César Antonio Girolami, un contratista agropecuario de Federal de 60 años, admitió en un juicio abreviado en la Justicia Federal que sometió y explotó laboralmente a un hombre durante 10 años. Se trata de uno de los casos de trata laboral más conmocionantes de los últimos años en la provincia de Entre Ríos. La víctima fue un trabajador misionero de 45 años que fue sometido a una vida y un trabajo indigno en el establecimiento rural “Las Piedras”, perteneciente a la empresa Doña Inés S.A., ubicado en zona de Distrito Banderas, departamento Federal.

Si bien los hechos que reconoció Girolami son terribles, el castigo penal fue leve: tres años de prisión condicional. Es decir, evitó la cárcel. No obstante, acordó pagarle a la víctima la suma de 22 millones de pesos en concepto de reparación integral. Según la sentencia a la que accedió UNO, el contratista fue condenado por el delito de trata de persona mayor de 18 años con fines de explotación laboral, en la modalidad de captación y traslado, mediando abuso de sus situación de vulnerabilidad. Además de la pena condicional, la Justicia le aplicó una serie de reglas de conductas, como la fijación de un domicilio y someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP).

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Una vida de esclavo

La historia de L.C.T. comenzó en 2010, cuando su hermanastro le presentó a Girolami, contratista rural que buscaba manos fuertes para el trabajo en la estancia Doña Inés, en el departamento Federal. Sin embargo, encontraría una vida miserable: el empleador lo "depositó" en el paraje La Madrugada, a 15 kilómetros del casco de la estancia, en situación de aislamiento, en zona inundable, sin agua potable, sin sanitarios, sin luz eléctrica, con piso de tierra, habitando una choza de silo bolsa sujeta en palos, sin alimentación suficiente. La jueza Noemí Berros, que condenó a Girolami, calificó esas condiciones como "indignas e inhumanas".

El caso salió a la luz el 15 de diciembre de 2021, cuando una delegación departamental de la Secretaria de Trabajo llegó hasta allí ante la denuncia de dos empleados de dicha dependencia que vieron con asombro y angustia la forma de vida del hombre. Gonzalo Cruz Olier, delegado departamental de Trabajo, relató que al llegar al campo se encontraron con una escena inhumana. La víctima vivía en una choza construida con dos palos enterrados cubiertos por silo bolsas, sin agua potable ni energía eléctrica, además sin ningún tipo de mobiliario ni utensilio para sobrevivir. "Dejamos constancia de que se encontraba en condiciones indignas e inhumanas sin amparo ante las condiciones climáticas", informó el funcionario en la causa.

Allí, L.C.T. reveló que hace diez años vivía en esas condiciones. Precisó que lo hacía desde 2011 y que su trabajo consistía en la tala de árboles para la confección de postes de alambrado. Esa vida de abandono y explotación tenía sus marcas en el cuerpo: en esos años sufrió la amputación de algunos dedos de la mano.

Formalmente, la estancia fue allanada dos días antes de Navidad, el 23 de diciembre de ese año. Al lugar acudieron efectivos de Gendarmería Nacional Argentina y personal dependiente del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata.

En la causa fueron entrevistados varios trabajadores de la estancia, quienes señalaron a Girolami como el responsable de la situación de L.C.T. Además de describir las condiciones de vida de la víctima, aportaron otros datos, como que le pagaba "una miseria” que no le alcanzaba para comprar lo necesario para alimentarse y que "Girolami le descontaba dinero para los costos de la nafta y aceite para el uso de la motosierra".

Luego de que el predio fue allanado, revelaron que Girolami expulsó a la víctima del lugar. "Después de la inspección lo sacó y lo dejó afuera de la tranquera”, dijeron. Algunos de los trabajadores expresaron que estaban angustiados y preocupados por la víctima porque sabían de su condición de abandono, que no contaba con familia, y ellos habían generado un vínculo con él tras los años de su permanencia en el lugar. Relataron que ellos le alcanzaban agua, comida, ropa y cosas básicas.

El acuerdo de juicio abreviado

El acuerdo de juicio abreviado se formalizó el 17 de septiembre de este año ante el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Concepción del Uruguay, integrado por la vocal subrogante Noemí Marta Berros. El acuerdo fue presentado por la fiscal general María Josefina Minatta, la fiscal auxiliar Gabriela Agustina Velázquez; la Defensora Oficial Julieta Elizalde, en representación de la víctima; y el defensor del imputado, a cargo de Lucio Elian Graglia. La sentencia fue rubricada el 1° de octubre.

El pacto de juicio abreviado indicó que Girolami captó y trasladó a la víctima al menos desde 2011 hacia distintos campos hasta diciembre de 2021 con fines de explotación laboral, por lo que su conducta fue encuadrada en la figura prevista por el artículo 145 bis del Código Penal según la Ley N° 26.364, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Dicha Ley fue modificada en 2012 mediante la N° 26.842, que aumentó la escala penal, pero al contratista le aplicaron la que estaba vigente al momento en que se produjo la captación y traslado. Es decir, la ley más benigna, cuya escala penal iba de de tres a a seis años de prisión. A Girolami se le impuso el mínimo de esa escala penal: 3 años de arresto condicional por tratarse de su primera condena.

Al homologar el acuerdo de juicio abreviado, la jueza Berros valoró que el expediente contaba con un frondoso cuadro probatorio, entre los que mencionó los testimonios de trabajadores de la estancia y el informe técnico de las profesionales del Programa Nacional de Rescate, que entrevistaron a la víctima. "En su plan criminoso estuvo siempre presente ese fin de explotación laboral, que queda demostrado no sólo porque se trataba de empleo no registrado, ‘en negro’, con paga miserable, sino por las condiciones de precariedad y cosificación en que se sometió a vivir a la víctima: en el paraje La Madrugada, a 15 km del casco de la estancia, en situación de aislamiento, en zona inundable, sin agua potable, sin sanitarios, sin luz eléctrica, con piso de tierra, habitando una choza de silo bolsa sujeta en palos, sin alimentación suficiente; en condiciones –en definitiva- francamente indignas e inhumanas", concluyó la magistrada.

En cuanto a la reparación económica -el pago de 22 millones de pesos a favor de la víctima-, la jueza sostuvo: "A mi criterio, este aspecto de reparación del daño ocasionado por parte de quien, como Girolami, era quien se beneficiaba económicamente y lucraba con la explotación laboral de su empleado-víctima, debe ser homologado, pues ubica a este acuerdo y –en consecuencia- a este fallo más allá de su aspecto estrictamente punitivo o de castigo para trascender hacia una justicia restaurativa que, a la par, de su carácter reparador para la víctima, colabora para que el infractor condenado introyecte las consecuencias de su conducta ilícita dañosa". El titular de la estancia y otro empleado quedaron fuera de la acusación, ya que la víctima indicó que sólo respondía a las órdenes de Girolami.