Sobre este y aquel diciembre

A 12 años del estallido de 2001, la palabra saqueo vuelve a sonar en referencia a los hechos recientes. En el medio, se discute de las redes sociales.
19 de diciembre 2013 · 06:39hs

Carlos Matteoda / De la redacción de UNO

A 12 años del estallido social de diciembre de 2001, que provocó entre otras situaciones la caída del presidente Fernando de La Rúa, las palabras saqueo y estallido han vuelto a estar en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las charlas cara a cara; ya no como parte del recuerdo de aquellos hechos, sino como realidades vinculadas al acuartelamiento de varias policías provinciales -la entrerriana incluida- que dejó a merced de los saqueadores a numerosas ciudades del país -Concordia incluida- y a sucesos ocurridos en otras ciudades -Paraná- pese a que la Policía permanecía prestando su servicio.
 

Esta situación torna extraño el merecido homenaje y recuerdo de los muertos de diciembre de 2001 porque no falta quien compara aquella situación con los hechos recientes, pese a que notoriamente son diferentes. Se los compara con mala intención, y se dice “los defensores del argentinazo de 2001, ahora se fijan en que los saqueadores roban televisores de LED y no comida”, como si señalar que los saqueadores en general fueron a la búsqueda de los electrodomésticos más caros fuera en sí mismo una credencial de oficialista o una distorsión de la realidad.
 

Eloisa Paniagua, asesinada por la espalda por un policía entrerriano luego de que se acercara a un supermercado esperando llevarse un mendrugo para sus hermanitos, no tiene nada que ver con los policías sediciosos que liberaron zonas para el saqueo y el delito poniendo en riesgo la vida y los bienes de miles de personas. Romina era una inocente víctima del hambre, mientras que los policías que actuaron de ese modo son delincuentes.
 

No debiera hacer falta la aclaración. Pero parece que hay sectores que se regodean en la posibilidad de una especie de revancha, pensando tal vez que si al país lo sacude nuevamente una crisis como la de 2001, los sectores políticos y de poder perjudicados en aquella oportunidad volverán a recuperar sus lugares.
 

Decir que en los saqueos hubo delincuentes implica asumir que una parte de la Policía actuó en connivencia con ellos. Implica además reconocer que la cadena de mandos de la fuerza provincial quedó afectada por los hechos y que hoy no goza de prestigio dentro de la fuerza; implica decir que al gobierno provincial la situación también lo afectó, mostrándolo obligado a negociar con personas que asumieron una actitud antidemocrática cuando lo normal hubiera sido que terminaran separados de la Policía en ese mismo momento; implica reconocer que entre los saqueadores y merodeadores de supermercados hay numerosos jóvenes que tienen armas, muchos de ellos son soldaditos de los narcos locales que las tienen por su vinculación con el mundo de las drogas, lo que habla a las claras de falencias en el combate al tráfico; implica reconocer que con matices diferentes sigue habiendo amplios sectores en la marginalidad social... y la lista puede seguir. Nada de esto parece un discurso oficialista, ¿no?
Diciembre de 2001 poco y nada tiene que ver con este diciembre. Hay muchas diferencias y esto no exime en nada al gobierno de sus responsabilidades. No hace falta aclarar, por ejemplo, que la clara demanda de actualización salarial que hicieron explícita numerosos sectores de la administración provincial también alcanza a los trabajadores privados (en blanco y en negro). Esa demanda no había sido debidamente atendida por el gobierno, que ahora impulsó una reforma tributaria para darle respuesta.
 

Esta situación poco tiene que ver con la existencia de los bonos federales en 2001, que terminamos canjeando en la calle a poco más del 50% del valor nominal, con el atraso de varios meses en el pago de sueldos de los trabajadores estatales, o con la represión de cualquier tipo de manifestación callejera por parte de la policía provincial a las órdenes de Sergio Montiel, Enrique Carbó y otros funcionarios.
 

Doce años después, los autores intelectuales y algunos de los autores materiales de la represión de 2001 gozan de impunidad; y en general el recuerdo de la retención de los ahorros (corralito) o de las cuasimonedas es más fuerte en el consciente colectivo que los trágicos acontecimientos de esos días, diluyendo culpas y responsabilidades por las muertes, que pasaron a un segundo plano.
 

Me queda, de haber cubierto los saqueos de 2001, la certeza de que aquellos también fueron programados, de alguna manera al menos. Se transmitían a través del boca a boca. “A la tarde vamos al Wal Mart”, escuchamos decir el 19 por la mañana y, efectivamente, a la tarde pasó lo que pasó en esa zona, donde la Policía de Entre Ríos mató a Romina Iturain, que estaba en una casa cercana a ese hipermercado, y recibió en su pecho una bala de plomo.
 

