Miles de estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores no docentes coparon las calles en distintos puntos del país para exigir la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La jornada tuvo su epicentro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, frente al Congreso de la Nación, pero resonó con fuerza en las provincias. En Paraná, la protesta culminó con una multitudinaria concentración pacífica frente a la Casa de Gobierno.

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La Marcha Universitaria se replicó en Paraná

En la capital de Entre Ríos, la convocatoria se desarrolló sin incidentes y reunió a una nutrida columna de la comunidad académica local. Las consignas estuvieron enfocadas en la actualización urgente de los salarios docentes y no docentes, la recomposición de las becas estudiantiles y la restitución de los fondos operativos indispensables para el sostenimiento de las universidades públicas.

Durante el acto central en suelo entrerriano, los referentes gremiales y estudiantiles coincidieron en señalar que la legislación en disputa cuenta con el respaldo tanto del Poder Legislativo como de diversos pronunciamientos de la Justicia, por lo que cuestionaron duramente la demora del Poder Ejecutivo en avanzar con su reglamentación y aplicación efectiva.

Por el contrario, el panorama en la Ciudad de Buenos Aires estuvo marcado por momentos de alta tensión. Mientras se desarrollaba la quinta Marcha Federal Universitaria frente al Palacio Legislativo, se registraron enfrentamientos sobre la avenida Rivadavia –entre Callao y Rodríguez Peña– entre un grupo de manifestantes y efectivos de la Gendarmería Nacional. Los disturbios se originaron cuando algunas personas arrojaron objetos contundentes contra el vallado de seguridad dispuesto en la zona. La respuesta de las fuerzas federales incluyó el uso de gases lacrimógenos, balas de goma y el despliegue de un camión hidrante.

A pesar del operativo y de los cruces, los incidentes ocurrieron en un sector periférico, apartado del escenario principal. De este modo, las autoridades académicas y los oradores continuaron con el cronograma previsto y procedieron a la lectura de un documento conjunto que centralizó las demandas del sector.

Uno de los ejes más sólidos expuestos en los documentos leídos durante la jornada fue la pérdida sostenida del poder adquisitivo frente a la inflación y los incrementos de tarifas.

Consignas en medio de la movilización

Gremios universitarios presentaron cifras concretas para dimensionar el retraso en las remuneraciones. Como ejemplo testigo, detallaron que un ayudante de primera con dedicación semiexclusiva percibió en octubre un salario básico bruto de 561.659 pesos, una cifra que dista notablemente de los 741.111 pesos que, según los cálculos gremiales, deberían percibir en caso de aplicarse formalmente los lineamientos de la ley cuestionada.

Asimismo, el documento oficial criticó las proyecciones presupuestarias previstas, exigiendo un incremento del 33,4% en el presupuesto educativo respecto de la propuesta original enviada por el Gobierno nacional.

La preocupación del arco universitario también abarca el flanco social y de investigación: se reiteró el reclamo por el congelamiento del valor de las Becas Progresar en 35.000 pesos, una suma considerada insuficiente frente a la canasta básica actual, y se advirtió sobre la falta de recursos para sostener los programas de apoyo estudiantil y los proyectos científicos en curso.