La justicia de Entre Ríos dictó una serie de restricciones preventivas para salvaguardar la integridad y estabilidad de los efectivos policiales que denunciaron presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos. La resolución, firmada el pasado 8 de mayo por el Juez de Garantías Nº 4, Dr. Julián C. Vergara, hace lugar a lo solicitado por el fiscal Gonzalo Badano, representante del Ministerio Público Fiscal, tras evaluar los antecedentes y el riesgo potencial para los denunciantes. Entre las medidas impuestas, el actual jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, tiene estrictamente prohibido ordenar, promover o ejecutar actos administrativos que alteren las condiciones de revista de los denunciantes identificados como VA, WR, OC, CD, MV, EF y JA.

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El fallo especifica que no se podrán realizar traslados de destino, cambios de turno, quita de adicionales ni aplicar medidas disciplinarias que carezcan de un sustento técnico y legal previo. Asimismo, el magistrado extendió la protección al ámbito personal, prohibiendo actos de hostigamiento, vigilancia o intromisión por parte de la autoridad policial, tanto en el lugar de trabajo como en la vida privada de los denunciantes y sus familias.

Vigencia y advertencia de detención

Estas restricciones tendrán una vigencia de noventa (90) días a partir de la fecha de la resolución. El Juez Vergara fue taxativo al advertir que, en caso de incumplimiento de cualquiera de estas normas, se ordenará la inmediata detención de González, bajo el cargo de desobediencia judicial (artículo 239 del Código Penal).

La causa principal investiga un posible sistema organizado de recaudación ilegal dentro de la División 911 y otras áreas, en lo que algunos sectores denominaron la causa de los "Adicionales Truchos".

La denuncia

Días atrás Juan Manuel Zunino, jefe de la División 911 y Videovigilancia de la Policía de Entre Ríos, quedó en el centro de una denuncia penal presentada por un grupo de policías, que acusan presunta malversación de fondos vinculados a los servicios adicionales que realizan los uniformados.

El jueves 30 se realizó la primera medida de prueba en la causa: la fiscalía se hizo de documentación en papel y digital en la División 911, en Paraná.

El escrito describe a Zunino como una figura con alto nivel de visibilidad, reconocimiento e influencia dentro de la estructura de seguridad, con vínculos con autoridades superiores, incluso en ámbitos del Ministerio de Seguridad y Justicia, es decir, del nivel político.

Según la denuncia, ese grado de inserción institucional permite inferir que los hechos señalados no serían conductas aisladas, sino parte de una estructura con capacidad para sostener, reproducir y eventualmente encubrir estas maniobras.

La presentación fue acompañada por una medida cautelar para resguardar la identidad de los denunciantes y solicitar que no se adopten represalias dentro de la fuerza. Además, los firmantes advirtieron que ponen en conocimiento hechos de “extrema gravedad institucional” que podrían configurar distintos delitos de acción pública.

La representación legal es del abogado Rubén Pagliotto, quien señaló que “la presente denuncia no implica la reiteración de hechos ajenos, sino que incorpora situaciones conocidas y vivenciadas por los comparecientes, que permiten ampliar, complementar y dotar de mayor precisión a la maniobra investigada, poniendo en evidencia la existencia de un sistema organizado de recaudación ilegal dentro de la División 911 y posiblemente de otras áreas de la institución policial”.

“En este marco, se formula denuncia penal contra los oficiales jefes de policía Juan Manuel Zunino, Alejandro Villarreal, Luján Micheloud, Alexis Minetti y César Gutiérrez, así como también contra todo otro funcionario que pudiera resultar responsable, por la posible comisión de los delitos de peculado (art. 261° CP); malversación de caudales públicos (Art. 260°); exacciones ilegales (art. 266° CP); abuso de autoridad (art. 248° CP); coacción (art. 149° bis CP); falsedad ideológica de instrumento público (art. 293° CP) y encubrimiento (art. 277° CP), y/o cualquier otra figura delictual que, dentro del contexto fáctico, pudiera surgir conforme avance la investigación. Asimismo, los tipos penales que eventualmente se configuren, lo serán tanto a título de dolo como de culpa, cualquiera haya sido el grado de participación criminal que le cupo a quienes resulten penalmente responsables”, se manifestó.

Adicionales Truchos

Pagliotto sostuvo que la denuncia “la hemos bautizado como la causa de los ´Adicionales Truchos´, emulando a la causa de los ´Contratos Truchos´. Es un caso escandaloso de corrupción y saqueo de fondos públicos, pero esta vez, con un rol protagónico de -algunos- de los altos mandos de la Policía de Entre Ríos, organismo que está bajo la órbita ministerial del Dr. Néstor Roncaglia, quien al menos, debería estar enterado de este criminal saqueo de fondos que han ido a parar a los bolsillos de algunos pocos bandidos, policías y civiles”.

“Se trata, reitero, de un hecho gravísimo desde el punto de vista institucional. Creemos que leyendo con atención la denuncia -que llevó muchos meses de arduo y responsable trabajo- podrá entenderse el mecanismo de saqueo, los personajes involucrados y la gravedad institucional del caso”, señaló y agregó: “Entendemos y estamos persuadidos que el gobernador Frigerio deberá tomar inmediatamente cartas en el asunto, haciendo honor a su remanida frase de que ‘este será el mejor y más honesto gobierno de la historia de Entre Ríos’”.