Dos exfuncionarios del Gobierno del radical Sergio Montiel comenzarán a ser juzgados la semana próxima por direccionar la compra de un terreno destinado a la escuela agrotécnica de Basavilbaso.
Siete años después juzgarán a dos exfuncionarios radicales
El lunes 13 comenzará el juicio contra Guillermo Calabrese y Mario Fariña. Están acusados de direccionar la compra de un terreno para la instalación de la escuela técnica de Basavilbaso.
2 de agosto 2012 · 06:12hs
Se trata de Mario Fariña y Guillermo Calabrese, quienes están procesados de ser autores del presunto delito de Negociación incompatible con la función pública. Al momento de los hechos, Fariña era subdirector de Escuelas Técnicas del Consejo de Educación, mientras que Calabrese se desempeñaba como director de Programación Presupuestaria y Gestión de Recursos.
El debate se iniciará el lunes 13 a las 9 y se extenderá durante tres días. El tribunal de la Sala I de la Cámara del Crimen integrado por Miguel Giorgio, José María Chemez y Hugo Perotti será el encargado de llevar adelante el debate.
La denuncia fue presentada en junio de 2005 por la oficina Anticorrupción provincial. Los puntos planteados como motivos de la investigación judicial fueron la compra presuntamente ilegal, el posible sobreprecio, la vinculación de los exfuncionarios y el vendedor, la violación de la ley de contrataciones del Estado, la intención de beneficiar al vendedor y perjudicar al Estado, el monto del perjuicio y la responsabilidad del exgobernador.
El terreno había sido valuado en 42.500 pesos; sin embargo, el Gobierno pagó 75.000 pesos, mediante un decreto firmado por Montiel.
La primera presentación alcanzó a Fariña y Calabrese y a los particulares Jacobo Matzkin y Mery Pasik, que vendieron parte de su propiedad al Estado. Matzkin y Pasik fueron beneficiados con la probation. Además realizaron una propuesta de reparación.
El trámite de búsqueda de un terreno para el Centro de Educación y Capacitación Agropecuaria de Basavilbaso se inició en 2000. En la nota, autoridades del establecimiento le propusieron al entonces gobernador dos alternativas y lo interesaron por una de ellas. Era un campo de 63 hectáreas, pertenecientes a Sebastián Adamow, que puso como valor del inmueble en 100.000 pesos. El expediente fue girado al CGE y ahí ocurrieron diversas anomalías administrativas. Entre las irregularidades se destacan la compra directa, luego de fracasadas dos licitaciones, que es lo que la ley autoriza; pero entre concurso y concurso las condiciones del pliego variaron, es decir, hubo dos licitaciones distintas que formalmente se las intentó hacer pasar como si fuera la misma, doblemente fracasada y no pudo hallar las publicaciones en los medios escritos con el llamado a licitación, a lo que taxativamente obliga la normativa vigente. Tanto Montiel como el exministro de Gobierno Fermín Garay quedaron desligados de la causa.
Al banquillo
Los exfuncionarios montielistas durante el período comprendido entre el 4 de octubre del 2002 y el 28 de noviembre de 2003, en ejercicio de sus facultades que en virtud de sus funciones revestían, impulsaron y llevaron adelante respectivamente el proceso de negociación tendiente a que el CGE adquiriera un predio de cinco hectáreas ubicadas en el ejido de Basavilbaso con destino al centro educativo Nº 145 de la localidad. Según la escritura pública Nº 425 consta que el gobierno entrerriano adquirió durante la gestión de Montiel un inmueble dos semanas antes de entregarle el mando al gobernador Jorge Busti pagando 15.000 pesos por hectárea cuando su valor real ascendía a 6.500 pesos la hectárea, conforme a lo que se determinó en el estudio realizado por el Consejo de Tasaciones de la Entre Ríos. El perjuicio que se trata de establecer fehacientemente en los estrados judiciales ascendería a 32.500 pesos.