El vocal del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Eduardo López Segura, reclamó que se investigue “hasta las últimas consecuencias” la denuncia penal presentada contra el exdirector de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Marcelo Casaretto, y otros cinco exintegrantes de la conducción del organismo.

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La presentación fue realizada por María Estrella Martínez de Yankelevich, exjefa del Departamento Despacho de ATER, quien reconoció mediante un juicio abreviado su participación en las maniobras investigadas. Además de Casaretto, la denuncia alcanza a quienes estaban al frente de las áreas de Impuestos, Fiscalización Tributaria, Informática, Jurídica e Interior.

“Una persona condenada asegura que las maniobras no podían realizarse sin conocimiento de las máximas autoridades. No alcanza con descalificarla: la Justicia debe investigar”, sostuvo López Segura.

López Segura y las acusaciones sobre el funcionamiento de ATER

Según la denuncia, los empleados administrativos no podían por sí solos alterar datos de contribuyentes, modificar cuentas corrientes, hacer circular expedientes y resoluciones ni concretar compensaciones tributarias fraudulentas sin intervención de niveles superiores.

La denunciante también habría señalado que Casaretto y otros directores contaban con claves de mayor jerarquía para operar dentro del sistema.

“No fue una irregularidad aislada cometida con una lapicera en una oficina. Se modificaban cuentas tributarias, se simulaban compensaciones y se cancelaban deudas mediante créditos inexistentes o sin respaldo administrativo”, afirmó el dirigente.

López Segura recordó que la causa investigó maniobras realizadas entre 2004 y 2014 y que el perjuicio estimado alcanzaría unos 46 millones de pesos a valores nominales de aquellos años.

También pidió analizar los patrimonios

Otro de los puntos incluidos en la presentación apunta a la evolución patrimonial de Casaretto, de los restantes directivos y de otras personas que pudieran estar vinculadas con las maniobras, con el objetivo de determinar eventuales beneficios derivados del fraude.

“Casaretto debe explicar qué actividades e ingresos tuvo durante sus décadas en la función pública y cómo construyó su patrimonio”, sostuvo López Segura, quien aclaró que su planteo no implica afirmar que el exfuncionario se haya enriquecido ilegalmente.

“Si todo su patrimonio tiene un origen legítimo y guarda relación con sus ingresos declarados, Casaretto debería ser el primer interesado en exhibir la documentación y terminar con cualquier sospecha”, agregó.

El vocal del IAPV también cuestionó la respuesta de Casaretto, quien habría planteado que su denuncia original de 2014 lo exime de cualquier sospecha. López Segura sostuvo que la nueva presentación plantea una hipótesis diferente y que corresponde que sea la Justicia la que determine su veracidad.

Reclamo de explicaciones

Finalmente, López Segura vinculó el caso con las aspiraciones electorales del exdirector de ATER y sostuvo que quienes buscan ocupar cargos de responsabilidad pública deben rendir cuentas sobre su actuación.

“Casaretto tiene derecho a defenderse y a que se respete su presunción de inocencia. Pero los entrerrianos también tenemos derecho a saber qué conocía sobre el fraude, cómo fallaron los controles, quiénes se beneficiaron y cómo evolucionó el patrimonio de quienes conducían ATER”, concluyó.