El exfuncionario entrerriano Juan Enrique Ruiz Orrico atraviesa su hora más crítica frente a la justicia. Mientras la jurisdicción provincial ratificó su responsabilidad penal por la muerte de cuatro personas en un siniestro vial en 2024, en la Justicia Federal sigue abierta una investigación de largo aliento iniciada en 2019 tras una denuncia por presuntas irregularidades y defraudación en el dragado del Río Uruguay.

El frente judicial más inmediato para Orrico se cerró recientemente en el ámbito provincial. La Cámara de Casación de Concordia rechazó el recurso presentado por su defensa y confirmó la condena a cinco años y ocho meses de prisión efectiva. La sentencia responde al trágico choque ocurrido el 20 de junio de 2024 sobre la Ruta Provincial 39, a la altura del kilómetro 123.

En aquel momento, Orrico se desempeñaba como titular del Instituto Portuario Provincial de Entre Ríos (IPPER) y conducía un Volkswagen Passat oficial. Según lo acreditado en el juicio, el exfuncionario invadió el carril contrario y colisionó de frente contra un Chevrolet Corsa en el que viajaban cuatro trabajadores de Basavilbaso: Brian Izaguirre, Lucas Izaguirre, Leonardo Almada y Axel Rossi, quienes fallecieron en el lugar mientras se dirigían a su empleo en la localidad de Pronunciamiento. Sin embargo, el exfuncionario sigue en libertad, ya que aún la sentencia no quedó firme.

El frente federal: la causa CARU

Según las resoluciones judiciales a las que accedió UNO, paralelamente a su situación por el siniestro vial, Orrico batalla en los tribunales federales en un expediente que se originó hace siete años. La causa, caratulada como “CARU Comisión Administradora del Río Uruguay y otros s/ a determinar”, se inició el 4 de julio de 2019 tras una denuncia presentada por el ingeniero, abogado y docente universitario Carlos Jaime Hartwig ante la Fiscalía Federal de Gualeguaychú. En las elecciones de 2025, fue candidato a senador suplente en la lista Ahora la Patria, de Carolina Gaillard.

La denuncia apunta a presuntas irregularidades en las licitaciones para las obras de dragado del Río Uruguay, llevadas adelante por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Según la presentación original, existiría una "cartelización" de empresas que habría permitido adjudicar obras por un monto de 36 millones de dólares, cuando el precio de mercado internacional para tales tareas habría sido de 16 millones de dólares. Esta maniobra habría representado una defraudación a los estados argentino y uruguayo por un total de 19 millones de dólares.

En este proceso, Ruiz Orrico está investigado junto a otros exintegrantes argentinos de la CARU, como Mauro Héctor Vazón (actual presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos) y Jorge Diego Satto (secretario de Turismo provincial), además de Pieter Jan de Nul, representante de la empresa históricamente adjudicataria de las tareas de dragado. Los delitos bajo lupa incluyen fraude a la administración pública, asociación ilícita, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

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Un derrotero judicial

El camino procesal de esta causa ha sido complejo y marcado por resoluciones contrapuestas. El 26 de marzo de 2021, el Juez Federal Subrogante de Concepción del Uruguay, Hernán Viri, resolvió inicialmente archivar las actuaciones por inexistencia de delito. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal apeló y, en junio de ese mismo año, la Cámara Federal revocó el archivo, ordenando profundizar la investigación al considerar que no se había incorporado prueba clave ni se habían individualizado correctamente a los responsables.

Posteriormente, se generó un conflicto de competencia que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En julio de 2024, la Corte determinó que la causa era ajena a su competencia originaria y la devolvió al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay para que continuara el trámite.

Tras la producción de nuevas pruebas que configuraron un "estado de sospecha", el juez citó a Ruiz Orrico y a los demás imputados a prestar declaración indagatoria entre febrero y marzo de 2026. En dichas audiencias, se les imputó formalmente haber ejecutado la maniobra destinada a defraudar al Estado Nacional. No obstante, el 17 de marzo de 2026, el magistrado dictó la falta de mérito para los acusados, aunque la investigación prosiguió.

Los planteos de la defensa y el reciente revés en Cámara

Durante este proceso, la defensa de Ruiz Orrico - a cargo de los abogados Leopoldo Lambruschini y Félix Patricio Pérez- ha intentado frenar el avance de la causa mediante diversos planteos legales. En febrero de 2026, interpuso una excepción por falta de acción, argumentando incompetencia material y alegando que la CARU goza de inmunidad de jurisdicción, lo que impediría la persecución penal en sede interna argentina. Asimismo, Orrico solicitó suspender las indagatorias invocando el principio constitucional del "juez natural".

Estos planteos fueron inicialmente rechazados por el juez de primera instancia el 20 de abril de 2026. Ante esto, las defensas de Orrico, Satto y Vazón apelaron la resolución. Finalmente, el 30 de junio, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por los doctores Mateo Busaniche, Cintia Gómez y Beatriz Aranguren, resolvió rechazar los recursos de Casación de las defensas y confirmar la vigencia del proceso, validando la competencia de la justicia argentina para seguir investigando.