Condena, excarcelación y reparación: nuevo fallo contra un militar entrerriano incluyó reclamo a Defensa y al Ejército

La Justicia Federal condenó nuevamente al militar a tres años y siete meses de prisión, ordenó su excarcelación, fijó una reparación de $57,7 millones para la víctima y exhortó al Ejército a revisar sus protocolos de género.

14:11 hs - Viernes 20 de Noviembre de 2026

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay dictó una nueva sentencia en el marco de la causa de Víctor Hugo Mercado (45), el ex suboficial entrerriano condenado por abuso en grado de tentativa de una joven en el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado N°2 "Coronel Zelaya", de Gualeguaychú. La investigación se inició en julio de 2021 a raíz de la denuncia realizada oportunamente por la víctima Y.P.V. Hubo una primera condena en 2025, que luego fue anulada por la Casación, que dispuso un nuevo pronunciamiento.abuso en grado de tentativa

En este nuevo fallo, los jueces exhortaron al Ministerio de Defensa, a cargo del teniente general Carlos Alberto Presti, y al Estado Mayor del Ejército, hoy a cargo del Almirante Marcelo Dalle Nogare, a "revisar sus protocolos de prevención en materia de violencia de género, y continuar con la capacitación de su personal con perspectiva de género".

Según la resolución a la que accedió UNO, el 17 de noviembre la magistratura impuso la pena de tres años y siete meses de prisión a Víctor Hugo Mercado. El tribunal estuvo presidido por el vocal ad hoc Julián Falcucci e integrado por las vocales ad hoc María Carolina Pereira y Gretel Diamante.

Dado que el militar fue detenido el 11 de noviembre de 2023 y permaneció en esa calidad hasta la fecha, el Tribunal entendió que "ha agotado en detención la pena aquí impuesta, que aún no se encuentra firme". Por ello, dispuso su inmediata excarcelación, bajo caución juratoria.

Asimismo, le impuso una reparación económica por el daño moral ocasionado a la víctima que consideró equivalente al salario percibido durante los más de cinco años por parte de Y.P.V. en el Ejército Argentino. En concreto, le deberá abonar a la joven la suma de $ 57.757.590.

Durante el proceso intervinieron la fiscal general ad hoc Gabriela Agustina Velázquez, en representación del Ministerio Público Fiscal, y la defensora pública oficial Julieta Elizalde, a cargo de la defensa del imputado.

El fallo declaró a Mercado -oriundo de Gualeguaychú- autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple en grado de tentativa en concurso real con lesiones psicológicas graves agravadas por haber sido ocasionadas a una mujer y por haber mediado violencia de género. Además de la pena privativa de la libertad, la sentencia dispuso su inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y el pago de costas.

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De la sentencia inicial de 2025 a las apelaciones

La causa atravesó un complejo trayecto judicial antes de alcanzar esta readecuación punitiva. El primer fallo fue el 8 de septiembre de 2025, cuando el mismo tribunal federal —integrado en esa oportunidad por los vocales Mariela Emilce Rojas, Jorge Sebastián Gallino y Noemí Marta Berros— dictó la Sentencia N° 14/2025.

En aquel veredicto inicial, Mercado fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua por considerar que el abuso sexual simple se había cometido en estado consumado. Asimismo, en el punto dispositivo V de esa resolución, los jueces resolvieron no hacer lugar a las medidas de reparación económica e integral solicitadas por el Ministerio Público Fiscal.

Frente a esa condena inicial, ambas partes interpusieron recursos de casación: el defensor técnico del imputado, Pablo Daniel Pérez, y la fiscal general María Josefina Minatta. Los recursos fueron concedidos y elevados a la Cámara Federal de Casación Penal.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal —conformada por los jueces Guillermo Yacobucci, Alejandro Slokar y Ángela Ledesma— resolvió los recursos mediante la sentencia del 2 de septiembre de 2026. Por mayoría, el tribunal de casación hizo lugar parcialmente al planteo de la defensa, casó el punto I de la sentencia de 2025 y recalificó el delito de abuso sexual simple a grado de tentativa, manteniendo el concurso real con las lesiones psicológicas agravadas por género. Como consecuencia, dispuso el reenvío a origen para que un tribunal con nueva integración fijara una nueva pena.

A su vez, Casación hizo lugar al recurso de la fiscalía y anuló el punto dispositivo V, ordenando que se emita un nuevo pronunciamiento sobre la reparación integral del daño. En su voto, el juez Yacobucci remarcó que el pedido reparatorio no fue sorpresivo para la defensa, pues constaba desde la elevación a juicio y en dictámenes de la Dirección de Recuperación de Activos de la PGN. Subrayó además que el artículo 29 del Código Penal busca evitar obligar a la víctima a recurrir a un juicio civil separado tras probarse el daño en sede penal.

La reciente sentencia dictada por los jueces Falcucci, Pereira y Diamante da cumplimiento directo al mandato de la alzada, readecuando la pena de prisión a 3 años y 7 meses.

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Exhorto al Ejército

En la resolución, el Tribunal exhortó a los órganos jurisdiccionales que intervengan en eventuales reclamos que la víctima formule contra el Ejército Argentino, frente al dato objetivo de que los hechos por ella padecidos "tuvieron lugar en un cuartel militar, el deber de actuar con diligencia reforzada, para evitar que el transcurso del tiempo conspire con la obligación estatal de dar respuesta integral a los derechos de la víctima".

Además, remitió copia de la sentencia al Ministerio de Defensa, y al Estado Mayor del Ejército, exhortándolos a "revisar sus protocolos de prevención en materia de violencia de género, y continuar con la capacitación de su personal con perspectiva de género".

Finalmente, se dispuso comunicar el fallo a la víctima a través de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), haciéndole saber las vías disponibles para reclamar la reparación al Estado Nacional y su posibilidad de requerir patrocinio jurídico gratuito conforme lo establece la Ley 27.372.