El presidente Javier Milei movió el avispero y habrá que ver cómo pica. Empeñado en cambiar la Ley de tierras rurales 26737, recibirá el aplauso de algunos grupos capitalistas foráneos, si la cosa sale. Por eso muchos atentos a los asuntos ligados a la propiedad y el uso de la tierra ponen el grito en el cielo. Y en la tierra.

El clima resulta, entonces, propicio para hablar de un problema grave de la economía argentina, cambie o no cambie esta ley. No hay mal que por bien no venga, dice el refrán.

No tan propicio, hay que decirlo. Y es que, si los proyectos destemplados del estado argentino fogonean la violencia, resulta harto difícil entonces apuntar algo de manera desapasionada cuando ya todos desenfundaron. Así es que, mientras hay paz, pocos escuchamos, y cuando hay guerra, pocos escuchamos…

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¿Por qué hay que analizar con serenidad? Porque es la única manera de comprender, y también de sacar alguna conclusión que mejore el estado de cosas.

Legislación oligárquica

Hoy, sin cambios, el sistema legal argentino ya es oligárquico. No da respuestas a la mayoría de los argentinos y tampoco al resto de la biodiversidad. Si en verdad queremos salir del barullo y el manoseo hay que cambiar las leyes de cabo a rabo. Y ahí está el peligro de la lucha actual: el creer que estamos defendiendo las normas que nos oprimen. Cuando en verdad muchos luchan en estos días para evitar el empeoramiento. Nada más.

¿Quién está bien hoy, cuando hay millones sin un metro cuadrado donde caerse muertos, y un puñado de “argentinos” acumula estancias donde caben treinta países completos?

Con la legislación actual, sin cambios, en Entre Ríos es mucho más fácil que compre tierras un extranjero, antes que un campesino. Y si no es un extranjero, será un futbolista.

Con la legislación actual, un especulador inmobiliario tiene el terreno allanado, y una pareja de jóvenes que quiera hacerse de un terrenito no encuentra más que obstáculos. ¿Dónde está entonces el punto del proyecto oficial que genera rechazos masivos? En que, en vez de observar los graves problemas de arraigo, vivienda, alimentos, oportunidades, trabajo, que padecemos los argentinos, y actuar en consecuencia, el gobierno nacional busca como prioridad seducir al capital extranjero y entre las carnadas del anzuelo ofrece nada menos que la tierra.

Es el resultado de llevar a un extremo las premisas del sistema generalizado por el occidente capitalista. En nuestra cosmovisión milenaria (bien tapada y pisoteada), la tierra es la madre que se venera; en el sistema impuesto, la tierra es la cosa que se compra y se vende al mejor postor. Hay un abismo.

Los pueblos que reconocen en la tierra una riqueza común, que reverencian la biodiversidad, se inclinan para tomar un fruto y rinden culto a la Pachamama, fueron condenados al exterminio o al etnocidio, porque representaban la cumbre de la “barbarie”. El que sugería su aniquilamiento desde la niñez fue consagrado como padre de la civilización y del aula, y aceptado a diestra y siniestra…

Si no revisamos el concepto plantado por el eurocentrismo y por todo el occidente en torno de la tierra seguiremos peludeando por la eternidad. Conviene, entonces, aguzar el discernimiento en vez de llorar sobre la leche derramada. Este es el sistema impuesto a sangre y fuego por los próceres cuyos nombres lucen las chapas de las principales calles de nuestras capitales. Y bien: una vez hecho el diagnóstico, por doloroso que sea, pasemos a mirar el entorno, para dimensionar la gravedad de la hora.

Pero si cada dirigente entra en la discusión para lustrar su ego, el resultado será un entretenimiento aburrido, un gasto inconducente de energía. Eso en toda la Argentina, y muy precisamente en Entre Ríos donde estamos contratando empresas de Buenos Aires para alimentar a los alumnos, y falta que contraten afuera a quienes nos den la sopa en cucharita.

Topes opinables

Una norma que pone topes a las superficies en manos de extranjeros, como la ley 26737 que rige desde 2011, es un tesoro. Hay que mejorarla, y ya veremos más abajo por qué. Pero tocar esa ley sin atender los aportes de las comunidades campesinas y ancestrales, y de las personas y agrupaciones que estudian el asunto desde hace décadas; sin atender los problemas de hacinamiento y de alimentación que padecemos los argentinos; tocar esa ley, más que una mojada de oreja, roza el agravio.

El partido del presidente Milei usa el Estado (del que reniega) para favorecer a grandes capitales multinacionales y hace oídos sordos a los reclamos de la sociedad. Su costumbre de agraviar a quien se le ponga al paso, incluso contra los intereses nacionales, esa costumbre funesta provoca menos daño que su altanería para tratar a personas y grupos que honran al país y que nunca han gobernado, y hacerlo desde la cumbre del poder.

