El Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, dispuso mediante un decreto la baja de aproximadamente mil servicios que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) brindaba a empresas privadas para el control de calidad y seguridad. La medida, justificada por el funcionario bajo el argumento de que el organismo ofrecía estas prestaciones a un precio "muy bajo", ha generado una fuerte alarma entre especialistas y trabajadores, quienes advierten que no existen laboratorios privados en el país capaces de reemplazar estas funciones en el corto plazo,.Rubros y actividades afectados.

El achique y recorte se da en medio del debate de la Ley Hojarasca promovida por Federico Sturzenegger.

El recorte impacta de manera directa en la supervisión de sectores críticos para el consumo masivo y la infraestructura. Los principales rubros alcanzados por la quita de controles incluyen:

• Alimentos y bebidas: Supervisión de procesos y estándares de seguridad alimentaria.
• Materiales de construcción: Controles críticos de calidad para la infraestructura.
• Exportaciones: Verificación de estándares internacionales necesarios para comercializar productos argentinos en el exterior.
• Nuevas tecnologías: Servicios vinculados al desarrollo e innovación tecnológica.

Consecuencias y riesgos

Según una nota firmada por los subgerentes operativos del INTI, la eliminación de estos servicios conlleva riesgos de carácter "irreversible". Entre las consecuencias más graves se destacan:

• Riesgo sanitario: La falta de control estatal en alimentos y materiales pone en peligro directo la salud y seguridad de la población,.
• Pérdida de capacidad técnica: Se advierte la desarticulación de equipos especializados y la pérdida del "know-how" (conocimiento técnico acumulado) que el Estado difícilmente podrá reconstruir en el mediano o largo plazo.
• Impacto laboral: La medida pone en riesgo la continuidad de 700 puestos de trabajo dentro del instituto.
• Déficit de oferta privada: Los trabajadores denuncian que la premisa oficial de trasladar estos controles al sector privado es inviable actualmente por la falta de laboratorios con la infraestructura necesaria,.

Mientras el ministro Sturzenegger celebra la desregulación como un avance contra servicios supuestamente subsidiados, desde la oposición y los sectores técnicos del INTI señalan que los argumentos oficiales contienen "errores groseros" y que la medida atenta contra la infraestructura pública de calidad e innovación.