Aunque el mundo se desangre, si el yin y el yang de la contabilidad están en perfecta armonía, será un buen gestor.

Al margen de esto, vale recordar que las empresas manejadas por Macri –como la deficitaria Sevel, por citar solo una– no llegaron a buen puerto en términos estrictamente numéricos. Pero, dejando de lado tal acotación, es importante desterrar la creencia miope y berreta anteriormente citada, y cambiarla definitivamente por su antítesis: un país no es una empresa.

Una de las diferencias fundamentales es que en un país hay cifras negativas que son altamente positivas en términos sociales. Por ejemplo, subvencionar a un sector a fin de preservar puestos de trabajo o servicios, medida que no es rentable pero que responde a una necesidad de la ciudadanía.

Asimismo, hay que comprender que los gastos del Estado suelen estar ligados directamente a sectores que a su vez aportan a la ciudadanía servicios esenciales: salud, educación, vivienda. Reducir esos costos –el déficit fiscal– suele traer como contrapartida el aumento del desempleo y la recesión, tal como ocurre en España, Italia, y Grecia en la actualidad; y como sucedía en la Argentina hace poco más de una década. 

Por último, pero no menos importante, un país no es una empresa porque su mayor capital es humano, no material. Porque su fin último no es la obtención de la máxima ganancia, sino el mayor desarrollo y el bienestar de la población. 

Por todo lo anteriormente mencionado –y  aunque suene terrible a los oídos de los sacerdotes del todopoderoso dios del libre mercado– un país puede permitirse un acotado déficit fiscal, y no será el fin del mundo ni de su economía. 

Los razonamientos de un empresario y el de un jefe de Gobierno deberían ser bien diferentes cuando se presenta la necesidad de reducir costos y administrar las arcas. Y confundir a uno con el otro, no puede ser saludable para ninguna nación.