El Gobierno nacional analiza los pasos a seguir tras la filtración de audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad y amigo cercano de Javier Milei. En esos audios se menciona supuestas connivencias entre funcionarios de segunda línea y altos mandos libertarios en presuntos pedidos de coimas.

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Qué se evelúa desde el Gobierno nacional

En Casa Rosada, la principal alternativa bajo evaluación es denunciar al exfuncionario por no haber realizado una presentación judicial formal sobre los hechos que describió en la conversación privada, que se conoció esta semana. Según deslizaron fuentes oficiales, la estrategia apunta a desacreditarlo y restarle legitimidad a sus dichos.

Por ahora, la decisión oficial es mantener cautela y esperar las definiciones judiciales. El juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi llevan adelante la investigación, que podría incluir una citación a indagatoria a Spagnuolo. Ese escenario inquieta al Gobierno, ya que el exfuncionario podría ratificar públicamente sus declaraciones.

La crisis derivó en largas reuniones en la Casa Rosada, con la participación del presidente Javier Milei, su hermana Karina, Eduardo “Lule” Menem, el asesor Santiago Caputo, el vocero Manuel Adorni y autoridades del Ministerio de Justicia. El Ejecutivo ya dispuso el despido de Spagnuolo “hasta que se esclarezcan los hechos”, pero aún demora en fijar una postura pública más definida.

Expresiones oficiales

El único en expresarse fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien señaló: “Si un funcionario está diciendo que otro está pidiendo coimas, el que lo dice debería haber hecho la denuncia en la Justicia”. En tanto, el vocero presidencial suspendió sus conferencias de prensa y evitó declaraciones.

Las acusaciones involucran directamente a los riojanos Martín y Lule Menem, mencionados en los audios como recaudadores de las presuntas coimas. En el oficialismo admiten que se trata de la causa de corrupción más delicada que enfrenta el Gobierno, aunque algunos dirigentes la atribuyen a una “operación política”.

La investigación avanza a partir de la denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón -representante de Cristina Kirchner- por los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública, infracción a la ley de ética pública y posible asociación ilícita.