Momentos de tensión, cruces y forcejeos se vivieron ayer en Churruarín y López Jordan de Paraná. Fue un intento de desalojo extraño. A las 9 comenzó un operativo para sacar de un predio a tres familias. Según ellos, hace más de 30 años que están en el lugar. Fue por orden de un juez y una decena de policías de la Guardia de Infantería Adiestrada (GIA) junto a una topadora irrumpieron en la zona. Había seis niños y una mujer con diálisis en dos casas precarias; los vecinos se solidarizaron de inmediato. Les dieron hasta el martes.
En el medio de la calle había una columna espesa de humo, eran gomas que los vecinos prendieron frente al intento de desalojo.
Según detallaron, antes de las 11 un grupo de hombres ingresó a dos viviendas del predio y sacaron afuera todas las pertenencias de tres familias que viven en el lugar.
Había policías, algunos encapuchados y armados dispuestos a sostener la tarea. También una abogada, que no quiso dar su nombre ni el de su defendido, el dueño del terreno. Tenían, junto a un oficial de Justicia llamado Pablo Demartini, la orden de un juez para llevar adelante el desalojo.
Había niños, al menos seis, uno de ellos de apenas 8 meses. También una mujer de 30 años que volvía de realizarse diálisis; se descompuso y la tuvieron que internar.
Hubo forcejeos y peleas, un hombre, miembro de las familias que resistieron, terminó preso.
A las 12 llegó una topadora y se acomodó como para derribar las casas precarias, los vecinos se solidarizaron de inmediato y armaron un cordón, gritaron y pecharon hasta que la situación se calmó un poco.
Tensión y forcejeos durante un dramático intento de desalojo
Ángela Petrecheli, integrante de una de las tres familias a las que quisieron desalojar, contó a UNO mientras la situación era compleja: “Supuestamente nos tenían que mandar una carta de desalojo y nunca nos llegó. Nos enteramos anoche por un pariente y un amigo nuestro que nos alertó. Ahora se metieron a la fuerza, lastimaron a mi cuñado que está detenido. Mi hermana vino de diálisis y está descompuesta. Somos unas 20 personas y hay seis niños”.
Afuera parecía un campo de batalla: muebles rotos, ropa esparcida, una heladera y otros electrodomésticos estaban tirados y revueltos; había juguetes en el barro y hasta un loro y su jaula en el medio del camino y del barro. Mientras, en la calle, el fuego y las gomas continuaron con su humo negro.
“El dueño del lugar es fallecido, un tal Vitale y a este predio lo tiene el abogado Llorens, él lo puso a mi papá como cuidador hace 30 años y el juez ahora dice que estamos como intrusos. Supuestamente Llorens se lo vendió a otro y no sabemos quién es”, agregó la mujer.
Las familias, junto a un gran número de vecinos, decidieron quedarse en la casa más grande.
Oficial de Justicia
La abogada que se presentó como defensora del dueño del predio no quiso hablar con UNO, tampoco aportó el nombre del titular del terreno y ni siquiera el suyo. Solo mencionó que tenía la orden del juez para el desalojo.
Con la topadora encendida y la Policía apostada, el que sí dio una explicación más clara de la situación fue Pablo Demartini, oficial de Justicia, así se presentó y dijo: “Hubo un juicio civil por desalojo. La familia se defendió, salió una sentencia en primera instancia, apelaron y la cámara lo confirmó”.
Si bien sostuvo no conocer al dueño del lugar, aclaró: “La carátula del expediente dice Rolandelli y otros, contra Petrecheli”.
Señaló que hubo varias notificaciones a las tres familias y que el juez que dio la orden de desalojo es Juan Carlos Coglionesse. “Una vez terminada la ultima apelación, la sentencia quedó firme. Habitualmente les damos tres o cuatro días; en este caso le dimos 10 y la semana pasada les avisamos. Ellos no se movieron, no buscaron ayuda, ni dónde ir. Por eso se procede a hacer el desalojo a la vía pública, a la calle”, manifestó.
Pero luego no pasó nada de eso. De un momento para otro, la tensión bajó y la Policía se fue junto con la topadora. “Alguien llamó y pidió que se levante todo, no quedó nadie, ni la abogada”, contó Ángela Petrecheli horas después.
En principio, luego de la mañana vivida, les dieron hasta el martes para abandonar el lugar. La mujer contó a la siesta que están en la búsqueda de un abogado. Mientras, las tres familias volvieron a meter sus pertenencias en cada una de las viviendas.
La Defensoría del Pueblo intervino y estudiará el expediente
Graciela Zibelman, presidenta de la vecinal López Jordán, se comunicó con Luis Garay, defensor del Pueblo, quien llegó hasta el lugar.
“La idea es ver de qué se trata el expediente y qué pasos se pueden seguir. Las partes se pusieron de acuerdo para una semana de prórroga porque nadie sabía explicarme nada”, dijo Garay, y explicó que lo primero que van a hacer desde la Defensoría es constatar que no hay posibilidades de dar marcha atrás con el desalojo. “Hay que ver si es una cosa juzgada y después si el Estado puede brindar ayuda a las familias. Necesito interiorizarme, saber de qué se trata desde el punto de vista jurídico. Les dieron hasta el martes”, agregó.
Por su parte, la presidenta de la vecinal comentó: “A estas familias las conozco desde hace 30 años. No es gente que hace daño. Tengo los impuestos –y los mostró– que están a nombre del señor Petrecheli, pagados y a su nombre y lo mismo en ATER como en la Municipalidad”. También manifestó que si el martes quieren volver a desalojar, convocará a todos los vecinos del barrio.