Mayda Cresto le explicó por WhatsApp a un militante que cuestionaba su presumible voto favorable a la reforma previsional en Diputados que ella estaba "condicionada" en su decisión por el gobernador Gustavo Bordet, ya que en caso de caerse el acuerdo fiscal que firmaron la Nación y las provincias, a lo sumo en seis meses el gobernador no podría pagar los sueldos a los empleados y jubilados.
Sin retorno
16 de diciembre 2017 · 10:31hs
Más allá del oportunismo que podría adjudicársele a la legisladora al pedir que el Congreso del PJ entrerriano se pronuncie sobre lo que ella ya sabe, está claro que no exageró en el diagnóstico, y que la advertencia sobre la caída del pacto fiscal fue el primer aviso formulada por todo el macrismo (de Marcos Peña para abajo, todos) cuando comenzó a caldearse el clima, una vez conocida la idea de meterle la mano en el bolsillo a los jubilados nacionales, beneficiarios de la AUH y otros.
Mayda recordó que durante la campaña electoral, ellos, los candidatos peronistas, habían advertido del tema. Convengamos que algo dijeron, no mucho, sino no hubiera habido numerosos peronistas votando a la izquierda. Pero más allá del detalle, lo cierto es que Entre Ríos fue la provincia gobernada por el peronismo donde Cambiemos ganó por más amplio margen, y también es cierto que la indicación del FMI de modificar la fórmula de la actualización jubilaciones, AUH y asignaciones se conoció ya en 2016. Y por si eso fuera poco, el macrismo avisó que después de la elección se venía el ajuste más duro.
No se le puede reprochar a la gente su voto, ya que el pueblo nunca se equivoca, dicen algunos peronistas; pero la verdad es que Bordet hoy no está siquiera entre la espada y la pared, sino entre dos espadas. En Entre Ríos hay 160.000 jubilados nacionales que son parte los perjudicados por la reforma. Son más de la mitad de los votos que obtuvo la lista de Bordet en las elecciones del 22 de octubre. Será difícil que estén contentos con el gobernador que apoya la reforma previsional (aunque según las encuestas, esa franja etaria votó mayoritariamente por Cambiemos). Está claro entonces cuál es la encerrona: si se cae el acuerdo fiscal –por citar dos problemas– la Provincia ya no podrá aspirar a que la Nación compense la mitad del déficit de la Caja de Jubilaciones, con un perjuicio de 2.500 millones por ese 50%; y es muy posible también que por el reclamo de Mariú Vidal por más coparticipación del Impuesto a las Ganancias, se pierdan al menos otros 3.600 millones. Son 6.000 millones menos. Se pueden sumar, entre otros números, los no menos de 1.500 millones que se perdieron a raíz de los fallos de la Corte contra las alícuotas de Ingresos Brutos diferenciados. Y hay más. No exageró la diputada Cresto. Así las cosas, para Bordet son aquellos jubilados o los provinciales. No intenta esta columna justificar al gobernador, ya que uno supone que siempre hay una salida diferente; pero sí señalar que el modelo económico que con amplia legitimidad electoral plantea el gobierno nacional tiene estos parámetros. Y que los mismos que hoy nos solidarizamos con los jubilados nacionales porque entendemos que no puede seguir siendo la regla de oro de la política argentina que el hilo se corte por lo más delgado, podemos estar en breve solidarizándonos con los jubilados provinciales, y los maestros y los trabajadores de la salud de Entre Ríos. Tampoco pretendo justificar a Cresto o a Juan José Bahillo, que si observan en qué bloque están, ya saben qué es lo que se espera que voten. Pero en tren de marcar hipocresías o verdades a medias, se podría señalar que los legisladores radicales, especialmente los provinciales, saben perfectamente cómo viene la mano con la administración de Cambiemos e igualmente asumen muchas veces –haciéndose los desentendidos– posturas casi virginales en los recintos legislativos, midiendo con varas diferentes la gestión provincial y la propia, la de ellos, encabezada por Macri.
Desde lo político, el peronismo no aparece como una alternativa clara, ni siquiera como una referencia confiable, y eso favorece a Cambiemos. Si el gobierno de Macri no fuese tan apegado a la mano dura y hubiera desplegado un operativo de seguridad razonable en el Congreso , posiblemente la reforma previsional ya se hubiera convertido en ley.