Al igual que Agmer, los docentes de escuelas privadas manifestaron disconformidad con la propuesta salarial realizada por el gobierno, que prevé un aumento del 28% en dos tramos. La seccional Entre Ríos del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) expresaron esta decisión a través de un comunicado enviado a UNO.

En la última audiencia paritaria, realizada en la Secretaría de Trabajo, el gobierno propuso a Agmer, Sadop, UDA y AMET un aumento del 28% para el primer semestre (18% con los haberes de marzo y 10% con los de junio) y volver a reunirse en julio. Si la inflación supera ese porcentaje antes de junio se adelantará el diálogo. Se pasó a un cuarto intermedio hasta este viernes 17 de febrero, cuando las partes deberían volver a encontrarse.

"En el marco del proceso paritario iniciado por el gobierno de Entre Ríos, la secretaria general de Sadop Entre Ríos, Alejandra Frank, y la secretaria gremial, Katerina Ghibet Arce, se dirigieron al presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller, mediante nota formal presentada a fin hacerle saber la posición que hemos asumido desde la conducción provincial del sindicato", informaron.

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En tal sentido expresaron que consideraron que la propuesta formulada "ha sido considerada como insuficiente luego de realizar la consulta pertinente a las bases a través del cuerpo de delegadas y delegados provinciales".

Para Sadop, "la difícil situación económica que surge de la crisis inflacionaria que vive la República Argentina, ha deteriorado sensiblemente la capacidad de compra del salario de las y los docentes, por ello se hace necesario adoptar medidas que corrijan tal situación".

"Ante tal coyuntura, debemos dar continuidad a la instancia de diálogo para que a la brevedad nos sea concedida una recomposición salarial que proteja la capacidad de compra de los y las trabajadores de la educación provincial y así poder vivir dignamente con justicia social y equidad", continuaron.

Asimismo, propusieron que la paritaria se realice mejorando el piso salarial, de tal forma que supere el índice de inflación del corriente año y se efectúe "una recomposición del salario teniendo en cuenta la pérdida del poder adquisitivo registrado en los últimos años capaz de proteger la capacidad de compra de las y los trabajadores".