En diálogo con UNO, María Paula Armándola denunció ser víctima de una persecución sistemática, violencia institucional y una campaña de desprestigio impulsada por las actuales autoridades del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos (Ccpier), con hechos que (según afirmó) se remontan a agosto de 2025.

La ex presidenta del Colegio, quien además fue la primera mujer en ocupar ese cargo, aseguró que nunca fue candidata en el último proceso electoral y que, aun así, comenzó a ser blanco de acusaciones públicas. "Siempre dije que no iba a ser candidata en la renovación de autoridades. Sin embargo, desde agosto empezaron a circular noticias donde se me acusaba de robar y de haber realizado una mala gestión", sostuvo.

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Ex presidenta del Colegio Inmobiliario asegura ser víctima de hostigamiento institucional

En ese sentido, rechazó las acusaciones sobre el uso indebido de fondos institucionales y explicó que todas las decisiones administrativas fueron tomadas en el marco del consejo directivo. "Se me acusó de haber comprado ropa para mi hijo o perfumes, cosas que no corresponden. Pero todos los resúmenes están a disposición para ser verificados. Fue una decisión institucional para centralizar gastos y tener control", afirmó.

De acuerdo a su relato, estas acusaciones formaron parte de un proceso más amplio que incluyó presentaciones internas dentro del Colegio que luego, según señaló, se replicaban en medios de comunicación con el mismo contenido, generando un circuito de exposición pública que afectó su imagen profesional y personal.

Armándola vinculó el origen del conflicto con la desvinculación de la asesoría legal del Colegio, una medida que (según explicó) se realizó conforme a los procedimientos formales. "La desvinculación se hizo como corresponde: reunión de consejo directivo, votación y acta. A partir de ahí comenzaron una serie de hechos, incluso la vulneración de dispositivos informáticos del Colegio, que derivaron en denuncias penales", indicó.

En ese marco, también señaló que tras esa decisión se habrían producido accesos indebidos a herramientas informáticas institucionales, lo que motivó presentaciones judiciales paralelas vinculadas a la protección de la información del Colegio.

Además, denunció una maniobra reiterada de exposición pública: "Se presentaban notas con difamaciones dentro del Colegio y al día siguiente aparecían publicadas en medios. Eran las mismas personas".

Uno de los puntos más conflictivos fue la desaprobación del balance de su gestión, pese a que (según remarcó) cumplía con todos los requisitos legales. "El balance estaba auditado interna y externamente, pasó por el Consejo de Ciencias Económicas y fue presentado como corresponde. Sin embargo, fue desaprobado sin ninguna objeción técnica, lo cual no tiene antecedentes", explicó.

En relación a este punto, sostuvo que la desaprobación constituye una situación atípica dentro del funcionamiento institucional, ya que (según explicó en su presentación judicial) los balances suelen ser observados con objeciones concretas que permitan su revisión o corrección.

Ante esta situación, recurrió a la Justicia. "No fue por capricho. Presenté una acción de certeza porque no existe un escenario legal para un balance desaprobado sin objeciones".

La presentación judicial, según consta en el expediente en trámite en el fuero civil y comercial de Paraná, busca precisamente que se determine el encuadre legal de esa situación, ante la ausencia de antecedentes normativos en la provincia.

También cuestionó que las actuales autoridades hayan utilizado canales institucionales para comunicar una versión distorsionada de esa presentación. "Le dijeron a los matriculados que fui a la Justicia porque no me gustó la desaprobación, lo cual es falso", afirmó.

Según indicó, estos mensajes habrían sido difundidos mediante correos electrónicos y otros canales oficiales del Colegio, alcanzando a la totalidad de los matriculados de la provincia.

En relación a su rol en el Consejo de la Magistratura, denunció un intento de remoción que consideró irregular. "Mi lugar es personal, no institucional. Fui elegida como persona. Si dejo el cargo, entra mi suplente, no alguien designado por el Colegio", explicó.

Según indicó, el propio consejo directivo había definido realizar una consulta formal, pero luego se envió una nota con un contenido distinto. "La nota hablaba de destituirme y designar a otra persona, algo que no fue lo que se decidió. Eso demuestra un accionar arbitrario", señaló.

De acuerdo a su planteo, su designación se produjo a través del mecanismo de representación de la asamblea correspondiente, donde se eligen listas con titulares y suplentes, por lo que su continuidad no dependería de decisiones administrativas posteriores del Colegio.

Armándola también enmarcó los hechos en un contexto de violencia de género. "Desde que asumí enfrenté comentarios misóginos. Siempre dije que uno de los mayores obstáculos fue la misoginia dentro del ámbito institucional", expresó.

En ese sentido, vinculó las situaciones actuales con antecedentes previos durante sus gestiones, en los que (según afirmó) debió enfrentar cuestionamientos vinculados a su condición de mujer dentro de un ámbito tradicionalmente masculino.

Además, aseguró que el hostigamiento se extendió a su vida personal. "Están atacando mi nombre, mi familia y mi trayectoria. Hay notas que involucran a personas de mi entorno con el único objetivo de dañarme".

En la denuncia presentada, también se mencionan publicaciones periodísticas, mensajes y comunicaciones que (según sostiene) habrían contribuido a instalar una imagen negativa sobre su gestión, tanto a nivel provincial como en ámbitos institucionales de alcance nacional.

En ese marco, denunció situaciones de hostigamiento directo y solicitó medidas de protección judicial. Entre ellas, el cese de conductas intimidatorias, la rectificación de información difundida, la eliminación de contenidos digitales considerados lesivos y restricciones de acercamiento hacia uno de los integrantes del Colegio.

Asimismo, la presentación judicial incluye pedidos vinculados al derecho a réplica y a la reparación del daño reputacional, tanto en el ámbito institucional como en medios de comunicación.

Finalmente, sostuvo que el conflicto se agravó tras el cambio de autoridades. "Yo pensé que esto iba a terminar cuando dejara el cargo, pero en enero empezaron a usar la estructura institucional para seguir difamándome", afirmó.

En esa línea, consideró que el recambio dirigencial no implicó una disminución del conflicto, sino una continuidad (e incluso profundización) de las acciones que denuncia.

Y concluyó: "Quiero que dejen de hostigarme, que se rectifiquen las mentiras y que no utilicen más el aparato institucional para dañar mi nombre. Hoy lo que se le dice a mis colegas es que yo robé, y eso es absolutamente falso".

La denuncia tramita en el Juzgado Civil y Comercial N° 4 de Paraná (Expediente 27025) e incluye pedidos de medidas urgentes, entre ellas el cese de la difamación, derecho a réplica, eliminación de contenidos digitales y restricciones de acercamiento.