Es probable que el gobierno entienda que la inversión extranjera movilizará la economía y que eso beneficiará a muchos. Si nos curáramos de la lógica occidental capitalista donde la tierra es cosa nomás, esa idea caería por su propio peso, pero en la lógica actual (compartida por los partidos mayoritarios) no deja de ser una opción opinable. Bien, entonces cabe preguntarse si el riesgo no es alto; y aún en el caso de que diera resultado, preguntarse si el tiempo que demande ese cambio no fortalecerá a los sectores concentrados y a los extranjeros, en un sistema de dependencia difícil de revertir; y si no generará mayores dificultades en las mayorías y conflictos para el conjunto. Lo decimos, porque aún en este sistema debemos reconocer que las cosas pueden mejorar un cachito, o empeorar un montón.

6 de agosto picante

La resistencia de vastos sectores contra esa pretendida ley de “inviolabilidad de la propiedad” será poderosa y multitudinaria. El 6 de agosto se ve venir picante. Si el gobierno hubiera decidido unir a los opositores, declararse públicamente cipayo y enemistarse más con la sociedad, no podría haber elegido mejor tema.

Sospechamos que hará “concesiones” en el Congreso, primero porque el descontento es severo, y en segundo lugar porque los poderosos suelen dar cinco pasos para retroceder dos y facilitar, así, el voto de ciertos legisladores que necesitan, ante su electorado, mostrar algún cacareo. Es una conjetura nomás.

En este punto digamos que el tope del 15 % a la propiedad extranjera que determina la Ley actual ya es opinable. En Entre Ríos, como la propiedad extranjera ronda el 3 %, podríamos decir que la ley vigente invita a los extranjeros a comprarnos la tierra. ‘Vengan, que pueden quintuplicar sus propiedades’… No ocurre así en otros lugares, pero aquí la ley actual, si disuade, disuade muy poco.

Pese a todo, veremos que esta legislación actual es una estructura dañina que desarraiga, amontona, priva de tierras a los jóvenes, favorece la concentración, desarticula las comunidades, y ataca la soberanía alimentaria.

Entonces, cuando vemos en riesgo la soberanía alimentaria debemos preguntarnos ¿qué soberanía?

El atropello de la actual gestión nacional crea un lindo clima para ejercer la resistencia contra este cambio propuesto, y también contra el entramado legal argentino vigente, que genera un atropello crónico y naturalizado.

Habrá soberanía cuando las chicas y los muchachos puedan acceder a un pedacito de tierra, cultivar alimentos sanos, conocer el origen de los alimentos puestos en el plato. Eso no es lo que ocurre hoy, ni ocurría ayer. La juventud ha sido expulsada de la tierra y alejada de los saberes.

La distorsión de la relación de las familias con la tierra ha provocado la macrocefalia argentina y tiene a millones al margen.

Algunos artículos

El artículo 8 de la ley 26737 que Milei pretende cambiar establece el 15 % como máximo para los extranjeros. Y lo interesante es que extiende esa exigencia a cada región. Es un resguardo que el país debiera sostener. Lo mismo el artículo 9: los extranjeros de una misma nación sólo pueden acumular el 30% de ese 15%. Fue sagaz el legislador.

Así llegamos al artículo 10, por demás interesante: el extranjero no puede comprar más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo. Un hallazgo, en esta Argentina colonial.

Todo el artículo 10 resulta restrictivo: no pueden comprar superficies junto a cursos de agua permanente, tampoco en zonas de frontera…

Después viene un artículo 13 que relativiza, porque sostiene que para comprar en zonas de seguridad debe intervenir el ministerio del interior, de modo que deja la decisión en manos del gobierno de turno y se puede entender que eso se preste a algún grado de corrupción.

Como puede apreciarse, el conflicto se genera por la probable derogación de una ley que tiene sus méritos en orden a la soberanía en varios aspectos.

Mirada comunitaria

La tierra llama a pensar en campesinado, comunidades y autonomías, contra la tendencia a distanciar a las poblaciones del trabajo con las huertas, las aves, los granos, las vacas, la granja. En una encuesta realizada hace pocos años en Entre Ríos por el centro de estudios Junta Abya yala quedó claro que la juventud urbana no ve, en general, ningún futuro en relación con la tierra. Es decir: ni siquiera reclama. Un logro del sistema que ha resuelto amontonar a las familias y dejar los campos “libres” de árboles y de personas, cosa promovida incluso por el estado con la “economía de escala”.

Desde distintas visiones ideológicas, unos piensan que las chicas y los muchachos del barrio no quieren trabajar y no se esforzarían en la huerta, el gallinero, el tambo; otros se empachan de libros industrialistas, cuando no se circunscriben a la relación patrón-obrero, en menosprecio de todo un abanico de opciones.

