La crisis que atraviesa la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (OSFA) -creada por el Ejecutivo tras la disolución del IOSFA- volvió a quedar expuesta en los Tribunales Federales de Paraná, donde continúan multiplicándose los amparos presentados por afiliados ante incumplimientos en prestaciones, demoras en tratamientos y problemas de cobertura médica. El escenario judicial refleja el deterioro financiero y operativo que arrastra la obra social militar desde hace años y que se profundizó en los últimos meses, en medio de una creciente deuda con prestadores y de cambios en su conducción. En ese contexto, el Gobierno nacional sufrió el martes una nueva baja con la renuncia a la presidencia de la obra social del general de brigada retirado Sergio Maldonado.

Al 31 de marzo, según informó en Diputados el Ministerio de Defensa, la deuda de OSFA ascendía a $248.600.811.333,39. El pasivo incluye $16.290 millones en reintegros, $161 millones en servicios básicos, $178.961 millones en gasto prestacional y funcionamiento, y $53.187 millones en préstamos del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).

La palabra de un afiliado

En diálogo con UNO, Omar Barbero, vocero de los afiliados de OSFA en Paraná, indicó que en Entre Ríos existen alrededor de 26.400 afiliados, concentrados principalmente en Paraná y el área metropolitana, aunque también distribuidos en distintas localidades de la provincia. Sostuvo que la crisis que viven los afiliados entrerrianos “se replica a nivel nacional” y cuestionó el manejo que tuvo la obra social desde su creación. Según afirmó, OSFA funciona como un instituto autárquico, sostenido exclusivamente con los aportes de sus afiliados y sin financiamiento directo del Estado nacional.

"Desde que se creó el famoso IOSFA (NR: hoy disuelto), creado por Cristina Kirchner, y sus allegados en ese momento, en 2013, fue una gran caja monetaria con altibajos. A partir de que este país comenzó a transitar la democracia, fueron civiles los ministros de Defensa. Entonces, cada uno hacía lo que quería", planteó.

El referente afirmó además que la deuda de OSFA se incrementó de manera exponencial en los últimos años, cercano a los 250 mil millones de pesos, a lo que se sumaría un préstamo de 50 mil millones otorgado desde la caja previsional militar para intentar sostener el funcionamiento del organismo. “La situación se agravó al punto de que el año pasado comenzaron a cortarse coberturas médicas y prestaciones”, señaló Barbero.

En cuanto a la situación en la provincia, indicó que, hasta noviembre del año pasado, la obra social militar le debía a la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER) unos "600 millones de pesos". "A los bioquímicos se les debía aproximadamente la mitad. Estaban todos los servicios cortados. Al día de hoy seguimos yendo al hospital público. En Paraná tenemos la suerte que tenemos el Hospital Militar. Si no tenés el hospital hay que recurrir al médico particular, cuya consulta ronda entre 40 y 60 mil pesos. En el sur de la provincia a una pensionada un médico le llegó a cobrar 90 mil pesos una consulta", completó.

En cuanto a la deuda con FEMER, refirió que "ya está pagada", pero que el problema es que la entidad que nuclea a los médicos "quiere un convenio nuevo" con la obra social. "Por eso es que seguimos sin médicos a nivel provincia. Los laboratorios, los bioquímicos, sí están trabajando", añadió.

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El reclamo por una auditoría en OSFA

El vocero de los afiliados en Paraná también reclamó una auditoría externa independiente para conocer el estado real de las cuentas de la obra social. Sin embargo, sostuvo que hasta el momento no existe voluntad política para avanzar en ese sentido. "Las asociaciones de afiliados hicimos un recurso de amparo a nivel nacional hace más de 6 años, que salió en diciembre del año pasado, y Osfa no le dio ni cinco de bolilla, y todavía seguimos en danza. El juez sigue acumulando pruebas, pero no le pone el moño al reclamo. Si pedís una auditoría a la obra social para saber en qué situación estamos al día de hoy, los auditores los ponen ellos (por Osfa). No permiten que venga una auditoría externa, ni de la Sindicatura General de la Nación, ni de ningún lado más. Por eso tenemos los problemas que tenemos, porque nadie sabe qué pasa".

Otro de los puntos cuestionados fue la posibilidad planteada desde el Ministerio de Defensa, Luis Petri, de vender activos de la obra social, como hoteles y propiedades, para afrontar la crisis financiera. Para Barbero, esa alternativa no resuelve el problema de fondo y significaría desprenderse de bienes construidos con el aporte histórico de los afiliados.

"El ministro Petri dijo que tenía la fórmula para revertir la situación y hasta ahora no la vimos nunca. Las decisiones que llevaron a esta crisis es simple: alguien se llevó la plata. Esto es un secreto de cinco o seis personas. El presidente todavía no descubrió quién se llevó la plata. Por eso tenemos la crisis esta. Estamos rodeado de gente que en vez de tener amor a la patria, tiene amor a la plata", refirió.

Asimismo, sostuvo que el actual esquema de funcionamiento genera un fuerte desequilibrio financiero porque parte del personal militar en actividad utiliza simultáneamente prestaciones de sanidad militar y de la obra social.

Finalmente, el representante de los afiliados insistió en la necesidad de reformar la conducción de OSFA y permitir la participación de sectores que, según afirmó, hoy no tienen representación en las decisiones del organismo. "No existe documentación fehaciente, ni decreto, ni ley, ni papelito bajo el cajón del escritorio que diga que los oficiales tienen que ser dueños de la obra social ni de la caja de jubilaciones militar. Lo único que existe es un decreto del año 2013 que dice que el personal a ocupar cargos en la mesa directiva de IOSFA o de la obra social tiene que ser idóneo para el cargo a ocupar, nada más. Se lo hemos reclamado al presidente: tiene que dar lugar a que suboficiales salidos del común, de los afiliados, estén a cargo en un puesto en la obra social, en un puesto jerárquico", cerró.