La justicia Federal dictó sentencia contra Diego Osmar Ferreira Meza, un ciudadano de nacionalidad paraguaya de 35 años, tras alcanzar un acuerdo de juicio abreviado por delitos cometidos en territorio provincial. El imputado, de ocupación albañil y residente en la localidad bonaerense de Moreno, reconoció su responsabilidad en una serie de delitos que vinculan el uso de vehículos con documentación apócrifa y la posesión de drogas.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay y fue el resultado de una audiencia celebrada mediante videoconferencia, en la que participaron la Fiscal General María Josefina Minatta, y la Defensora Oficial Julieta Elizalde. Durante el acto, Ferreira Meza, asesorado por su defensa, reconoció formalmente la existencia de los hechos que se le imputaban y aceptó la calificación jurídica acordada, lo que permitió evitar un juicio oral prolongado y la cárcel.

El tribunal, tras valorar la naturaleza de las evidencias reunidas —incluyendo peritajes técnicos y testimonios policiales—, así como las condiciones personales del acusado, quien carecía de antecedentes penales previos, decidió homologar el acuerdo entre las partes. La resolución fue firmada por la vocal subrogante Noemí Marta Berros.

Los hechos que admitió ante la Justicia

La investigación que llevó a la condena de Ferreira Meza se desglosó en tres hechos delictivos ocurridos en un lapso de apenas una semana durante el año 2019.

El primer incidente se registró el 16 de abril de 2019, alrededor de las 9:30 horas. Personal del Puesto Caminero “San Jaime” de la Policía de Entre Ríos, apostado en la Ruta Nacional N° 127, interceptó un automóvil Renault Duster Oroch conducido por el ahora condenado. Al solicitarle la documentación, Ferreira Meza exhibió una Cédula de Identificación Automotor y una Cédula para Autorizado que, tras una consulta en el sistema de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (D.N.R.P.A.), resultaron ser fraudulentas.

Los agentes descubrieron que los números de control de las cédulas pertenecían en realidad a otros vehículos y que las chapas patentes colocadas no correspondían al número de chasis y motor del rodado. Peritajes posteriores confirmaron que los documentos eran reproducciones de chorro de tinta con firmas de funcionarios inexistentes.

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El segundo y tercer hecho ocurrieron el 23 de abril de 2019, cerca de la una de la madrugada. Ferreira Meza fue interceptado nuevamente, esta vez en la Ruta Provincial N° 12 (km 119), al mando de una camioneta Volkswagen Amarok. Al igual que en el caso anterior, el conductor presentó documentación apócrifa.

La gravedad de este segundo episodio aumentó cuando se verificó que la camioneta poseía un pedido de secuestro vigente por robo, datado del 21 de marzo de ese mismo año. Las pericias metalográficas confirmaron que, aunque el motor y chasis no estaban adulterados, el dominio real del vehículo tenía un historial de sustracción.

Durante el procedimiento del 23 de abril, la situación del imputado se complicó aún más. En una inspección minuciosa del vehículo con el apoyo del can detector de narcóticos “Athos”, el animal reaccionó de forma positiva en la zona del paragolpes trasero del lado derecho.

Al revisar el interior de la estructura del vehículo, los funcionarios policiales hallaron una bolsa de nylon blanco que contenía dos trozos compactos de marihuana. El pesaje oficial de la sustancia arrojó un total de 146,5 gramos, lo que motivó la imputación por tenencia de estupefacientes.

Considerando el concurso real de los delitos de uso de documento público falso reiterado y tenencia de estupefacientes, la justicia condenó a Meza a la pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional.

A pesar de que el condenado recuperó su libertad inmediata tras la firma del acuerdo, la sentencia le impone estrictas reglas de conducta que deberá cumplir durante el término de la condena para no perder el beneficio de la libertad condicional: fijar un domicilio estable, el cual no podrá modificar sin previa notificación y autorización del Tribunal; abstenerse del consumo de estupefacientes y evitar relacionarse con personas vinculadas al tráfico o consumo de sustancias ilícitas; y someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP).

Además, el fallo ordena que se labre el acta compromisoria correspondiente en la Unidad Penitenciaria N° 19 de Saavedra, donde el imputado se encontraba detenido preventivamente a disposición de otra jurisdicción, para asegurar su efectivo conocimiento de las restricciones impuestas.