La decisión de cerrar la Sala de Juegos de La Paz generó preocupación e incertidumbre entre los 21 trabajadores que se desempeñaban en el lugar. Aunque se les comunicó que serán reubicados en distintos establecimientos de la provincia, persisten dudas sobre cómo se garantizarán sus condiciones laborales y la estabilidad de sus puestos.

El cierre fue informado a la medianoche de este martes por la Seccional La Paz de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que cuestionó la medida y advirtió sobre su impacto en las familias afectadas. Desde el gremio señalaron que la decisión “pone en riesgo las fuentes laborales” y remarcaron que no aceptarán acciones que vulneren derechos adquiridos.

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Además, exigieron garantías concretas sobre la continuidad laboral, el respeto de las condiciones de trabajo y que cualquier proceso de reubicación se realice con transparencia, sin perjudicar a ningún trabajador o trabajadora.

En ese marco, responsabilizaron a las autoridades por las consecuencias sociales de la medida y manifestaron su rechazo al cierre, reafirmando su postura en defensa del empleo, los derechos laborales y la comunidad de La Paz.