Suba del boleto: preocupación en San Benito, Oro Verde y Colonia

El incremento del cuadro tarifario del servicio de transporte urbano de pasajeros tuvo ayer su primer capítulo, en el marco del debate que lleva adelante la Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante. En ese ámbito, con una composición ampliada para su análisis, ediles, funcionarios, empresarios, dirigentes sociales y gremiales y usuarios exponen sus posturas sobre el proyecto de ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), que propone llevar de 14,85 pesos a 22,80 pesos el boleto general de colectivo.

De allí saldrá un dictamen para que el cuerpo legislativo resuelva los nuevos costos de los pasajes de las líneas a cargo de las firmas Mariano Moreno y ERSA SA, a cargo de la concesión del servicio adjudicado por la Municipalidad.

Entre las distintas voces en torno al inevitable ajuste –como consecuencia de la inflación, la quita de subsidios, los incrementos de combustibles, entre otros– mereció un tratamiento particular el propósito del Ejecutivo de Paraná de disponer una tarifa para los servicios con recorridos urbanos (el boleto general iría a 22,80 pesos, aunque el municipio subsidiaría 2,80 pesos), y otro cuadro diferente, para todas las categorías, en aquellas líneas de carácter suburbano, que unen Paraná con las ciudades de Oro Verde, Colonia Avellaneda y San Benito. En esos casos –líneas 4, 15, 22, por citar algunas–: pasarían a costar 24,80 pesos, sin aplicación de subsidio municipal que rebaje el valor a 20 pesos.

Fue una de las aristas abordadas ayer en la reunión. El concejal Juan Enrique Ríos (FPV) recordó que presentó dos proyectos de resolución para reclamar ante el incumplimiento de la concesionaria para aplicar el boleto combinado o realizar descuento en horario no pico –entre las 8.30 y 11– a esas líneas interurbanas. La particularidad del caso es que aún si un ciudadano de Paraná toma por ejemplo la Línea 4, sube y desciende en el ejido urbano de la ciudad, no cuenta con esos beneficios, y a partir de la aplicación de la nueva tarifa debería abonar un boleto más caro. Lo mismo sucedería con las otras categorías: el pasaje de alumno Primario iría a 12,40 pesos –en Paraná, 2,28 pesos–; Secundario a 12,40 pesos –costará 5,71 pesos en líneas que recorren solo el ejido urbano de Paraná–; terciario y universitario, 12,40 pesos –contra 6,84 pesos de las otras líneas–; Obrero 14,88 pesos –4,62 pesos más–; y Jubilado a 19,84 pesos –más de 9 pesos adicionales–.

Al respecto, en su carácter de empleado a cargo del Departamento de Planificación de la Dirección de Transporte de la Provincia, Edgardo Massarotti trazó una historia sobre el devenir del servicio con el paso de los años. Fue para explicar que cada municipio tiene potestad sobre su ejido urbano, y si bien en los hechos se instauró un modelo con ciudades cercanas –Oro Verde, San Benito y lo que se llamaba La Loma, que ahora es Colonia Avellaneda–, por su crecimiento pasaron a ser colindantes. Pero aún así Paraná no puede legislar sobre otros territorios.

"En las normas vigentes para esas prestaciones quedó establecido, sí, que las tarifas que se apliquen en recorridos hacia las localidades colindantes no pueden ser inferiores a la vigente en la capital provincial, pero deben disponerse mediante acuerdo entre los municipios y la Provincia", explicó.

Existe preocupación en esas comunidades ante el intento de cobrar un boleto a un precio mayor. Por ese motivo, la semana pasada hubo una reunión en Transporte Provincial a la que asistieron los intendentes de Oro Verde José Luis Dumé y de San Benito, Exequiel Donda, junto a funcionarios de la cartera de Transporte de la comuna paranaense, encabezados por Ricardo Frank. En caso de que Paraná tome una determinación sobre los otros municipios, se podría encaminar un reclamo judicial, con un planteo de nulidad.

Se sumaron en los últimos años, los servicios a Sauce Montrull y la línea 23 Área Metropolitana, que une a las cuatro poblaciones. Transporte provincial, en los últimos días, interviene de manera amistosa para lograr conciliar sin conflictos. Las autoridades en ese ámbito habían prometido corregir esa situación, atendiendo a una cuestión de derecho que evidentemente no fue tenido en cuenta al momento de elaborarse el proyecto de ordenanza de ajuste de tarifas.

Ante la preocupación expuesta en la reunión por representantes de choferes ante la situación financiera de la empresa prestadora ERSA, el defensor, Luis Garay, exhortó a que el Estado piense en un plan B con el fin de garantizar un servicio público fundamental para miles de usuarios. Y acotó: "Antes de la discusión sobre el precio del boleto, hay que ocuparse del servicio. Los reclamos de los usuarios siguen siendo la dilación de las frecuencias, la falta de garitas y de limpieza de los coches, entre otros planteos históricos".