El Comité Central Confederal (CCC) de la Confederación General del Trabajo (CGT) declaró un paro general nacional a partir de las 12 del miércoles 24 de enero, que incluirá una masiva movilización al Congreso. La medida de fuerza se llevará adelante en rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica dictado por el Gobierno, que entrará en vigencia este viernes.

Se trata del primer paro general convocado por la CGT durante la presidencia de Javier Milei, que lleva 18 días en el gobierno y cuyas medidas ya desencadenaron protestas y cacerolazos espontáneos en distintas ciudades. En ese sentido, en Paraná la Multisectorial de Entre Ríos y partidos de izquierda se manifestaron contra del DNU este miércoles en la puerta del Juzgado Federal.

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El máximo órgano ejecutivo de la central sindical sesionó desde el mediodía de este jueves para analizar la instrumentación de un plan de lucha y, ante la presión de la mayoría de las organizaciones confederadas, convocó a una huelga nacional para el 24 de enero. Además, decidió que realizará un plenario nacional de delegaciones regionales, el 10 de enero, en el Salón Felipe Vallese de Azopardo al 800 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tanto el cotitular de la CGT Héctor Daer, como el jefe de la Asociación Bancaria (AB) e integrante del consejo directivo de la central sindical, Sergio Palazzo, habían anticipado al ingresar a la sede de Azopardo la posibilidad de declarar un paro nacional a partir de "las consecuencias nocivas de este DNU".

Palazzo reclamó a la justicia que observe "con mucho detenimiento" esa iniciativa del presidente Javier Milei, porque la medida atenta contra "la situación de los trabajadores", a la vez que denunció que "arrogarse las facultades de legislar durante dos años, con posibilidad de extenderlo otros dos más, significa eliminar prácticamente el Congreso".

Daer había señalado a la señal TN que "la incorporación del DNU a la Ley ómnibus aumentó la maldad de forma exponencial", y aseguró que "el presidente reclamó facultades muy amplias hasta declarar una guerra total durante dos años".

Además del paro, la CGT aprobó la realización de un plenario de delegaciones regionales el 10 de enero, una presentación judicial en rechazo del DNU y solicitar reuniones con todos los bloques parlamentarios de ambas cámaras para debatir "su acompañamiento" contra esa medida y la Ley Ómnibus elevada al Congreso por la administración Milei.

También decidió mantener reuniones con las otras centrales obreras (CTA y su par, la CTA Autónoma) para articular acciones conjuntas, y facultó al consejo directivo nacional para aprobar "las medidas pertinentes en la oportunidad que requiera la actual situación".

Este último punto de la resolución del Confederal implica que el consejo directivo podrá adoptar las medidas de fuerza consiguientes que crea oportunas según la evolución de la situación política, económica y social por la que atraviesen los trabajadores y la sociedad.