Sindicatos, colegios profesionales, organizaciones sociales y de usuarios e instituciones académicas de la provincia enviaron notas a todos los legisladores nacionales por Entre Ríos para solicitarles que voten en contra de las modificaciones a la Ley de Salud Mental, las cuales están previstas en el proyecto de Ley Ómnibus que debate la Cámara de Diputados. Lo hicieron por entender que se pretende dar marcha atrás con la desmanicomialización para retornar a propuestas de encierro que ya han sido dejadas de lado en el mundo.

En cada escrito –a los que tuvo acceso UNO– manifestaron preocupación por el intento de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones 26.657 y su decreto reglamentario, contenidos en los artículos 618 al 625 del anteproyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. "Como instituciones profundamente comprometidas con el avance de la plena implementación de dicha ley en la provincia no podemos dejar de advertir la profunda contradicción con el espíritu rector que sostiene a dicha ley y queremos por ello señalar específicamente las riesgosas modificaciones que el anteproyecto citado pretende incorporar", resaltaron.

Entre otras, firmaron la nota entidades como el Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental de Entre Ríos; la Asociación de Usuarios, Familiares y Amigos de la Salud Mental (Aufasam), los gremios ATE y UPCN, las facultades de Humanidades (Uader) y de Trabajo Social (UNER), y los colegios de profesionales de Trabajo Social, Psicólogos/as, Acompañantes Terapéuticos y Terapistas Ocupacionales. También el Ministerio Público de la Defensa y el resto de los integrantes del Plenario del Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos.

Argumentos

Entre los riesgos que implican los cambios previstos, señalaron que se busca modificar la concepción de salud mental, privilegiando intervenciones que "atentan" contra los abordajes interdisciplinarios e intersectoriales, "los únicos capaces de atender la comprensión e intervención integral en las problemáticas de salud mental".

Asimismo, mencionaron que se da lugar a la posibilidad de que se abran nuevos efectores especializados en psiquiatría y salud mental, tanto públicos como privados, lo cual pretende "volver a instalar el modelo asilar (encierro, aislamiento y reclusión) para quienes padecen problemáticas de salud mental". Esto significa "vedar la reconversión de este tipo de efectores, para la adecuación a modos comunitarios y ambulatorios de tratar y contener el sufrimiento psíquico", agregaron. Por el contrario, estas entidades piden que se continúe con el trabajo para la readecuación de las instituciones asilares, el sostenimiento de dispositivos alternativos y la apertura de más instituciones intermedias y equipos interdisciplinarios que las asistan.

LEER MÁS: UPCN moviliza el 24 de enero contra el DNU y Ley Ómnibus

"Estos modos de abordajes, que incluyen la asistencia de personas con problemas graves de consumos de sustancias, retroceden a propuestas de encierro que han sido dadas por caducas en el mundo, por las máximas autoridades sanitarias supranacionales", expresaron sobre las modificaciones pretendidas.

Además, cuestionaron que se prevé otorgar a un juez la posibilidad de ordenar internaciones. "Un juez no tiene formación disciplinar ni criterios para tomar este tipo de decisiones en problemas de salud/salud mental, por tanto, en los hechos la propuesta es retornar a un modelo tutelar en que juez, familia, etc. tienen poder de decidir cuestiones cruciales que nuestra normativa asume como decisiones interdisciplinarias e intersectoriales", sostuvieron. A esto agregaron que se resta voz y participación al usuario en su proceso de salud cuando es internado en forma involuntaria.

La carta completa