El gobierno nacional cerró el 77% de las oficinas de Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) en lo que va de 2024. Con más de una década de existencia, se volvieron una espacio crucial para que personas de diversos puntos del país, y sectores socioeconómicos vulnerables, puedan tener asesoría legal de manera gratuita.

Ya que se trata de una política federal, Entre Ríos también contaba con sus sedes. En este marco, UNO conversó con el abogado laboral Lisandro Mobilia, integrante del CAJ de Paraná, para conocer el rol del espacio, si hubo despidos y cómo es el trabajo cotidiano.

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—¿Cómo es el trabajo en las oficinas de Acceso a la Justicia? ¿Cuántas había hasta diciembre de 2023 y cuantas hay en la actualidad?

—Para entender el trabajo de Acceso a Justicia hay que remontarnos a 2013 cuando en Paraná se asienta esta política estatal de Derechos Humanos, y que ya cuenta con 11 años de vida, donde transcurrieron diferentes gestiones, cuatro gobiernos democráticos elegidos por la sociedad y con distintas visiones pero siempre con la idea de llegar a lugares y personas donde el Estado no tiene o tenía presencia y donde al Poder Judicial le es inviable e imposible llegar. Todos los CAJs del país están asentados en zonas y lugares muy vulnerables y de mucha fragilidad social.

Los CAJs se componen por equipos técnicos que en general son de cinco integrantes: un abogado, una trabajadora social, una psicóloga y una administrativa, reforzándose el profesional de acuerdo a la demanda de consulta a atender: uno o dos abogados, una trabajadora social, una psicóloga y uno o dos administrativos. Este es o era el formato base.

Desde diciembre 2023 hemos venido sufriendo la embestida del gobierno nacional diezmando esta política, donde existen trabajadores y trabajadoras comprometidas y formadas especialmente para esta tarea brindando asesoramiento legal gratuito y atención psico-social, mediación comunitaria, articulaciones institucionales, sufriendo cientos de despidos a nivel nacional, y tres despidos a nivel local, dejando un oficina en funcionamiento sólo con tres agentes, y con un promedio mensual de entre 300 y 400 consultas, lo que denota el fin por el cual existimos; que es el servicio de atención de los CAJ está orientado a “hacer que las cosas pasen”, no a la gestión o administración de procedimientos o trámites formales. Al contrario, buena parte de los problemas que deben ayudar a solucionar consisten en obstáculos burocráticos y de formalismos procedimentales disfuncionales e inadecuados para la gestión de los derechos de las personas más vulnerables. La aproximación desburocratizada, flexible, constructiva es central en la atención cotidiana de las necesidades jurídicas de la comunidad, y constituye un valor agregado de este servicio. El apoyo para navegar la burocracia que prestan los CAJ es efectivo en la medida en que supera el paradigma de la formalización y despersonalización burocrática de la gestión institucional. No se trata de informar a las personas de sus derechos, o hacerles saber qué alternativas tendrían para hacerlos efectivos; sino de proveer herramientas, remover obstáculos, acompañar a la persona a que se ponga en acción y sostenga su acción. La idea matriz es resolver problemas a las personas más vulnerables, previo a su acercamiento a otras dependencias, como ser: el Poder Judicial, a Defensoría del Poder Judicial, al registro civil o la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) para dar algunos ejemplos.

Estas personas, hombres y mujeres, sé que a veces es difícil represéntarselo y doloroso, pero no cuentan con instrucción básica. A veces no saben leer o escribir, o vienen con situaciones tremendamente complejas como abusos, o violencia de género, –eso explica la importancia de los equipos técnicos–y somos y seremos la primera escucha para contenerlos y poner orden a la problemática y encausar la solución. Esa es nuestra tarea cotidiana.

Una política de articulación

—¿Cuál es la importancia de estos espacios para la sociedad?

—La importancia es vital. Si bien el trabajo sobre el funcionamiento y organización de las instituciones de Justicia formal es relevante para mejorar la efectividad de los derechos, ello difícilmente transformará las condiciones que le impiden a las personas (especialmente a aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad) acceder a sus derechos, debido a que la naturaleza del Poder Judicial que es típicamente reparatoria y retrospectiva, es decir que acciona luego de la vulneración de un derecho para intentar recomponerlo.

Cada consultantes que ingresa a la oficina puede resolver o encausar desde un reclamo de cuota alimentaria, hasta obtener una eximición de pago de sellados para realizar un trámite de DNI para sus hijos, es decir; es tan amplia nuestra actuación en la sociedad que eso explica que seamos 121 oficinas en todo el país, que todos los gobiernos, incluidos el macrismo, haya potenciado esta política en articulación con otras políticas y dependencias nacionales, provinciales y municipales con las que estamos enlazados.

A su vez; descomprimimos al Poder Judicial, sobre todos a Defensoría de Pobres y Menores, en gestiones, asesoramientos y tramites que podemos hacer nosotros. Es una política de diseño. Se cuentan con estadísticas fines; sobre franja etaria, tipo de reclamo, derivación, solución, lo que permite ser más eficientes en las decisiones a tomar.

