En una nueva reunión de la Comisión Investigadora sobre la cripto estafa $LIBRA, la oposición aprobó la moción para poder solicitar autorización judicial con el objetivo de obligar a concurrir a los funcionarios que se vienen ausentando al Congreso. La medida apunta a Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción, y a María Florencia Zicavo, quien estuvo a cargo de la Unidad de Tareas de Investigación por el caso $LIBRA, posteriormente cerrada por el propio Gobierno.

LEER MÁS: La oposición avanzó con el dictamen para interpelar a Karina Milei por coimas en Andis

Asimismo, la secretaria general de Presidencia de la Nación, Karina Milei, estaba citada para la reunión de este martes, pero no asistió por haber viajado a Estados Unidos junto al presidente Javier Milei. Desde el flanco de la oposición anunciaron que después de Melik y Zicavo, pedirán por vía judicial la asistencia de la hermana del jefe de Estado a un encuentro informativo y reiteraron la convocatoria para el próximo martes 30.

Del mismo modo, la Comisión Investigadora que preside el diputado nacional Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica aprobó convocar, también, para el próximo martes 30 de septiembre al ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona; al exasesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales; y a los empresarios cripto Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

Con el aval de Sabrina Selva de Unión por la Patria, Oscar Agost Carreño de Encuentro Federal, Mónica Frade de la Coalición Cívica, Fernando Carbajal de Democracia para Siempre y Yolanda Vega de Innovación Federal se avaló el envío de un pedido de audiencia con Eduardo Casal, procurador general de la Nación, con el fin de habilitar el acceso a expedientes judiciales.

Al término del encuentro, Maximiliano Ferraro manifestó que "hace apenas una semana el vocero presidencial aseguró públicamente que el Gobierno prestaría toda la colaboración al Congreso para demostrar que son un gobierno honesto y que todos los funcionarios iban a contestar y responder las requisitorias que se les hicieran". "Sin embargo, la realidad muestra lo contrario: llevamos casi un mes desde que se destrabó la investigación y no han colaborado de ninguna manera", acusó.

"El gobierno debe entender que esto no es un juego ni un show: es una investigación seria y hay deberes constitucionales y legales que deben cumplirse. Si los funcionarios insisten en incumplirlos, deberán atenerse a las consecuencias de sus actos", concluyó Ferraro.