La Justicia de Entre Ríos ordenó el viernes la detención inmediata del exgobernador Sergio Urribarri, de su cuñado Juan Pablo Aguilera, y del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, disponiendo su derivación a la Unidad Penal N° 1 de Paraná. La medida fue solicitada por el Ministerio Público Fiscal luego de que la condena dictada originalmente el 7 de abril de 2022 adquiriera firmeza definitiva, tras agotarse todas las instancias de revisión ordinarias y extraordinarias. El jueves previo, la Corte Suprema confirmó las condenas, rechazando los recursos extraordinarios de las defensas.

Durante la noche del viernes, la Policía concretó los traslados de los condenados hacia el establecimiento carcelario. En el caso de Urribarri, la fuerza debió movilizarlo desde Concordia hasta Paraná, cubriendo una distancia de 280 kilómetros en un trayecto de cuatro horas de viaje que finalizó de madrugada con su ingreso al penal. Para evitar la cárcel, su defensa solicitó prisión domiciliaria alegando problemas de salud física y mental. Sin embargo, el tribunal -integrado por los jueces Julián Vergara, Carolina Castagno y Elvio Garzón- rechazó de plano el planteo al considerar que no se acreditaron razones médicas de peso para suspender la ejecución penal ni otorgarle dicho beneficio. Sumado a ello, también pidieron ser encarcelado en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú. Este planteo aún está pendiente de resolución, supo UNO.

Por otra parte, a través de las planillas de cómputo de pena de la Oficina de Gestión de Audiencias y los registros carcelarios , se determinaron los plazos en que cada uno cumplirá la pena impuesta: Urribarri lo hará el 15 de julio de 2034; Aguilera, el 12 de enero de 2033; y Báez, el 22 de mayo de 2031.

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Los delitos

La condena a Urribarri, de 67 años de edad, se originó en la acreditación de un millonario esquema de desvío de fondos públicos hacia empresas vinculadas directamente a su cuñado, Juan Pablo Aguilera. Estas maniobras delictivas se perpetraron entre 2010 y 2015 bajo la fachada de contratos simulados de publicidad oficial. El fallo definitivo ratificó que estas maniobras constituyeron delitos graves contra la administración.

Urribarri fue condenado a la pena de ocho años de prisión efectiva como autor de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado. Estas figuras se aplicaron en concurso ideal y bajo la modalidad de delito continuado para el primer hecho investigado (conocido como la causa de la Imprenta vinculada a Aguilera). También fue condenado por peculado en el tercer hecho y por negociaciones incompatibles junto con peculado en concurso ideal para el cuarto hecho (referente a la Cumbre del Mercosur y spots publicitarios) y el quinto hecho (relacionado con el Parador instalado en Mar del Plata en enero de 2015, durante su campaña por “el sueño entrerriano”).

Por su parte, el exministro Pedro Báez recibió una pena de seis años y seis meses de prisión efectiva. Se lo consideró penalmente responsable en carácter de coautor de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado.

Finalmente, Juan Pablo Aguilera, de 47 años de edad, fue condenado a la pena de seis años y seis meses de prisión de ejecución efectiva. Aguilera fue declarado autor material y responsable del delito de negociaciones incompatibles y peculado.

Las causas

Al juicio contra Urribarri y compañía -realizado en 2022- se lo denominó “megajuicio” porque incluyó varias causas. El primero fue el del “Sueño Entrerriano” e incluyó tres legajos: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones. En el juicio se probó que los fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo eslogan fue el “Sueño Entrerriano”.

También se encontraba el legajo Nº 4385, conocido mediáticamente como “La causa de la vaca” o “de la imprenta”.Aquí, los fiscales detectaron que para la justificación de las publicidades en cartelería de vía pública para autorizar el pago, se había utilizado una misma foto: la misma vaca apareció en distintos carteles. De allí el curioso nombre que se le dio al expediente.

El volumen de las contrataciones entre 2010 y 2015 fue de $24 millones, de los cuales $12 millones se habrían pagado de modo fraudulento. Los contratos se manejaban desde las empresas vinculadas a Aguilera, Tep SRL y Next SRL, y en esas maniobras, los publicistas José María Bustamante y Hugo Montañana pagaban “coimas” para conseguir contratos de publicidad. Ambos reconocieron el delito en sendos juicios abreviados. En tanto, también se encontraba el legajo conocido como Global Means.

En la causa se investigaron hechos sucedidos en 2011, cuando Urribarri era gobernador y Báez director de Información Pública. Aquí, la Fiscalía probó que Urribarri y Báez otorgaron una pauta de $118 mil a la firma Global Means SA, del empresario Germán Buffa, “cuando no reunía los requisitos para su otorgamiento”.