A diferencia de 2001, cuando a algunos los saqueos los sorprendieron, hoy el saqueo es una posibilidad, una acechanza, que se pergeña en otros lugares y que es fogoneado por otros actores, muchos de los cuales posiblemente no aparezcan por la zona en caso de que la instigación sea “exitosa”.
 

Hoy el temor pasa por el rumor, y el rumor, por las redes sociales. Para algunos sectores, vender miedo es hoy un negocio.
 

Para tener una idea del efecto de estas versiones, vale de ejemplo la versión indicando que se acercaban saqueadores que asolarían el centro de Paraná, que corrió como reguero de pólvora el martes posterior a los saqueos en Concordia, y logró que en pocos minutos todos los negocios del centro capitalino estuvieran cerrados. Y no venía nadie.
 

En las redes sociales se habló en esos días de situaciones que no existieron, de saqueos que no fueron, de cantidades de muertes que afortunadamente no llegaron a tanto y se maximizó el temor de la comunidad. Algunos lo hicieron interesadamente; otros, ingenuos, les resultaron útiles a los primeros.
 

¿Cómo evitar que las redes sociales se conviertan en una herramienta para promover actitudes delictivas, atemorizar a la gente y atentar contra la democracia? La respuesta no es sencilla. Supongo que cuando se conozcan algunas condenas judiciales por estos delitos, los que irresponsablemente se suman a la generación de esta situación andarán con un poco más de cuidado.
 

Es posible que se requiera de un mayor control en las redes sociales, pero no creo que eso resuelva el problema. La mentira, las operaciones periodísticas, el uso artero del anonimato, los rumores interesados existieron siempre. Antes se canalizaban a través del rumor boca a boca, del panfleto, de una pintada callejera; ahora sucede que la tecnología brinda herramientas poderosas y que garantizan demasiado el anonimato. Tal vez debiera regularse rápidamente y con más precisión la responsabilidad que les cabe a quienes delinquen o instan a delinquir a través de redes sociales.
 

Pero creo que, como sociedad, tenemos un problema mayor que el uso que le damos a las redes sociales. Problemas con el control. Si nadie controla, hay más vivos que son capaces de hacer cosas que, de lo contrario, no harían . Algo parecido a lo que sucede con las normas viales. “Somos hijos del rigor”, dice mi vecino. “El hombre es bueno, pero si se lo vigila es mejor”, decía el General.
 

Por estas horas se discute en la provincia un proyecto de resolución de un diputado que insta a restringir las redes sociales en caso de conmoción social. Más allá de que un proyecto de resolución es casi nada, como expresión de la voluntad legislativa; creo que la idea no es del todo descabellada, pero sí insuficiente.
 

Si la regulación -no adhiero a la prohibición- es durante el momento de conmoción interna, es probable que cuando alguien interprete que terminó el estado de conmoción , se vuela al uso irresponsable de esas herramientas de comunicación. Es algo así como reconocer que si la escuela y la vida no nos hicieron lo suficientemente responsables, bien vale una restricción.
Insisto, más allá de que en un caso de “conmoción interna” tal vez se justifique aumentar los controles, y de las dificultades técnicas que esto plantearía; prefiero la idea de que actuemos con libertad y nos hagamos cargo de nuestras responsabilidades; y que quien cometa un delito, responda ante la Justicia.
 

No dejo de observar la paradoja de que quien hoy -proponiendo restringir las redes sociales- se embandera en la pelea contra la difamación, la extorsión, la difusión del miedo y el uso interesado de medias verdades es -en mi opinión- la misma persona que desde un medio de comunicación ha incurrido muchas veces en estas actitudes. Y, tal vez lo más grave, encontró el silencio de quienes debían controlar y, si correspondía, formular algún reproche. A tal punto esta situación es evidente, que la fama del legislador bastó para sacar de eje a la discusión sobre el uso de las redes sociales, que sin dudas hubiera sido interesante. “No hay que gastar pólvora en chimangos”, dice un refrán que bien se aplica a este caso. La discusión, si se da, debe ser sobre las redes sociales, y no mezclarse con el debate sobre e l prontuario del legislador.
 

Hoy se cumplen 12 años de las dramáticas jornadas de 2001. Lamentablemente la realidad nos remite con dureza a esos hechos, que como se dijo, fueron diferentes a los actuales. Ojalá exista ahora un momento para la reflexión y ojalá también, un tiempo de paz para poder llevarla adelante.

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