El inicio del juicio oral contra Néstor Pavón tuvo como eje central el testimonio de Andrea Lescano, madre de Micaela García (21), la joven víctima de femicidio el 1° de abril de 2017 en Gualeguay. Al comenzar su declaración ante el tribunal, Lescano inició su intervención expresando el sentido de su presencia en la sala de audiencias: "Quiero justicia por mi hija".

Durante su exposición, la testigo reconstruyó las primeras horas de angustia y detalló el momento exacto en que se enteró de la desaparición de Micaela. Según relató ante los jueces, fue el novio de la joven quien la llamó por teléfono para alertarla de que Micaela no respondía las llamadas ni había forma de contactarla, luego de haber recorrido sin éxito todos los lugares donde podría haber estado.

LEER MÁS: Comenzó el juicio a Néstor Pavón por el femicidio de Micaela García: la fiscalía adelantó que pedirá prisión perpetua

Lescano puso de manifiesto las graves trabas institucionales que enfrentaron para radicar la denuncia inicial en las horas críticas posteriores a la salida del boliche. Contó que, tras esos primeros momentos, después del mediodía (del 1° de abril) la llamó una amiga de su hija para informarle que estaban en la comisaría intentando hacer la denuncia por la desaparición y que los efectivos no se la querían tomar argumentando que no habían transcurrido 24 horas.

Ante la inacción policial y la urgencia por activar la búsqueda, la madre decidió tomar la iniciativa por sus propios medios. Según explicó en el debate, ante la falta de respuesta inmediata en la dependencia policial, tuvo que realizar dos denuncias formales por la desaparición: una en la localidad de Colón, donde residía en ese momento, y otra en la ciudad de Gualeguay.

En otro tramo de su declaración, Lescano repasó el surgimiento de la respuesta comunitaria y legislativa nacida a partir del crimen de su hija. En ese sentido, contó ante el tribunal cómo surgió la Ley Micaela y el proceso que se llevó a cabo en el Congreso de la Nación para su sanción.

Asimismo, la testigo detalló el compromiso asumido tras la aprobación de la normativa para garantizar su efectividad en la sociedad. Explicó que se dedicaron a hacer la difusión de la ley sobre cómo debía ser implementada para asegurar la capacitación obligatoria en género y violencia de género de todas las personas que se desempeñan en la función pública en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.