Cada consultante queda cargado en sistema, y si consultó en la oficina de Santa Rosa en La Pampa, nosotros por sistema sabemos exactamente cuál fue su consulta, la intervención de dicho CAJ y cómo seguir o abordar cualquier trámite fuera de nuestros límites provinciales.

En la provincia existen dos CAJs más: uno en Gualeguaychú y otro en Concordia.

—¿Qué tipo de casos abordan?

—Dada la composición de los equipos de trabajo la casuística que atendemos es muy amplia. En cuanto a las situaciones que más se presentan observamos violencia de género, reclamos de tipo familiar (cuota alimentaria, regímenes de comunicación, impedimentos de contacto entre familiares, etcétera) situaciones derivadas de fallecimientos como trámites sucesorios, o despidos, pero también existen situaciones complejas de abuso, violencia intrafamiliar, y en este punto como en la violencia de genero el trabajo piscosocial es fundamental.

También realizan trámites de todo tipo, que va desde la obtención de una partida de nacimiento hasta un turno en Anses para la realización de un trámite, es decir; somos la primera línea de contención de mucha problemática social a veces inimaginable y muy solapada de personas de escasos recursos económicos, sociales y personales lo que les hace imposible ir por los canales formales a resolver sus complejos temas personales o familiares. Y véase la paradoja; en pandemia nos declararon personal indispensable y hoy parece que sobramos o somos desechables como trabajadores. Es muy injusto para los que le ponemos el cuerpo a esta política hace muchos años.

Despidos en la provincia

—¿Cuál es la situación en la provincia?

—Hoy somos tres trabajadores prestando servicio y hubo dos despidos sin ningún aviso, criterio o justificación que lo amerite. Esto lo que ha hecho es que dupliquemos esfuerzos. Pero si; se hace difícil.

Nadie acá tiene estabilidad o tiene planta permanente. De hecho hay mucha mala información y muy mal intencionada, así que informo a todos que son falsos los números arrojados por el Gobierno.

Esta política no tiene el costo de “8.000 millones de pesos anuales”, como salió en muchos medios. No hay cálculo que arroje ese número. Por otra parte, esta política en particular; alquileres y salarios, se financia por intermedio de ACARA, que es un organismo autárquico que recauda para el Ministerio de Justicia por intermedio de los Registros Automotores del todo el país. Es decir; por cada transferencia registral vehicular, una parte va a financiar Acceso a Justicia, no sale del presupuesto nacional. Además, casi no hay alquileres en curso, por lo menos en la región la mayoría son comodatos con otros organismos provinciales o municipales, y mucha de esta política durante mucho tiempo se financió mediante un proyecto de las Organización de las Naciones Unidas, así que imagínense la relevancia que tiene esta política.

También quiero desmentir esta difamación que somos una especie de “reservorio político”. Para darles un idea clara, quien les habla fue el último trabajador en ingresar al CAJ Paraná y eso fue en 2019, es decir; ningún agente ingresó al CAJ de la capital entrerriana desde hace cinco años, pese a estar desbordados.

Creo que el Gobierno debe ser sincero y franco con lo que está pasando, que es básicamente el desmantelamiento de una política publica manifiestamente contra las necesidades de los más humildes y vulnerables de la sociedad, junto con la calumnia, la estigmatización y la intimidación hacia los trabajadores del Estado.

Cerraron 40 Centros de Acceso a la Justicia

Sobre el cierre de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJS), el letrado dijo a UNO: “La información que tenemos es que se planifica cerrar 81 CAJS de los 121 que existen, y esto se anunció en el Instagram del Ministerio de Justicia y salió en muchos medios periodísticos, con muchas alusiones falsas. Y acá hay dos planos. Primero que como política social creemos que sería un retroceso enorme porque es una inversión ya realizada; en capital humano, formación, relaciones institucionales, y capacitación profesional. Es alejar a su vez a la población de los agentes nacionales que están en territorio más cerca de ellos, y volverlos aún más invisibles, vulnerables y frágiles, lo que es deshumano. Y otro, el plano en el que estamos los trabajadores de Acceso a Justicia que es preocupante. En la incertidumbre total sin poder planificar acciones a mediano y largo plazo y revisando los mails a diario para a noticiarnos si estamos despedidos o no, lo que ha generado un estrés en cada uno de nosotros que es cruel porque detrás de todo trabajador de acceso hay una familia, con un alquiler, que tiene que ir al súper e inflación volando, que hace muy difícil el día a día si no sabes si en 15 días, que es cuando vencen las mayoría de los contratos, vamos a seguir prestando tareas. Es preocupante y angustiante”.

Lisandro Mobilia agregó: “Muchas gente de diversos sectores salieron a hacer público su rechazo al fin de esta política, pero esperemos también que muchos más se sumen, sobre todo dirigentes políticos de todas las banderas y los sectores gremiales que nos representan, que ha quedado de manifiesto que no encuentran cause en sus acciones. Apelamos a las autoridades del Gobierno que hoy le toca conducir para que piense lisa y llanamente en los que menos tienen y en los trabajadores que nos comprometemos para que haya acceso a la Justicia y menos desigualdad social”.

Consultas en oficinas públicas

En el CAJ de Paraná pueden comunicarse al 3434621370, en el de Gualeguaychú, al 03446436256 y en el Centro de Acceso a la Justicia de Concordia, al 3454284145.