El juez Enrique Lavié Pico, del fuero Contencioso Administrativo Federal, rechazó este martes dos amparos presentados contra la generalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 de desregulación económica del gobierno de Javier Milei, con el argumento de la norma se tramita con normalidad ante el Congreso de la Nación.

Al mismo tiempo, la Cámara Nacional de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo Federal ratificó que el amparo de la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el DNU seguirá tramitando ante la justicia del Trabajo, que ya dictó al menos seis cautelares que suspendieron los efectos del capítulo laboral de esa medida.

Lavié Pico desestimó dos acciones de amparo contra el DNU impulsadas por el extitular del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Jorge Rizzo, y por el exdiputado nacional y economista Claudio Lozano, entre otros firmantes. El magistrado entendió que no hay un "perjuicio" concreto para los demandantes, y destacó que el DNU está siguiendo el procedimiento constitucional de revisión en el Congreso de la Nación.

En su decisión el juez subrayó que "no es competencia del Poder Judicial pronunciarse sobre alegatos de nulidad presentados de manera genérica y abstracta con respecto al decreto impugnado, ya que esto implicaría interferir en competencias legales asignadas a otro poder del Estado, especialmente cuando existe un mecanismo constitucional para su evaluación en el ámbito del Congreso Nacional", el cual se está cumpliendo.

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Rizzo, ahora consejero de la Magistratura en la Ciudad de Buenos Aires, rechazó la decisión del juez y prometió apelar y recurrir a la Corte Suprema nacional en "per saltum" (por salto de instancia).

A través de redes sociales, también se expresó el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) que anunció la apelación del fallo en el que se les negó la legitimación activa para discutir la validez del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y aseveró que hay interés colectivo en que el Poder Ejecutivo "no se exceda de sus competencias".

En el fuero laboral

Por su parte, los camaristas Sergio Fernández y Carlos Grecco desestimaron la apelación del gobierno y confirmaron la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo en el amparo concedido a la CGT. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal definió que el problema de competencia planteado por el Poder Ejecutivo ya había sido resuelto en la causa de la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y que por tanto correspondía declarar la "inadmisibilidad formal".

El tribunal de apelaciones intervino en el trámite de la inhibitoria planteada por el Estado Nacional contra la decisión de primera instancia en la que se sostuvo los casos vinculados al capítulo laboral del DNU debía tramitar ante la justicia nacional del Trabajo y no ante el fuero contencioso administrativo.

Efectivamente, los abogados del Estado, encabezados por Procurador del Tesoro, el exministro de la Corte Suprema Rodolfo Barra, reclamaron que deben aplicarse en el proceso "normas de derecho público", en tanto sostuvieron que el fuero nacional del Trabajo resulta "incompetente" ya que "la intervención del Estado Nacional implica necesariamente la competencia del Fuero Federal".