La morosidad de las familias presenta fuertes diferencias entre las provincias argentinas. Mientras algunas jurisdicciones registran niveles de incumplimiento superiores al 23% del crédito, Entre Ríos se ubica entre las que exhiben mejores indicadores relativos. En julio, la irregularidad alcanzó el 14% del monto total de los préstamos familiares, cuatro puntos porcentuales por debajo del promedio nacional del 18%.

Los datos corresponden a un relevamiento de Eco Go y la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, elaborado a partir de información del sistema financiero y otras fuentes de financiamiento. El estudio permite observar cómo se distribuyen territorialmente las dificultades de los hogares para cumplir con sus obligaciones, en un escenario de deterioro de la cartera crediticia y de mayores exigencias sobre los ingresos familiares.

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La posición entrerriana resulta relativamente favorable frente a buena parte del país, aunque no significa que la provincia esté al margen de los problemas de pago. El indicador mide qué proporción del dinero prestado se encuentra en situación irregular, pero no establece cuántas personas tienen deudas impagas ni permite determinar por sí solo la gravedad de cada situación familiar. Se trata de una medida del volumen de crédito comprometido por los incumplimientos.

El ranking de la morosidad

En el extremo más complicado del ranking aparece La Rioja, con una mora del 25,3%. Detrás se ubican Santa Cruz, con el 23,6%, y San Luis, con el 23,5%. En estas jurisdicciones, la proporción de préstamos en situación irregular supera ampliamente la media nacional y evidencia un escenario más comprometido para la recuperación de los compromisos financieros.

En sentido contrario, La Pampa presenta el registro más bajo, con el 9,6%, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el 12,4%, y Entre Ríos, con el 14%. La diferencia entre los extremos del relevamiento alcanza los 15,7 puntos porcentuales, una distancia que expone la heterogeneidad del mercado de crédito argentino.

La comparación permite advertir que el deterioro no se distribuye de manera uniforme. Las condiciones económicas regionales, las modalidades de acceso al financiamiento y la composición de las carteras pueden incidir en los resultados. Por eso, las cifras requieren una lectura que contemple las particularidades de cada jurisdicción y evite interpretar la posición de una provincia como una descripción completa de la situación económica de sus habitantes.

Para Entre Ríos, el dato representa una referencia favorable en términos comparativos. Sin embargo, el porcentaje no permite concluir que los hogares entrerrianos tengan menos dificultades en todos los segmentos de financiación ni que la capacidad de pago se encuentre asegurada. La evolución de los ingresos, el costo de las cuotas y las condiciones de acceso a nuevos préstamos también forman parte del escenario que enfrentan las familias.

Fuera del sistema bancario

Uno de los principales focos de preocupación aparece fuera del sistema bancario tradicional. A nivel nacional, la irregularidad alcanzó el 15,8% en los préstamos bancarios y trepó al 31,3% entre los proveedores no financieros, como emisoras de tarjetas y empresas de financiamiento. La diferencia muestra una mayor proporción de incumplimientos en este último segmento.

El contraste es significativo porque las familias recurren a distintas herramientas para financiar consumos, adquirir bienes o cubrir necesidades cotidianas. Además de los préstamos otorgados por bancos, existen alternativas ofrecidas por compañías financieras y emisoras de tarjetas. Estas opciones amplían las posibilidades de acceso al crédito, pero también generan obligaciones que deben afrontarse con ingresos que no siempre evolucionan al mismo ritmo que los compromisos asumidos.

Las diferencias regionales también se observan en este segmento. Misiones registró una mora del 39,3%, San Luis llegó al 36,8% y Chaco alcanzó el 35,8%. Los valores reflejan que, entre los proveedores no bancarios, la irregularidad adquiere una dimensión mayor que la observada en el promedio de los préstamos concedidos por entidades bancarias.

El fenómeno obliga a analizar el endeudamiento más allá de las estadísticas tradicionales del sistema financiero. Si una parte importante de los hogares mantiene compromisos en diferentes entidades, la evaluación de la capacidad de pago debe contemplar el conjunto de las obligaciones y no solamente los préstamos bancarios. La acumulación de cuotas y vencimientos puede dificultar la regularización de atrasos, especialmente cuando los recursos disponibles no alcanzan para cubrir todos los gastos.

La medición nacional muestra que la irregularidad de la cartera crediticia continúa en aumento. En julio, el indicador subió 0,5 puntos porcentuales respecto de junio y acumuló un incremento de 10,3 puntos en doce meses. La variación refleja un deterioro considerable en la capacidad de cumplimiento de los deudores, aunque la intensidad del fenómeno presenta diferencias según el territorio y el tipo de financiación.

La evolución de los atrasos también representa un desafío para las entidades que buscan recuperar los préstamos otorgados. Cuando los incumplimientos se prolongan, las posibilidades de normalizar las deudas se reducen y las refinanciaciones pueden convertirse en una herramienta necesaria para reorganizar los pagos.