El extitular del Instituto Portuario de Entre Ríos, Juan Ruiz Orrico, fue visto circulando en bicicleta en la Ruta 39, en la zona donde ocurrió la tragedia fatal en la que murieron cuatro trabajadores. Según testigos se detuvo frente a los recordatorios de las víctimas, se persignó y luego continuó su recorrido.

Orrico fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión efectiva por el choque ocurrido el 20 de junio de 2024 sobre la Ruta Provincial 39, en el que murieron cuatro jóvenes de Basavilbaso. Pero no fue enviado a prisión, ya que apeló la resolución y se encuentra ahora en la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia. Si bien tiene libertad ambulatoria, debe cumplir con ciertas reglas de conducta. Una de ellas es no salir del departamento Uruguay sin autorización judicial.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 123 de la ruta 39. De acuerdo con lo acreditado durante el juicio, Orrico conducía un Volkswagen Passat oficial cuando invadió el carril contrario y colisionó de frente contra un Chevrolet Corsa en el que viajaban Brian Izaguirre, Lucas Izaguirre, Leonardo Almada y Axel Rossi, quienes fallecieron en el lugar mientras se dirigían a su empleo en la localidad de Pronunciamiento.

El video fue difundido por el sitio Uruguayenses.

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Una causa en la Justicia Federal

Además de la pelea judicial para reducir su condena por la tragedia vial, Orrico también batalla en la Justicia Federal contra una causa en su contra. Como informó UNO en julio de este año, en la Justicia Federal sigue abierta una investigación de largo aliento iniciada en 2019 tras una denuncia por presuntas irregularidades y defraudación en el dragado del Río Uruguay.

La causa, caratulada como “CARU Comisión Administradora del Río Uruguay y otros s/ a determinar”, se inició el 4 de julio de 2019 tras una denuncia presentada por el ingeniero, abogado y docente universitario Carlos Jaime Hartwig ante la Fiscalía Federal de Gualeguaychú.

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La denuncia apunta a presuntas irregularidades en las licitaciones para las obras de dragado del Río Uruguay, llevadas adelante por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Según la presentación original, existiría una "cartelización" de empresas que habría permitido adjudicar obras por un monto de 36 millones de dólares, cuando el precio de mercado internacional para tales tareas habría sido de 16 millones de dólares. Esta maniobra habría representado una defraudación a los estados argentino y uruguayo por un total de 19 millones de dólares.

En este proceso, Ruiz Orrico está investigado junto a otros exintegrantes argentinos de la CARU, como Mauro Héctor Vazón (actual presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos) y Jorge Diego Satto (secretario de Turismo provincial), además de Pieter Jan de Nul, representante de la empresa históricamente adjudicataria de las tareas de dragado. Los delitos bajo lupa incluyen fraude a la administración pública, asociación ilícita, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.