Miércoles 05 de Julio de 2023
Una noche de invierno del año pasado, un narco le dejó una caja con 10 kilos de marihuana a Sergio Ariel D., en su vivienda del barrio Villa Crespo de la ciudad de Concordia. A cambio del cargamento de valor millonario, le iba a pagar 35.000 pesos. Al día siguiente, la Policía hizo un allanamiento buscando cosas de un robo, encontró la droga y quedaron detenidos el hombre y su pareja, Erika K. El Juzgado Federal de la localidad procesó con prisión preventiva a ambos y llegaron a juicio al Tribunal Oral Federal de Paraná. En un juicio abreviado, al hombre le impusieron tres años y siete meses de prisión. La mujer iba a ser juzgada, pero la jueza Noemí Berros dictó su sobreseimiento por su situación de vulnerabilidad social y de género y por sus problemas de salud.
“La desigual relación de poder de la pareja D.-K. salta a la vista con base sólo en las pruebas ya reunidas: D., hombre, 10 años mayor y único proveedor del hogar; K., mujer, mucho más joven, desocupada, económicamente dependiente de su marido, con dolencias psíquicas y dependencia de medicación psiquiátrica”, resumió Berros en uno de los párrafos.
Salud y vulnerabilidad
La jueza analizó dos cuestiones: la salud de la mujer y su situación “existencial y social”. Respecto de la primera, señaló que sobran pruebas acerca de “los problemas de salud mental que la muestran como una mujer con serios trastornos psiquiátricos, que se encontraba bajo tratamiento en el hospital de Salud Mental Felipe Heras de Concordia por depresión, insomnio, ciclotimia, tristeza inmotivada, tendencia al retraimiento, hipoabulia, entre otros”.
Sobre la segunda cuestión, Berros mencionó que “no puede dejar de considerarse que se trata de una mujer joven (30 años al momento del hecho), que fue madre siendo adolescente (16 años) y se concubinó con el padre de su hijo -10 años mayor-; que tiene muy escasa instrucción; está desocupada; es de condición humilde pues la manutención del hogar la abastece D. con su labor informal de hachero y cría de cerdos”. Se trata de lo que se entiende como “abordaje interseccional”, según lo que ordenan las Reglas de Brasilia para garantizar el acceso a la Justicia a las personas en situación de vulnerabilidad.
Acerca del hecho ocurrido el 17 de agosto de 2022, la jueza recordó que la pareja de K. “confesó ser autor del ilícito de facilitación de lugar, ocasión en que manifestó que ‘su señora no sabía nada’, que le trajeron la droga la noche anterior al allanamiento pagándole 35.000 pesos por dejar la droga en su casa, que él ubicó la caja con los panes donde antes había funcionado un kiosco y que su mujer se enojó con él por ello”.
Asimismo, en el fallo se subrayó que “se trató de un hallazgo casual” de la droga ya que el allanamiento fue en busca de elementos de un robo, de los cuales no hallaron nada. “Ninguna inteligencia ni investigación se hallaba en curso contra ninguno de ambos imputados por infracción a la ley 23.73 y la pericia telefónica practicada sobre los celulares de la pareja no arrojó ninguna información relevante para la causa”.
Criminalización
“Es usual la llegada a juicio de mujeres involucradas en delitos en materia de estupefacientes en que claramente se identifica lo que en doctrina se ha denominado ‘problema de la novia’ o ‘la mujer de las circunstancias’”, refirió la jueza del Tribunal para abordar también este caso, y explicó que “se trata de supuestos en los que se verifica que las mujeres son criminalizadas como consecuencia de actividades ilícitas llevadas a cabo por los hombres con los que se relacionan o tienen un vínculo, sin importar el inocuo o casi nulo contacto de éstas con la droga”.
Asimismo, al analizar “las relaciones de poder, siempre presente al interior de las estructuras familiares de sesgo patriarcal”, encontró dos factores que ubican a Érika en una situación de vulnerabilidad.
“Por un lado -detalló-, la situación económica precaria, factor éste presente en ambos imputados y el entorno familiar de la imputada que fue determinante para que D., por la escasa paga de 35.000 pesos –necesaria para la subsistencia familiar a su cargo- facilitara su vivienda para la guarda del estupefaciente ajeno y se dispusiera a infringir la Ley”.
“Por otra parte, no es ocioso relevar que, en ese entorno y estructura familiar patriarcal, la subordinación de la mujer se halla ínsita en el marco de ese vínculo denominado de ‘amor romántico’, que imponen a la mujer los (mal denominados) ‘valores’ de obediencia, sometimiento a la decisión masculina, de sacrificio por los demás, todos ellos factores altamente vulnerabilizantes por añadidura a los que ya porta en solitario la encartada por sus precarias condiciones de vida y de salud mental”.
Finalmente, por todo esto, Berros se preguntó: “¿Podía K. hacer frente a la decisión asumida por su marido? ¿Podía realmente imponerse la noche anterior al allanamiento en que el material fue hallado e impedir que su marido negociara con los dueños de la droga por una paga e ingresara el tóxico a su hogar? Una respuesta negativa cabe a dichos interrogantes”, dijo.
Cada vez más mujeres presas por narcotráfico en Entre Ríos
En Entre Ríos, la cifra de mujeres alojadas en las ocho Unidades Penales roza los 100. Casi todas están alojadas en la vetusta cárcel N° 6 de Paraná, donde hace una década estaban detenidas menos de la mitad de esa cifra. La gran mayoría de ellas está por delitos relacionados la narcotráfico, sea por causas federales (en su mayoría por transporte de drogas) como provinciales (por la Ley de Narcomenudeo).
Esta situación se repite en todo el país y en el continente, tal como lo señaló con preocupación un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos citado por la jueza Noemí Berros en el fallo del caso de Érika K.: “Aún nos encontramos frente a serios problemas en torno al encarcelamiento femenino ya que éstas, una vez puestas en libertad se enfrentan aún a mayores desafíos para su reinserción en la comunidad, por la falta de redes de apoyo y discriminación, lo que deriva en falta de oportunidades que las coloca nuevamente en una situación de desventaja social y económica”.
En este sentido, acerca de la necesidad de incorporar una perspectiva de género en el juzgamiento de mujeres, sostuvo Berros: “Debemos entonces hacernos cargo cada uno desde nuestro rol, ni no queremos que dichos análisis y recomendaciones queden en letra muerta como meras expresiones de deseo”.