Suba del boleto: en estudio desde setiembre, se tratará a tres días de las elecciones

Pocos actores sociales y políticos con responsabilidades en la toma de decisiones observan que el transporte público, no solo en Paraná sino en todo el país, está recién ingresando a una etapa crítica y se encamina hacia un futuro de posible colapso por la falta de sustentabilidad.

La quita de aportes del gobierno nacional –mientras mantiene subsidios a Capital Federal y Buenos Aires– dejó un escenario profundamente crítico, ya que el costo de un boleto no puede ser financiado por el usuario: de ser así, debiera ser como en 2001-2002 –previo a la conformación del sistema con subsidios vigente hasta 2018–, cuando el costo del pasaje era el equivalente a 1 dólar y medio. Hoy sería de más de 60 pesos.

En ese marco, todavía sigue en discusión la adecuación de la tarifa en Paraná. Demagogia o intereses sectoriales o políticos aparte, el interrogante es si se hacen los esfuerzos para mantener la prestación, aunque deficiente; instaurar un servicio acorde a los nuevos ingresos –mucho más pequeño, con menos frecuencias aún, por ejemplo– o que directamente colapse y miles de usuarios queden sin movilidad.

En este contexto, se conoció ayer que el Concejo Deliberante de Paraná convocó a sesión para el jueves 11, donde ingresará el tratamiento de la suba del boleto urbano, con dos dictámenes: uno de mayoría a favor del incremento a 20 pesos durante 180 días, y otro de minoría, solicitando una convocatoria a audiencia pública.

El reglamento legislativo sostiene que un dictamen que llega al recinto proveniente de comisión pasa automáticamente al orden del día de la próxima sesión.

El oficialismo, a duras penas, ha logrado mayorías simples o especiales en temas candentes como Presupuesto o Tributaria. La suba del boleto lo es aún más, porque afecta inmediatamente el bolsillo de unos 150.000 usuarios que tiene tarjeta SUBE en Paraná. Y tiene como circunstancia la proximidad de la contienda electoral.

En ese marco es que oficialismo y oposición evalúan y juegan sus cartas. Un boleto a 14,85 pesos es insostenible; en todas las capitales provinciales del país, el boleto está por encima de los 20 pesos; y en la provincia, hasta Concepción del Uruguay, Concordia y Gualeguaychú fluctúan entre los 18 y 20 pesos.

El análisis de una suba del boleto empezó, tal como lo establece el marco normativo, en septiembre de 2018, en el Órgano de Control del Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU). Tras un riguroso estudio con la participación de diversos sectores, desde fin de año el Concejo tuvo a disposición la definición de la suba del boleto. La facultad de determinar las tarifas, tan reclamada por el órgano legislativo –luego de tres administraciones municipales que decidían el costo del boleto por decreto–, volvió a ese ámbito.

Sin embargo, desde enero está la indefinición e idas y vueltas. En el medio, las empresas no saben con qué ingresos cuentan para proyectar sus gastos operativos, y los choferes quedan envueltos en las dificultades para cobrar sus salarios, como aconteció esta semana.

El aporte de emergencia otorgado por el gobierno municipal, por un monto de 2,4 millones de pesos para cancelar el bono de 5.000 pesos correspondiente al aumento salarial de 2018, se produjo a partir del Fondo Anticíclico del Transporte, aprobado el año pasado en el Presupuesto 2019. Pero la semana próxima UTA empieza a discutir el aumento salarial 2019, y desde allí se sabe que Paraná ya no aportará el total del pago de los trabajadores, ya que se hará cargo de las líneas urbanas; las metropolitanas 4, 6, 12, 15, 20, 22 y 24 –que llegan a Colonia Avellaneda, Sauce Montrull, Oro Verde y San Benito– quedará en manos de los intendentes y de la Provincia.

En el paro de esta semana, ninguno de los intendentes de esas localidades se expresó o participó de las negociaciones o de la convocatoria de la Secretaría de Trabajo de la Provincia, pese a que sus vecinos quedaron directamente aislados.

Semanas atrás, uno de esos jefes comunales había confirmado a UNO que el 50% de los usuarios de esas líneas del área metropolitana pertenecen a esas jurisdicciones.

¿Quién se carga la responsabilidad de evitar el desfinanciamiento del sistema? Mientras el Ejecutivo de Paraná evalúa disponer –y es casi arrinconado– para que determine por decreto una suba del boleto, en el Concejo hay especulaciones de que el Frente para la Victoria (FPV) esta vez pedirá el tratamiento sobre tablas del proyecto del Ejecutivo, para que el tema esté presente en la previa a concurrir a las urnas, el domingo 14 de abril.

Y la Provincia ¿qué precio pondrá al boleto de esas líneas metropolitanas, de su jurisdicción? ¿Esperará la determinación de Paraná para aplicar un incremento como irreversible por el dispuesto para el resto de las líneas urbanas?

Si bien no avanzó la intención de diferenciar la tarifa entre Paraná y el resto de las localidades del área metropolitana–fundamentado por el municipio en no subsidiar a vecinos de otras jurisdicciones–, en los hechos muchos de esos usuarios pagarán más porque no podrán acceder a los beneficios de descuentos de SUBE.

Unos y otros evalúan el menor costo frente a la ciudadanía. Es entendible que así sea para evitar conflictos o aumentar chances electorales, siempre y cuando ello no exima de la responsabilidad que a cada uno le cabe, para darle sustentabilidad a un servicio básico que está ingresando en un proceso ruinoso y de precariedad, producto del financiamiento quitado por la Nación y reemplazado por subsidios congelados en un contexto inflacionario.