El gobierno nacional emprendió la reforma de la Ley de Alquileres a poco más de un año y medio de su vigencia y sentó a la mesa a representantes de organizaciones de inquilinos y de propietarios. Todas las partes coinciden en que la ley no funcionó, pero por distintos motivos: mientras que los inquilinos reclaman que la letra de la legislación es buena pero faltó control estatal para garantizar su eficacia, desde las inmobiliarias cuestionan que la regulación del mercado implementada no sirve.

Además de los cuestionamientos generales a la normativa, desde el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Entre Ríos reclamaron que no fueron convocados como sector a nivel nacional. "Es bueno llamar al diálogo pero faltó la representación de los colegios profesionales de las provincias, que son entes públicos no estatales creados por ley y que tienen en el control de la matrícula y la ética de la profesión", advirtió Paula Armándola, presidenta de la entidad entrerriana.

En diálogo con La Radio de UNO por La Red Paraná 88.7, la corredora inmobiliaria contó que requirió a los legisladores nacionales de la provincia "si podían gestionar que nos incluyan en esa mesa"

"Los colegios unen oferta y demanda y generan el vínculo entre propietarios e inquilinos", defendió Armándola.

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Uno de los defectos que la colegiada le señaló a la ley aprobada en 2020 es la duración de contratos. Cuestionó el criterio de "atarse a tres años con la incertidumbre que hay en la Argentina" y propuso "volver a los dos años" que regían.

También criticó el índice de aumento de alquileres que introdujo la ley, y que combina variaciones de la inflación y de salarios. "Hay modificar la ley para que las partes puedan atarse al índice o acordar el aumento entre ellas", sugirió la referente inmobiliaria.

Según Armándola, "hay una disociación entre la realidad concreta de la aplicación de la ley, que trajo dificultades para propietarios e inquilinos y distorsionó el mercado, que venía funcionando bien. Ahora hay escasez de oferta y exceso de demanda".

La titular del Colegio entrerriano confirmó que "la ley generó que haya gente que sacara su propiedad de alquileres por la incertidumbre".

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Se trata de unas de las denuncias de las entidades que representan a los inquilinos, solo que algunas de éstas cuestionan que ese retiro de propiedades de la plaza muestra una actitud especulativa de los propietarios, como reacción contra la regulación estatal.

En cambio, la presidenta del Colegio provincial entendió que "el propietario quizás es alguien que trabajó toda su vida e invirtió en algo para tener una renta y estar seguro ante la situación económica que vivimos".

La entrevista

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De cualquier manera, Armándola ratificó que desde la nueva ley "aumentaron los sellados de ATER y los honorarios de las inmobiliarias". Pero aclaró: "Tampoco nos beneficia esta situación. Nos conviene que el mercado esté lleno de oferta y demanda y poder cerrar la mayoría de operaciones. Por eso la ley nos perjudica también a nosotros".

"Cuando empezamos con la ley de alquileres, ningún corredor inmobiliario hubiese asesorado que se aumente el contrato por más de 50 por ciento y la ley llevó a eso", lamentó finalmente la corredora.