Las imágenes difundidas a mediados de marzo frente a la sede central de PAMI, en CABA, donde ex combatientes de Malvinas que reclamaban regularización en la atención médica terminaron recibiendo gas lacrimógeno por parte de efectivos de la Policía porteña, es una muestra de la eterna discordancia argentina entre el discurso y las acciones. En enero el Gobierno nacional había anunciado la “Agenda Malvinas 40 Años”, una plataforma virtual para dar a conocer el programa de actividades oficiales que se desplegará en Argentina y distintos países del mundo durante 2022, que cuenta con información documental y audiovisual sobre la Cuestión Malvinas y permite sumar propuestas de acciones. También se presentó, bajo el lema “Malvinas nos une”, el sitio homónimo.

Frente a PAMI los veteranos reclamaban nada menos que el cumplimiento de la Resolución 191/05 por la cual el organismo previsional puso en marcha el Programa Nacional de Atención al Veterano de Guerra para la asistencia médica de los combatientes y su grupo familiar, una de las decisiones más aplaudidas del gobierno de Néstor Kirchner quien dispuso el primer censo nacional de veteranos para poder encarar una política de reconocimiento y atención tras largos años de “desmalvinización”. A partir de esta medida se supo que los combatientes eran 25.528, de los cuales 43% no tenía vivienda y 36% sufría problemas de salud. Este número fue posteriormente depurado y quedó en 23.000. La gestión Kirchner también triplicó los montos de las pensiones honoríficas, les dio seguridad social y asignaciones familiares. El registro de Anses da cuenta hoy de 24.000 pensiones vitalicias equivalente a tres jubilaciones mínimas otorgadas a personas que hayan estado destinadas en Malvinas o en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, y a civiles que hayan cumplido servicio y funciones en esos lugares y a los familiares de los caídos. En teoría, la atención de PAMI al veterano cubre prestaciones médico asistenciales, apoyo social y actividades preventivas a 19.000 excombatientes afiliados y a sus familias, con elección libre de prestadores, aunque los reclamantes aseguraron que esto no se cumple, que los servicios se cortan y que les cobran adicionales cuando las prestaciones deberían ser gratuitas.

A 17 años de la citada reivindicación, los veteranos no solo deben soportar una atención deficiente y la quita de prestaciones sino también los palos policiales como si ya no hubiesen sufrido suficiente desdén y desamparo. No hay que olvidar que, al terminar el conflicto, quedaron sin ningún tipo de ayuda económica, médica ni psicológica; que fueron intencionalmente invisibilizados por quienes los enviaron al frente y no solo sufrieron discriminación y rechazo social, sino que fueron escondidos “por perder la guerra” en esa típica actitud argentina de “triunfalismo futbolero”.

Tras 40 años hoy se sabe que participaron de la Guerra del Atlántico Sur contra Gran Bretaña (EE.UU, OTAN … y Chile) 23.000 combatientes, más un grupo de soldados no reconocidos que excederían los datos del Ministerio de Defensa. Hubo 649 caídos, 323 murieron en el hundimiento del ARA General Belgrano. Entre los sobrevivientes, muchos se quitaron la vida. Pero de esto tampoco hay estadísticas porque era otra de las cosas a barrer debajo de la alfombra. Los centros de veteranos hablan de entre 300 y 500 suicidios, cifra cercana a los muertos en combate. La primera etapa de la democracia los vio como marginales, luego les dieron atención paliativa y luego de muchos años llegó un reconocimiento que esta gestión nacional no debería soslayar ni olvidar.

En Entre Ríos, el jueves, se oficializó una mejora económica para los excombatientes. Se llevó de tres a cinco sueldos mínimos su pensión, actualizando una norma de 2016. La medida, con fecha oportunista, partió de un insistente reclamo de los excombatientes, pero en los discursos se habló -como mérito de la clase política- la “celeridad” en la atención de la demanda, tal vez en espera de un aplauso. Como honra una sociedad a sus héroes, habla mucho de ésta. Los sobrevivientes, más allá del tema económico, piden que no se los desatienda y, sobre todo, que no se los olvide.