Lejos de esos prejuicios, capaces de frenar cualquier cambio, la tierra permite la vida saludable, los alimentos cercanos y sanos, la relación comunitaria propositiva; permite el despliegue de la solidaridad y de las potencialidades de modo autónomo, con la colaboración de muchos y con el aprovechamiento de los saberes diversos. La tierra llama a deshacinar y a emancipar.

Dadas las cualidades esperanzadoras en la relación de la familia humana y el resto de la biodiversidad, veamos el absurdo de la situación actual que debiera atenderse en tierras rurales, y principalmente en tierras de ejidos urbano, en las que la ley de tierras 26737 no interviene.

He aquí un punto clave: algunos sectores que señalan con razón el daño que causaría la derogación o el cambio de la ley 26737 nos deben una autocrítica sobre el actual ordenamiento urbano que, como veremos, es más perverso aún.

La ñata contra el vidrio

Argentina, Entre Ríos, Gran Paraná: una chica, un muchacho, cualquier persona humilde que desee formar una familia se verá disuadida en el acceso a un predio, mientras un grupo de poderosos amontona las hectáreas vecinas, exclusivamente para la especulación y espanta a la juventud. Eso con la tolerancia y la complicidad del poder político, a veces socio.

Los partidos políticos que se alternan en el poder se culpan mutuamente por las pobrezas y son responsables solidarios. Mal que les pese. La juventud no tiene dónde plantar una huerta, dónde edificar, por la mediación de empresas que, no por casualidad, se han beneficiado por décadas del estado. ¿Quiénes aplicarán los impuestos que corresponden a los empresarios que les pagan las campañas políticas?

En el Gran Paraná, si una familia humilde logró acceder a un terreno de 10 metros por 30 metros donde espera construir un galpón para un tallercito pero no avanza aún, por falta de recursos, paga más de 40.000 pesos mensuales de impuesto inmobiliario entre la municipalidad y la provincia.

Al lado, un empresario rico tiene 50 hectáreas ociosas, sin nada de nada, ni una persona, ni una vaca ni una gallina, ni una huerta, sin alambrados siquiera, y así por décadas, porque el predio fue comprado exclusivamente con vistas a la especulación inmobiliaria, y por ese mismo espacio (10 x 30) paga 100 pesos mensuales.

El pobre paga 40.000 pesos, el rico paga 100 pesos.

Eso ocurre con gobiernos peronistas, radicales, de la Libertad Avanza o el PRO, sin distinción. Como dice el paisano: creer o reventar.

¿Por qué el estado distingue con facilidad un terrenito con algo edificado, de un terrenito baldío que está al lado, y por eso multiplica por cinco la tasa inmobiliaria, y sin embargo no puede distinguir un campo productivo de un campo especulativo?

Más allá de números, insistimos en el concepto: una parejita de jóvenes con sueldos mínimos no puede juntar hoy los 15 millones, o 20 millones de pesos, que cuesta un terreno. Ni hablar de la casa. Entonces muchos se marchan a zonas bajas, que se inundan con la primera lluviecita, como ocurre en el barrio Illia detrás del mercado El Charrúa. Allí sobreviven, bajo silobolsas en desuso.

Mientras tanto, somos testigos de que algunos campos de muchas hectáreas, muy cerca, pasan décadas vacíos por completo, y pertenecen a conocidos empresarios ligados a sectores políticos y con negocios con el estado. Ese es el latifundio urbano. Nadie ignora este desatino, y se sostiene. Es el sistema, el mal crónico.

Ciertos municipios ni siquiera cobran impuestos a las superficies mayores. Eso está muy bien, y es plausible, cuando del campesinado se trata, y es una ofensa cuando de especuladores se trata.

De modo que los usureros no sienten presión para abrir parcelas al pueblo.

(En el caso de que algún dirigente niegue esta situación, puede demostrarlo publicando lo que pagamos todos en impuesto inmobiliario. Es por demás sencillo).

Los terrenos grandes se aprecian, mejoran su valor solos, vacíos, con el paso del tiempo, y la juventud los mira con la ñata contra el vidrio.

“Sólo sabemos que esta ciudad de Paraná, enferma del mismo mal que todo Entre Ríos, no sabe retener a sus hijos. Los entrerrianos emigran. El curso de las aguas natales pronto les indica el camino del éxodo hacia Buenos Aires… Entre Ríos es una de las provincias en que más ha gravitado la rémora del latifundio… donde quiera que el perro del hortelano no coma ni deje comer, habrá emigración y fuga”, escribía hace 100 años Arturo Capdevila. Y bien: a nosotros nos cabe preguntarnos qué hemos hecho para revertir ese flagelo.