El Gobierno reglamentó la Ley 27.709 de creación del Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, conocida como Ley Lucio. La normativa fue aprobada con el objetivo de capacitar continua y permanentemente y obligatorio destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional.

La reglamentación fue publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante el decreto 360/2023, firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. En la norma se establece que la Secretaría de la Niñez, Adolescente y Familia (Senaf) es la autoridad de aplicación de la ley y queda facultada para celebrar acuerdos o convenios necesarios para impulsar el Plan Federal de Capacitación en los distintos organismos.

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Los convenios de capacitación previstos pueden extenderse a administraciones provinciales y municipales y organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales, que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para impartir las capacitaciones. En caso de incumplimiento de las capacitaciones se considerará como "falta grave y dará lugar a las sanciones correspondientes conforme a la normativa vigente en materia de Empleo Público Nacional".

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Conocida como Ley Lucio, fue sancionada el 13 de abril de este año en el Congreso de la Nación con el objetivo de formar inicialmente en el buen trato, prevención y detección temprana de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, así como la difusión de recursos para asesorar, abordar y denunciar situaciones de violencia. En este sentido uno de los artículos plantea proteger a los denunciantes en casos de posible vulneración, procurando la reserva de su identidad y protección de su integridad. El proyecto de ley surgió tras el asesinato de Lucio, un niño de cinco años, en noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa, hecho por el que fueron juzgadas y condenadas a perpetua su progenitora, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de ésta, Abigail Páez.

Por otro lado el Senaf deberá propiciar un relevamiento de los distintos mecanismos existentes en cada una de las jurisdicciones. A partir de este operativo, se deberá impulsar la implementación de las herramientas adecuadas en aquellos ámbitos de la Administración Pública Nacional que no cuenten mecanismos de resguardo de la persona denunciante.