Piden impugnar a Joaquín Benegas Lynch por ser gerente de empresa dedicada a asesorar a extranjeros en la compra de tierras

La senadora Juliana di Tullio acusa al libertario por presunto conflicto de intereses por tener una empresa que gestiona venta de tierras rurales.

06:45 hs - Jueves 06 de Agosto de 2026

Horas después del anuncio de la caída de la reforma de la Ley de Tierras, la senadora nacional Juliana di Tullio presentó una impugnación contra el libertario Joaquín Benegas Lynch por presunto conflicto de intereses. La legisladora justicialista acusa al entrerriano de ser "socio gerente de una empresa dedicada a venderle tierras argentinas a inversores extranjeros" y exige que se abstenga de votar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

La denuncia de Di Tullio es por presunto conflicto de intereses, en donde agregó que "no es complicado de entender: juez y parte", y señaló: "Usar la banca del Senado para beneficiar el bolsillo propio, no solo viola la Constitución y la Ley de Ética Pública, sino que es traición a la Patria".

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Qué dice la impugnación

En la impugnación presentada ante la titular del Senado, Victoria Villarruel, relaciona al senador de La Libertad Avanza con la firma Glocal Terra SRL, donde presuntamente J. Benegas Lynch presta servicios como gerente para asesoramiento comercial, legal, financiero e "intermediación directa destinada a inversores extranjeros" para la adquisición de tierras rurales en Argentina.

Para Di Tullio, "existe una colisión directa entre el interés público que debe tutelar el legislador y su interés económico privado". Luego, señala que "cualquier modificación, flexibilización o regulación de la normativa vigente impacta directamente en el volumen de negocios, la facturación y los beneficios de la empresa privada a la que está vinculado, viciando de parcialidad cualquier posición o voto que emita sobre la materia".

En rigor del pedido de impugnación de Joaquín Benegas Lynch durante la sesión de este jueves, la senadora invocó el artículo 66 de la Constitución Nacional y la Ley de Ética en la Función Pública.