El proyecto "ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos", conocida como Ley Ómnibus plantea, entre otros puntos, la modificación de la Ley Micaela, una norma que tiene cinco años de vigencia y establece la capacitación obligatoria en materia de género y violencia para los efectores de los organismos públicos. En diálogo con Radio La Red Paraná (88.7), el papá de Micaela, Néstor García, sostuvo que "modificar la ley es prácticamente derogarla".

En principio, cabe destacar que la modificación se haría sobre los artículos 4: 5 y 6 de la Ley 26.485. De esta manera, se buscaría capacitar solo en violencia familiar a los agentes del Estado que estén inmersos en áreas de Género y Diversidad. "Es decir, se capacitaría a las personas que se suponen que ya conocen de la temática", expresó Néstor García a UNO y agregó que la esencia de la Ley es precisamente por fuera de los espacios vinculados al género: "La Ley surgió porque hubo un juez, Carlos Rossi, quien dejó en libertad condicional a Sebastián Wagne, a pesar de que había pericias psicológicas que lo desaconsejaban. También por agentes del Estado que no le tomaron la denuncia al papa de una niña de 13 años, que en ese momento denunciaba un hecho de violación por parte de Wagner el día previo al femicidio de Micaela". Cabe aclarar que ninguna de estas personas implicadas en el desarrollo de la situación que termina con el femicidio de Micaela en Gualeguaychú, el 1 de abril de 2017, pertenecían a ningún área de género. Para el papá de Micaela, es el claro ejemplo por el cuál la Ley "dejaría de tener el sentido". Se recuerda que en el 2019 hubo un intento de descentralizar dicha ley pero no prosperó.

La ley 26.485 identifica ocho modalidades de violencia y con la modificación se pretende intervenir solo en una: la violencia doméstica. "Además, hay intención de no intervenir en materia de violencia institucional, política o laboral".

Por otro lado, según Néstor García hay mucha confusión en el articulado de la reforma y no está claro el modo de aplicación: "¿Las capacitaciones van a tener que ser diseñadas por cada organismo (como plantea la actual)? Porque la modificación plantea que estará a cargo de la Secretaría de Niñez y Familia pero, en el artículo 5, vuelve a confundir. El artículo 6 dice que la autoridad de aplicación debe capacitar a la máxima autoridad de los poderes".

García cree que la ley actual funciona muy bien pero que tiene algunos puntos que pulir. Sin embargo, no cree que la salida sea esta modificación: "Soy optimista de que la ley se quede como está. Y después la lucha será en hacerla cumplir".

Qué se negocia en el Congreso de la Nación

Néstor García participó de manera virtual de las reuniones de comisiones. Luego, se reunió con los distintos bloques de diputados: "La posición de la Izquierda y de Unión por la Patria es no tratar directamente ningún punto de la Ley Ómnibus, pero otros bloques como "Innovación Federal", "Hacemos Coalición Federal" y la "Unión Cívica Radical" consideran que no habría que tratar esta modificación en particular. Y en caso de que se trate artículo por artículo, votarían en contra la modificación. Y hay algunos diputados y diputadas del PRO votarán en contra también".

"Todo el arco político acompañó la ley Micaela hace cinco años y que hoy se plantee poner en discusión una normativa que la sociedad acepta, que viene transformando las cosas en lo cotidiano, me parece que no hablaría bien de cómo nos movemos institucionalmente", sentenció.

¿Se hizo justicia?

En el juicio hubo cuatro personas imputadas: Sebastián Wagner, considerado el autor del hecho y condenado a cadena perpetua por violación y femicidio. No apeló en su última sentencia y cumple con la condena actualmente. Néstor Pavón, quien era jefe de Wagner y llegó a juicio con la misma acusación que Wagner, fue condenado a cinco años de prisión por encubrimiento agravado. Según el primer acusado, Pavón fue el autor del crimen y Wagner la violó. El hijastro de Wagner, Gabriel Otero, fue absuelto aunque lavó el auto implicado en el hecho pero se cree que con desconocimiento de la causa, según la Querella y la Fiscalía. Y y el padrastro de Wagner fue implicado por encubrirlo cuando el femicida decidió escapar al Conurbano Bonaerense y cumplió su condena de cinco años. La causa está desde hace tres años en manos de la Corte Suprema de Justicia ya que se cerró el caso en la Provincia. "Cuatro veces pidieron el expediente desde la CSJ", dijo y agregó: "La situación es complicada porque un posible violador y femicida convive en sociedad en Gualeguay", con respecto a la situación de Pavón.

Por otra parte, se encuentra la situación del juez Juan Carlos Rossi. Wagner había sido condenado a 9 años de prisión por abuso sexual en 2012. Estuvo en la cárcel hasta que el juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú le otorgó el beneficio de la libertad condicional en 2016, a pesar de un informe del Servicio Penitenciario que desaconsejó esa decisión. Rossi tuvo un jury en la provincia de Entre Ríos pero no tuvo consecuencias porque el procurador Jorge García no acusó al juez.