El abogado y referente de UCR Activa Entre Ríos, Rubén Pagliotto, presentó este lunes 20 de julio un pedido formal de acceso a la información pública ante la ministra de Desarrollo Humano de la provincia, Verónica Berisso. La solicitud busca que el Gobierno precise los términos de la contratación de la firma Teknofood SA, encargada de proveer alimentos para el servicio de desayuno y merienda en los comedores escolares entrerrianos.

Pagliotto fundamentó su requerimiento en el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en la gestión de fondos públicos. Según el letrado, la transparencia administrativa no representa una “concesión graciosa”, sino una obligación jurídica derivada del deber de rendir cuentas sobre recursos que impactan directamente en la alimentación de miles de estudiantes de la provincia.

Los puntos clave del pedido

El documento presentado solicita información detallada sobre 24 puntos específicos de la contratación, entre los que se destacan la modalidad de contratación con la intención de determinar si el proceso se realizó mediante licitación pública, concurso de precios o contratación directa. En caso de ser una adjudicación directa, se exige conocer la causal legal invocada. El pedido además, insta a revelar el monto total del contrato, el precio unitario de cada producto, la cantidad de raciones comprometidas y el número total de escuelas y alumnos beneficiados y también se solicitó informar si existieron otros oferentes y cuáles fueron los parámetros de evaluación para seleccionar a Teknofood SA, publica APF Digital.

Control de calidad y sanciones

Otro eje central de la solicitud radica en los mecanismos de control de calidad e inocuidad alimentaria de los productos entregados

Pagliotto pidió precisiones sobre cómo se fiscalizará el cumplimiento de las entregas y cuáles son las sanciones o multas previstas, incluyendo la posibilidad de rescisión contractual, ante eventuales faltas de la empresa

Finalmente, el referente radical dejó formulada una reserva para promover acciones judiciales en caso de que el Gobierno provincial mantenga silencio o brinde una respuesta incompleta o infundada, apelando a las responsabilidades derivadas del incumplimiento de los deberes de acceso a la información pública