En Argentina, el fenomeno conocido como "Adultescencia" -que describe a las personas de más de 25 años que permanecen el el hogar de sus padres- ya no es tan aislado ni un rasgo cultural o psicológico, sino una consecuencia directa de una crisis estructural de empleo, bajos salarios y las crecientes barreras de acceso a la vivienda.

Las políticas económicas y sociales de los últimos años —tanto en materia de empleo formal como de vivienda digna y financiable— han fallado en obtener la independencia económica y residencial de la población joven, que cada vez les cuesta más emanciparse.

Según datos de la Fundación Tejido Urbano casi 40% de los argentinos de entre 25 y 35 asños sigue viviendo con sus padres y el 38,3% de ese grupo etario no logra independizarse. Este patrón ya no es excepcional, hace más de una década que la tasa de de dependencia parental mantiene alta o en aumento

La informalidad laboral, contratos temporales y precariedad hacen que muchos jóvenes adultos no tengan estabilidad ni ingresos formales suficientes para cumplir requisitos de alquiler o de crédito.

Informes previos muestran que la desocupación supera la del conjunto de la población económicamente activa y la informalidad es particularmente alta en menores de 35 años.

¿Un término sociológico o económico?

El término “adultescencia” evidencia un cambio en las condiciones materiales para lograr autonomía. Pero ya no es solo una elección cultural, es una estrategia de supervivencia económica; y además en áreas metropolitanas y grandes ciudades los costos e incertidumbres son aún más alarmantes.

El número en aumento de jóvenes adultos que no puede irse de la casa de sus padres muestra que en Argentina son escasas las políticas públicas para acceder a una vivienda, tanto en alquiler como a crédito hipotecario. A esto se suma un mercado inmobiliario desregulado y sin políticas estatales.

El problema es estructural y persistente, y no se revierte con medidas aisladas o de corto plazo. Los salarios no acompañan el ritmo del costo de vida, especialmente frente a alquileres e inflación y como consecuencia la dependencia familiar se extiende por la falta de oportunidades claras para acceder a un proyecto de vida autónomo.

Esto alimenta sentimientos de frustración y obstaculiza la construcción de una identidad adulta independiente para millones de personas, lo que a su vez genera una crisis en materia de salud mental.

Según los propios diagnósticos oficiales del mercado de trabajo y de ingresos que produce el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la combinación de desempleo, informalidad y salarios insuficientes afecta con mayor intensidad a la población juvenil.

Desde una perspectiva de salud pública, el problema deja de ser individual y pasa a ser estructural, en línea con los abordajes que impulsa el propio Ministerio de Salud de la Nación, que advierten que los determinantes sociales —trabajo, vivienda e ingresos— son factores centrales en el bienestar psicológico.

La crisis de acceso a la vivienda y la precariedad laboral no solo limitan la autonomía material, sino que funcionan como factores de riesgo para la salud mental, especialmente entre jóvenes adultos.

La imposibilidad de irse de la casa de los padres deja de ser una elección y se transforma en una experiencia sostenida de incertidumbre, estrés económico, sobrecarga de convivencia y percepción de estancamiento.

Eva Ortiz