Tras 11 años, la causa Puerto Ibicuy entró en su recta final

Marcelo Medina / Redacción de UNO

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Después de seis largos días de debate, que incluyeron extensos interrogatorios a testigos y prolongadas declaraciones de los acusados, la causa Puerto Ibicuy entró en su recta final. Hoy serán los alegatos. Primero se conocerá las posturas de la Fiscalía y la Oficina Anticorrupción. Luego será el turno de los abogados defensores de los siete acusados de apropiarse de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) destinados a obras para reactivar la terminal fluvial de aguas profundas del sur entrerriano.

Once años ya pasaron desde que la sociedad entrerriana comenzó a escuchar sobre un supuesto caso de corrupción ocurrido en el sur entrerriano, que habría sido pergeñado por el exsenador menemista, Félix Abelardo Pacayut, nacido en Corrientes, pero afincado desde los años 70 en la localidad de Mazaruca.

La causa no solo lo involucra a él, sino también a su hermano Carlos, a los contadores Rafael Morana y Julio Ivanovich; a los exconcejales justicialistas Norberto Durrels y Carlos Lovera y al empresario porteño Miguel Sindor. Según la acusación fiscal, los siete se quedaron con unos 14 millones de pesos- dólares que el Estado Nacional, a través del Ministerio del Interior, envió para realizar obras en el puerto.

La gestión se realizó a través de una Comisión de fomento prodesarrollo del Puerto de Ibicuy–Asociación Civil sin fines de lucro, y con personería jurídica en trámite. Tras una licitación privada se adjudicó la ejecución a BuildingArg SA, Luego de advertirse las limitaciones de la asociación, así como la idoneidad en la materia del Instituto Portuario Provincial (IPP) y el Ente Autárquico Puerto Ibicuy (EAPI), la Comisión cedió el contrato suscripto con BuildingArg SA a las entidades públicas.

El convenio se formalizó en Ibicuy entre la asociación, Carlos y Abelardo Pacayut como presidentes respectivamente del EAPI y el IPP. Fue un instrumento privado, sin firmas certificadas ni fecha cierta, y sin ninguna mención a la previa conformidad de BuildingArg.

La empresa recibió 14 millones de adelanto y no terminó las obras. Se supone que ese dinero quedó en manos de los acusados o sirvió para pagar gastos políticos.

La Provincia, en la gestión de Sergio Montiel, intentó cobrar los seguros de caución que se toman ante cada obra que se ejecuta, pero porque supuestamente había irregularidades en el contrato, las compañías se negaron a pagar. Mientras que los acusados dicen que las aseguradoras no pagaron porque la Fiscalía de Estado, a cargo por aquel entonces del abogado Sergio Avero equivocó los caminos, los denunciantes aseguran que hubo severas irregularidades, que incluyeron el pago de sobreprecios por los materiales utilizados.

Una de las discusiones estará centrada en conocer si la obra debía ajustarse a la Ley de Obras Públicas o no, ya que la licitación fue privada.

Datos
Los acusados Norberto Durrels, Julio Ivanovich y Carlos Lovera son defendidos por el abogado Juan Chaulet.

Los hermanos Pacayut son representados por los abogados Julio Federik y Leopoldo Lambruschini.

El empresario Miguel Sindor es defendido por los abogados Ignacio Díaz y Cecildo Ayala.

Rafael Morana es defendido por los letrados Marciano Martínez y Enrique Martínez.

Los fiscales son: Carolina Castagno y Rafael Cotorruelo.

El tribunal está integrado por los camaristas José María Chemez, Daniel Perotti y Daniel Malatesta.