Política basada en hechos reales

Que haya reacomodamientos en las cámaras legislativas no es algo novedoso, pero no por eso es para dejarlo pasar sin algún mínimo comentario. Los diputados nacionales del PJ electos por los entrerrianos acuerdan con el gobernador y, de modo mediato, con el Presidente qué bloque ocupar y cómo votar en el tratamiento de proyectos de ley más que polémicos. Los senadores Sigrid Kunath y Pedro Guastavino, además del macrista Alfredo De Ángeli, ya votaron la reforma previsional que le baja los haberes a los jubilados modificando la fórmula de movilidad. En diputados, Juan José Bahillo y Mayda Cresto anunciaron su encolumnamiento con el peronismo no kirchnerista y la lógica indica que se aprestan a levantar la mano en el mismo sentido. Tanta es la evidencia de los perjuicios de la iniciativa, que hay quienes piensan en hacerle algún retoque que obligaría su regreso a la Cámara alta.

No es la primera vez que legisladores peronistas votan en sentido contrario a lo que defendían hasta hace muy poco tiempo. Ejemplo paradigmático es la ley que autorizó el pago a los fondos buitres, una de las primeras medidas del gobierno de Cambiemos y que implicó un desembolso de 9.300 millones de dólares en abril de 2016. En aquella oportunidad Guastavino y Kunath votaron afirmativamente en la Cámara alta, en consonancia con el pedido del gobernador Gustavo Bordet. De más está decir que el no pago a los fondos buitres, como la movilidad jubilatoria, era una bandera del kirchnerismo. No hicieron lo mismo los diputados que estaban enrolados en el Frente para la Victoria: Lautaro Gervasoni, Juan Manuel Huss, Carolina Gaillard, Jorge Barreto y Julio Solanas.

Ahora, Kunath y Guastavino deben participar de la decisión sobre, ni más ni menos, la libertad o el encarcelamiento de quien fuera hasta hace apenas dos años su jefa política indiscutida. Que deban salir a aclara su postura al respecto evidencia cómo han cambiado los tiempos..

Nos han enseñado desde nuestra infancia que el pueblo, o sea nosotros, no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Así dice el artículo 22 de la Constitución. Un poco antes, el artículo 1, dice que la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal. Todavía antes, el Preámbulo arranca con la famosa fórmula: "Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina..." Queda más que claro que no somos el gobierno, sólo lo somos indirectamente, y la misma Carta Magna establece que si nos organizamos o tomamos las armas para atribuirnos los derechos del pueblo, incurrimos en el delito de sedición.

Los representantes, entonces, son un grupo de ciudadanos y ciudadanas electos mediante el voto popular y las autoridades que ellos elijan, que asumen la responsabilidad de decidir por todos los demás. Se supone que esas decisiones deben ser en beneficio del resto. Quienes gobiernan son, por lo tanto, nuestros delegados, o nuestros intérpretes: sus prácticas son las que tendríamos nosotros si estuviéramos en su lugar. Son, además, nuestros protectores. O deberían serlo.

Pero hay otra acepción para el verbo representar y es interpretar un papel en una obra de teatro. Posiblemente ésta sea la más adecuada. Según esta idea, los dirigentes políticos –legisladores, gobernadores, presidente– no ejercen cargos en nombre de quienes los votaron, sino que actúan, recitan líneas de un libreto. Hacen "como que" deciden como lo haría la ciudadanía, aunque esto no se corresponda necesariamente con la realidad. Sería algo parecido a una obra basada en hechos reales, pero una ficción al fin, con amplia licencia para la imaginación.

Esto explica mejor por qué un senador A es electo en nombre de un partido X pero a mitad de mandato se comporta como si fuera del partido Y, en acuerdo con el partido Z. Los representados pueden sentirse engañados y con razón. Porque el guión de la obra se escribe y se reescribe en función de los acuerdos dirigenciales, sin importar si eso fue lo que se prometió en campaña y lo que votaron los ciudadanos.