El martes 20, a partir de las 12, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio POlítico y Peticiones, poderes y Reglamento y la de Trabajo, seguirán debatiendo el expediente 29.702 sobre el proyecto de modificación del Código Procesal Laboral de la Provincia de Entre Ríos.

La reunión se realizará en el salón de los pasos Perdidos. En esta oportunidad fueron invitados para exponer sobre el tema Miriam Clerici, presidenta del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER); Carolina Díaz jefa de Asesores de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Ignacio Subizar, gerente de Administración de Comisiones Médicas (CCMM) y Mauricio Benintende, presidente del Centro Comercial e Industrial de Paraná (CeCIP).

El miércoles pasado, la comisión presidida por Gabriela Lena comenzó el análisis de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que propone modificar artículos del Código Procesal Laboral de Entre Ríos, establecido por la Ley Provincial Nº 5.315 y sus modificatorias.

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De la reunión anterior, desarrollada el miércoles 14, participaron el presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER), Santiago Esquivel; el director del Instituto de Derecho del Trabajo de esa entidad, José Ruiz; y representantes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (CPCEER), Edgardo Oneto, José María González y Mariela Gras. También asistió la subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la Cámara, María Alejandra Viola.

Del mismo modo, en representación del Poder Ejecutivo, participaron el coordinador de Asuntos Legales Estratégicos de la Secretaría General de la Gobernación, Matías Plugoboy, y el coordinador Legal y Administrativo del mismo organismo, Jorge Yuri. El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso no pudo asistir por motivos de agenda.

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La iniciativa

La propuesta "busca fortalecer las garantías del debido proceso y adecuar el sistema de pericias médicas a la legislación nacional en causas por riesgos del trabajo", indica el proyecto. Entre sus principales modificaciones, elimina la exigencia de depositar el capital de condena o garantizarlo mediante bienes como condición para que el empleador acceda al recurso de apelación. De este modo, la admisibilidad de la revisión dependería de “requisitos procesales objetivos”, sin barreras patrimoniales para acceder a una instancia superior.

Otro de los ejes del proyecto es la creación de tres cargos para conformar un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos en el Poder Judicial. Sus integrantes -de acuerdo a la propuesta- accederían mediante un concurso público de oposición y antecedentes y percibirían una remuneración fija. El esquema apunta a garantizar la independencia profesional, la aplicación obligatoria de la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales y una mayor rigurosidad técnica en los dictámenes. Además, se propone eximir al Estado provincial y a sus organismos del pago de la Tasa por Actuaciones Judiciales.