Tras la detención de Ariel García Furfaro y otros directivos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, ahora el juez Ernesto Kreplak pone la mira en las responsabilidades políticas de la Anmat y el Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones.

El juez federal de La Plata le revocó este jueves el rol de parte querellante que le había concedido al Ministerio de Salud de la Nación, lo que implica que ahora la causa empezará a indagar a las irregularidades en los controles oficiales.

El juez concretó esas detenciones y se allanó el camino para avanzar contra los responsables políticos de la tragedia que ya se cobró casi cien vidas. LPO también había contado que era lo que estaban pidiendo los familiares.

La decisión de Lugones de apartar al Ministerio de Salud de la querella se da después de un demoledor dictamen de la fiscal federal Laura Roteta, que impulsó una investigación contra la Anmat para determinar si hubo "negligencia, connivencia o complicidad".

Según contó La Nación, la fiscal recalcó que la Anmat no frenó la producción del fentanilo pese a que había detectado serias fallas en el laboratorio durante inspecciones que realizó entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre del año pasado. La Anmat recién en febrero pidió que frene la producción del fentanilo y hasta mayo no clausuró el laboratorio.

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LPO además reveló que ya en febrero se detectaron en Rosario las primeras víctimas y lo advirtió a la Anmat. "Esta demora de tres meses frente al fenómeno crítico muestra lo que entendemos como un serio fallido de la Anmat", dijo a este medio un funcionario de Rosario.

Este miércoles, el gobierno empezó a reconocer sus errores y desplazó a la funcionaria a cargo de los controles de los laboratorios, la directora del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), Gabriela Mantecón Fumadó. Con esa medida, Lugones buscó proteger a la titular de la Anmat, Agustina Bisio.