Viernes 25 de Septiembre de 2020
"En el siglo XXI no hay ninguna posibilidad de hacerse los distraídos ante la desigualdad por género y menos podemos tolerar que haya violencia, infamia, maltrato y agresión psicológica por ser mujer", dijo el mandatario al presentar el programa junto a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la titular de la Anses, Fernanda Raverta, desde la residencia de Olivos.
Fernández explicó que con este programa el Estado "avanza" en su rol de "auxiliar a la mujer que sufre violencia de género" y se encuentra sin posibilidades de actuar por mantener un vínculo de "dependencia económica" con quien la somete.
"Piensen un minuto lo que es vivir con el carcelero agresor. Por eso, lo que estamos haciendo es liberar de esos carceleros violentos a esas mujeres violentadas y darles la oportunidad de empezar otra vez con la ayuda del Estado", dijo el mandatario.
La Ley Micaela
Además le pidió a la Justicia que aplique la ley Micaela y que "entienda la dimensión del problema" de la violencia de género. "La ley Micaela nos deconstruye para entender los efectos nocivos de la violencia de género y veo con preocupación que, en el Estado federal, el Poder Ejecutivo y Legislativo la aplican pero, lamentablemente, el Poder Judicial no", dijo.
En ese sentido, el mandatario afirmó que el Gobierno le pidió "por favor al presidente de la Corte Suprema que se ocupe de tratar el tema y solo recibió silencio" y apuntó que "es muy importante que la Justicia entienda este problema porque son ellos los que van a terminar juzgando a los victimarios".
"Si no entienden la dimensión del problema y no quieren asumir la necesidad de deconstruirse, estamos en un problema", ya que "estamos en el siglo XXI y no hay ninguna posibilidad de hacernos los distraídos frente a la desigualdad en virtud del género", criticó.
El Programa, que forma parte del Plan Nacional contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022, garantizará a través de convenios con las provincias y los municipios la asistencia económica a personas en riesgo y contará con una inversión de casi 4.500 millones de pesos.
La iniciativa abarca además otros dispositivos de asistencia, asesoramiento, protección y fortalecimiento de acceso a la justicia y busca promover de manera integral el acceso a derechos económicos, sociales y políticos.
Del acto participaron también el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y por videoconferencia la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, y sus pares de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Chaco, Jorge Capitanich, y de Santa Fe, Omar Perotti.